Las deudas de la vacunación contra el covid-19 en poblaciones afro e indígena

Aunque ya no sea noticia de todos los días, la pandemia de covid-19 no ha acabado. Ese es el mensaje que viene repitiendo insistentemente la Organización Mundial de la Salud desde mediados de 2022, cuando la mayoría de las medidas especiales que los países adoptaron para enfrentar el virus, eran cosa del pasado. Si bien ya no al ritmo inicial, las personas se siguen contagiando y se siguen muriendo. Lo que no parece estar avanzando al mismo ritmo, sin embargo, es la vacunación.

Se trata de una dificultad que ha reconocido el Ministerio de Salud. El pasado 26 de agosto, por ejemplo, la ministra Carolina Corcho señaló que hay rezago de vacunación en 419 municipios y el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, agregó que el ritmo de vacunación era “insuficiente” según las coberturas planteadas. Colombia tenía hacia finales de julio una cobertura promedio nacional del 56,29% para el esquema completo de vacunación. Sin embargo, ese promedio puede no ser suficiente para describir la situación en algunas zonas del país.

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“El reporte por departamentos refleja importantes diferencias para las regiones periféricas del país, en donde un año y medio después de la implementación del Plan Nacional de Vacunación y el establecimiento de dosis de refuerzo, departamentos como Cauca, Guainía, Chocó, La Guajira, Vaupés y Vichada, según Minsalud (2022) aún no superan el 40% de cobertura en esquemas completos para su población”, señala un nuevo informe presentado este jueves que busca, precisamente, retratar la gran desigualdad que ha acompañado la vacunación contra el covid-19.

El documento se llama “Estudio de caso sobre la accesibilidad de las vacunas para la COVID-19: en poblaciones en situación de vulnerabilidad” y fue elaborado por Oxfam Colombia en conjunto con Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de La Universidad Nacional. Entre los hallazgos más destacados que encontraron los investigadores se encuentra, por ejemplo, que las zonas más rezagadas actualmente en vacunaciones son sectores en donde habitan un número importante de población indígena y afrodescendiente colombiana.

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El estudio visibiliza situaciones como la de Vigía del Fuerte, un municipio localizado en la zona de Urabá en el departamento de Antioquia, cuya población (de menos de diez mil personas) es un 70% afro y 11% indígena. Allí la cobertura de esquema completo es del 39% y de primer refuerzo es de 12%. O como la de Turbo, también en Antioquia, con una población 55% afro y una cobertura de esquema completo de 41% y de primer refuerzo de 8%. Panoramas como el de Leticia (Amazonas) o Ipiales (Nariño), por otra parte, revelan información sobre el desempeño del plan de vacunación en sus refuerzos a la hora de aplicar refuerzos. En la capital de Amazonas, por ejemplo, la cobertura de esquema completo es del 90%, pero la del primer refuerzo apenas alcanza el 33%.

“Nosotros estamos en un proceso de refuerzo de vacunación de covid-19 que puede tener tensiones incluso científicas y de evidencia: algunas personas dicen que no se van a poner tres vacunas, que eso es una exageración. Hay un hartazgo. Es cierto que Colombia no tiene un movimiento antivacunas tan fuerte como Estados Unidos o Europa, pero nos llama mucho la atención que, para el primer refuerzo, una orientación global, Leticia bajara tanto su cobertura. Y así con municipios como Buenaventura, Turbo o Ipiales. Este hartazgo pudiera reflejar esas tensiones que hay ciencia, religión, creencias y problemas de infraestructura del servicio de salud para mantener la atención”, explica Claudia Vaca, de Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder.

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Algunos de esos obstáculos y tensiones se resumen, por ejemplo, en una falta de reconocimiento del Estado a la cosmovisión de las comunidades afro e indígenas y a la desconfianza que eso generó. “En muchas de estas zonas sintieron que el Estado no estaba en términos sanitarios, y cuando llegaba lo hacía para determinar que ellos no podían acompañar a sus seres queridos en la muerte, algo que por ejemplo es muy importante para poblaciones como la afro”, señala Vaca. Esa desconfianza se traduce también, agrega, en que la información de las vacunas y en general del plan no se tradujo en lenguas indígenas y llegó casi siempre de la mano de la “obligatoriedad”.

Por otra parte, y aunque la estrategia de vacunación de Covid-19 fue declarada de interés público y se reconoció la necesidad de un proceso transparente, el informe destaca que en Colombia los contratos y otros documentos que sustententaron las negociaciones de adquisición de las vacunas no se divulgaron. Incluso, se afirma que el Instituto Anticorrupción (IIEA) solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revelar la información relacionada con el proceso de contratación entre el Gobierno y las farmacéuticas, pero esta solicitud fue negada.

