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La idea del Ministerio de Salud de trasladar alrededor de 1,8 millones de usuarios a Nueva EPS, la más grande del país, removió el sector de la salud (aquí puede leer más detalles sobre esa decisión). Ahora, a los reparos, se sumó un nuevo actor: la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).
En una carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, le advierten que esa EPS no está en la capacidad de recibir más afiliados, debido a la difícil situación que enfrenta en este momento.
“La Nueva EPS no tiene la capacidad para responder a sus usuarios actuales y menos aún para recibir a más población y garantizar el equilibrio y estabilidad de la red de las IPS”, señalan en la carta, enviada el 2 de marzo a Jaramillo.
El texto, que está firmado por el director de la asociación, Juan Carlos Giraldo, le recuerda al ministro de Salud que Nueva EPS es una de las que más plata les debe a las clínicas y a los hospitales.
Según el estudio de cartera de la ACHC, con corte a junio de 2025, en un reporte de 227 prestadores, “del total de cartera de las EPS en operación que asciende a COP $16 billones, esta EPS acumula una deuda de COP $6.7 billones en ambos regímenes, que representa el 43,1% del total de esa deuda y una morosidad del 60,9%”, escribe Girado en la misiva.
Además, añade otro par de datos. Por un lado, indica, es una “entidad con medida de intervención para administrar”. Por otro, dice, “no se conocen sus estados financieros recientes”. Tampoco se sabe cuál es su régimen de inversión de las reservas técnicas.
Lo que le piden al ministro de Salud es que antes de tomar la decisión de trasladar a los 1,8 millones de usuarios, se debe sanear la deuda y hacer varias capitalizaciones que permitan que Nueva EPS se acerque al “cumplimiento de los indicadores de permanencia”.
La Nueva EPS, agregan, debe “ajustar el número de usuarios actuales conforme a su real capacidad financiera, operacional y técnica”.
La Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales es clara respecto a lo que puede suceder si se concreta el objetivo del Gobierno: “la adopción de medidas de traslado de usuarios podría empeorar las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales y deterioro a aquellos que tienen algún grado de estabilidad en este momento”.
Así mismo, les preocupa que no se respete la libertad que deben tener los colombianos al momento de elegir en qué EPS quieren estar.
“Los prestadores de servicios de salud (como clínicas y hospitales) hemos hecho ingentes esfuerzos por mantener la operación, por atender a los usuarios, pero planteamientos como los que se hacen en el decreto 182 no ofrecen solución a la problemática actual y por el contrario, alertan sobre mayores dificultades”, señala Juan Carlos Giraldo en la carta, que agrega un detalle no menor del sistema de salud: “en las condiciones actuales con 28 EPS habilitadas, 8 bajo medida de intervención para administrar, 2 en vigilancia especial y 18 que aun cuando no tienen medidas especiales - con corte a junio de 2025 -, solo dos de ellas cumplen con los indicadores de permanencia y representan menos del 1% de la población afiliada”.
Esta es la carta completa:
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