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El presidente de Colombia, Gustavo Petro se refirió en las últimas horas a la situación de Nueva EPS, la más grande del país y con serias inconsistencias financieras y administrativas, y aprovechó para enviar un mensaje a los senadores de la Comisión Séptima, donde la reforma a la salud sigue pendiente de iniciar su tercer debate.
“Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo. ¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables ya están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?” se preguntó Petro. Aunque no quiso referirse a nombres respecto a esos supuestos senadores involucrados.
Durante la última semana, la Comisión adelantó un debate de control político con la presencia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En la discusión, los congresistas —que ya hundieron en esta misma instancia la reforma a la salud en 2024— reiteraron sus dudas sobre la viabilidad financiera del proyecto del Gobierno.
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Hay que recordar que el pasado que el pasado 20 de agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda presentó un nuevo análisis fiscal para el proyecto. De acuerdo con ese documento, los gastos del sistema de salud bajo el modelo que busca implementar el gobierno alcanzarían los $180.4 billones para 2036. La financiación del sistema pasaría del 5,88 %, que se tiene contemplado para 2026, a 7,28 %, en 2036.
El uso que más dinero requeriría en ese modelo es el de ‘Mediana y alta complejidad’, que para 2036 se estima en $112 billones, aunque no se entregan más detalles. El segundo rubro que más gasto generaría es el de la atención primaria en salud, uno de los pilares del proyecto de reforma. Frente a este gasto, el concepto señala que incluyen la implementación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y los Equipos de Salud Territorial, así como el dinero necesario para el personal de planta, el personal administrativo, inversión para adquirir bienes y servicios, entre otros.
Los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, sin embargo, aún tienen dudas. “Los números no cuadran: el aval fiscal habla de $44 billones desde aportes nacionales, pero el presupuesto 2026 promete $48,4 billones (sin contar el SOAT). Una diferencia de $4,4 billones que nadie explica.¿A cuál cifra debemos creerle? Con tanta contradicción es imposible ver sostenibilidad fiscal en esta reforma", ha señalado, por ejemplo, Norma Hurtado, senadora del partido de la U e integrante de esta comisión.
Hurtado también se ha referido a los llamados del presidente y del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la discusión del proyecto. “Ministro, estudiaremos la reforma a la salud con el rigor técnico y legislativo que el país merece. Los tiempos del trámite son del Congreso, no del Gobierno. Basta recordar que la primera versión en la Cámara tomó 9 meses y 21 días.Pero nada de eso oculta lo esencial: su Gobierno, a través de la Supersalud intervino EPS prometiendo soluciones y terminó agravando la crisis. Hoy la red hospitalaria está al límite, los profesionales de la salud trabajan sin garantías y los pacientes siguen esperando atenciones y medicamentos. Y lo más grave: la reforma que defienden no contiene un solo artículo que resuelva la crisis inmediata del sistema de salud”, escribió.
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Precisamente, frente a esa crisis de la salud, el presidente Petro señaló en la noche del viernes que, en su perspectiva, una cosa es la situación de las EPS y de lo que él ha llamado “los empresarios de la salud”, y otra muy distinta es el estado del sistema, que —según sus cifra— ha mostrado mejoras en indicadores como la mortalidad materna e infantil. Y en ese mismo sentido, volvió a enviar un mensaje a los senadores: “Señores del Senado, Comisión Séptima, por favor, esto no va más. (...) Si sigue el sistema de las EPS, condenan a la nación al fracaso. Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”.
Aunque el presidente y su Gobierno insisten en que los recursos destinados al sistema de salud han sido suficientes y que la actual crisis no está relacionada con su financiación, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado lo contrario. En una decisión de comienzos de este año, el alto tribunal declaró el incumplimiento general en la suficiencia del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, el monto que el Estado asigna anualmente a cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
La Corte concluyó que el Ministerio de Salud “no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables” y declaró insuficiente la UPC para 2024. Como consecuencia, ordenó instalar una mesa técnica para recalcular la cifra y revisar la de otros años. Sin embargo, pese a que dichas mesas ya terminaron, el Ministerio aún no ha dado a conocer una decisión.
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