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Para finalizar, Oxfam Colombia hace un llamado al Gobierno Nacional para que reconozca las principales brechas en la inmunización a esta población y tome medidas en favor de quienes pueden verse mayormente afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales intensificadas por la crisis sanitaria vivida y a otras crisis potenciales. Los resultados del estudio fueron presentados en una rueda de prensa a la que asistieron representantes del Ministerio de Salud.

Aunque ya no sea noticia de todos los días, la pandemia de covid-19 no ha acabado. Ese es el mensaje que viene repitiendo insistentemente la Organización Mundial de la Salud desde mediados de 2022, cuando la mayoría de las medidas especiales que los países adoptaron para enfrentar el virus, eran cosa del pasado. Si bien ya no al ritmo inicial, las personas se siguen contagiando y se siguen muriendo. Lo que no parece estar avanzando al mismo ritmo, sin embargo, es la vacunación.

Se trata de una dificultad que ha reconocido el Ministerio de Salud. El pasado 26 de agosto, por ejemplo, la ministra Carolina Corcho señaló que hay rezago de vacunación en 419 municipios y el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, agregó que el ritmo de vacunación era “insuficiente” según las coberturas planteadas. Colombia tenía hacia finales de julio una cobertura promedio nacional del 56,29% para el esquema completo de vacunación. Sin embargo, ese promedio puede no ser suficiente para describir la situación en algunas zonas del país.

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“El reporte por departamentos refleja importantes diferencias para las regiones periféricas del país, en donde un año y medio después de la implementación del Plan Nacional de Vacunación y el establecimiento de dosis de refuerzo, departamentos como Cauca, Guainía, Chocó, La Guajira, Vaupés y Vichada, según Minsalud (2022) aún no superan el 40% de cobertura en esquemas completos para su población”, señala un nuevo informe presentado este jueves que busca, precisamente, retratar la gran desigualdad que ha acompañado la vacunación contra el covid-19.

El documento se llama “Estudio de caso sobre la accesibilidad de las vacunas para la COVID-19: en poblaciones en situación de vulnerabilidad” y fue elaborado por Oxfam Colombia en conjunto con Médicos del Mundo Francia y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de La Universidad Nacional. Entre los hallazgos más destacados que encontraron los investigadores se encuentra, por ejemplo, que las zonas más rezagadas actualmente en vacunaciones son sectores en donde habitan un número importante de población indígena y afrodescendiente colombiana.

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“Nosotros estamos en un proceso de refuerzo de vacunación de covid-19 que puede tener tensiones incluso científicas y de evidencia: algunas personas dicen que no se van a poner tres vacunas, que eso es una exageración. Hay un hartazgo. Es cierto que Colombia no tiene un movimiento antivacunas tan fuerte como Estados Unidos o Europa, pero nos llama mucho la atención que, para el primer refuerzo, una orientación global, Leticia bajara tanto su cobertura. Y así con municipios como Buenaventura, Turbo o Ipiales. Este hartazgo pudiera reflejar esas tensiones que hay ciencia, religión, creencias y problemas de infraestructura del servicio de salud para mantener la atención”, explica Claudia Vaca, de Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder.

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Algunos de esos obstáculos y tensiones se resumen, por ejemplo, en una falta de reconocimiento del Estado a la cosmovisión de las comunidades afro e indígenas y a la desconfianza que eso generó. “En muchas de estas zonas sintieron que el Estado no estaba en términos sanitarios, y cuando llegaba lo hacía para determinar que ellos no podían acompañar a sus seres queridos en la muerte, algo que por ejemplo es muy importante para poblaciones como la afro”, señala Vaca. Esa desconfianza se traduce también, agrega, en que la información de las vacunas y en general del plan no se tradujo en lenguas indígenas y llegó casi siempre de la mano de la “obligatoriedad”.

Por otra parte, y aunque la estrategia de vacunación de Covid-19 fue declarada de interés público y se reconoció la necesidad de un proceso transparente, el informe destaca que en Colombia los contratos y otros documentos que sustententaron las negociaciones de adquisición de las vacunas no se divulgaron. Incluso, se afirma que el Instituto Anticorrupción (IIEA) solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) revelar la información relacionada con el proceso de contratación entre el Gobierno y las farmacéuticas, pero esta solicitud fue negada.

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