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El sistema de salud colombiano llega a 2026 debilitado y en modo supervivencia. Las noticias lo muestran a diario, la discusión gira alrededor de la reforma, los recursos financieros y la corrupción, dejando en segundo plano lo esencial: el estado de salud de los colombianos y la capacidad real del sistema para atenderlos oportunamente. Esta desconexión es peligrosa, porque mientras se debate el diseño del sistema, la enfermedad no espera.
La UPC es hoy insuficiente y técnicamente cuestionable para cubrir el costo real de la atención. Sus efectos son visibles: cierre de servicios, deudas crecientes entre EPS y prestadores, mayores tiempos de espera, interrupciones de tratamientos y, sobre todo, una pérdida progresiva de confianza entre los actores del sistema.
La confianza es esencial en salud, porque el sistema opera bajo un acuerdo implícito: los servicios se prestan primero, se revisa esta prestación y luego se paga. Cuando este pago se retrasa, cuando la respuesta reiterada es “no hay recursos” o cuando las órdenes de la Corte se incumplen, o las reglas de operación cambian, la confianza se erosiona, y con ella la capacidad del sistema para operar de manera coordinada.
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En paralelo, en medio de esta crisis, el Gobierno anuncia inversiones en infraestructura hospitalaria, necesarias, sin duda, pero sin garantizar personal suficiente, medicamentos disponibles ni equipos intermitentes para la operación. Se promueve un modelo de prestación basado en equipos básicos, que seguramente cumplen un rol importante de identificación, pero que no reemplazan la atención especializada. Confundirlos es un error que termina trasladando expectativas irreales a los territorios.
El resultado es que la presión recae sobre médicos, enfermeras y equipos administrativos, quienes están sorteando la crisis en frente de los pacientes. ¿Qué tanto está en riesgo la calidad de la atención? ¿La salud de los pacientes o el bienestar laboral de quien trabaja en salud?
Pensar en 2026 exige, entonces, cambiar el foco. El primer reto es garantizar que el sistema pueda operar. Se necesita un plan de choque que atienda las atenciones represadas, acumuladas desde la pandemia y agravadas por la crisis actual. Recuperar la liquidez es una condición mínima para restablecer la confianza y evitar un deterioro mayor.
Hay que volver a lo esencial: los pacientes. El aumento de quejas y tutelas no es solo una cifra, ya que detrás de cada una hay una persona cuya salud y calidad de vida se deterioran. Por tanto, la focalización individual de pacientes crónicos, oncológicos y de alto costo, y el uso efectivo de instrumentos como la CAC, la información de la Defensoría del Pueblo, los registros de las asociaciones de pacientes y los datos de las secretarías de Salud deben ser prioridades operativas urgentes.
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El segundo reto es revisar de manera técnica y transparente el cálculo de la UPC. Colombia está envejeciendo, la demanda por atención especializada y cuidados de largo plazo aumentará y las diferencias regionales en salud se están profundizando, especialmente en territorios afectados por violencia y debilidad institucional. Seguir ignorando esta realidad es condenar al sistema a crisis recurrentes. Las mesas de UPC convocadas por el Gobierno no han llegado a consensos. La academia ha planteado dudas metodológicas sin recibir respuestas. En 2026 se deben retomar estas discusiones técnicas, lo cual exige recuperar la capacidad analítica del Ministerio de Salud y retomar espacios de deliberación basados en evidencia, no en posiciones políticas. Sin tecnicismo sólido, no hay decisiones legítimas.
Pensar en la UPC también obliga a formular una pregunta de fondo que como país hemos evitado responder: ¿cuál debe ser el alcance real del seguro de salud y de los beneficios que estamos dispuestos a financiar colectivamente? Durante años ampliamos coberturas y servicios con la idea, bien intencionada, de que donde comen dos, comen tres. Pero en salud esa lógica no funciona. La atención tiene límites técnicos y financieros, y cuando se ignoran el resultado no es más bienestar, sino desfinanciación y racionamiento implícito. Esta es una discusión que indirectamente el Gobierno ha puesto sobre la mesa y en los que radica buena parte de los problemas de sostenibilidad. En 2026 habría que abordarla.
Y en contexto de recursos limitados, es indispensable fortalecer la regulación basada en valor y la evaluación de tecnologías en salud, así como recuperar la función de agencia del sistema. Las EPS con gobiernos corporativos sólidos han mostrado mejores resultados, y promover aprendizajes y sinergias entre aseguradores es una opción que crea valor en el sistema, como lo hemos visto en los prestadores.
Otro reto clave es la salud pública, desfinanciada y con esquemas de contratación fragmentados, hoy tiene una capacidad de respuesta limitada a los problemas de salud en los territorios. Esto debilita la prevención y la vigilancia justo cuando más se necesitan. Una mirada descentralizada y territorial permitiría fortalecer sistemas de salud locales con capacidad real de análisis de las necesidades territoriales. Esto debe estar enmarcado en una gobernanza clara, técnicamente respaldada y viable presupuestalmente, para no trasladar responsabilidades sin recursos.
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La atención en salud no puede seguir marcada por la improvisación y la incertidumbre. La confianza del sistema, ese activo invisible, es hoy su mayor fragilidad. Si en 2026 no se orienta a estabilizar y hacer operar el sistema, estamos en riesgo de perder el seguro de salud que durante 30 años habíamos estado construyendo.
*Victoria Soto es economista con maestría en economía y especialización en economía social (Universidad de los Andes) y PhD en ciencias de la salud pública (Université Catholique de Louvain). Dirige Proesa, el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad Icesi, en el Valle del Cauca.
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Por Victoria Soto*
