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El sistema de salud fue uno de los sectores que recibió con mayor expectativa la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia. Durante la campaña, el hoy mandatario prometió destinar COP 10 billones para atender sus problemas financieros en los primeros 90 días de gobierno, implementar un llamado “plan de choque” para resolver las miles de solicitudes de medicamentos y procedimientos pendientes, estabilizar el manejo de las EPS intervenidas por el Estado y recuperar la confianza de los distintos actores del sector. Ana María Vesga fue una de las últimas ministras anunciadas por De la Espriella para su Gobierno y recibió la responsabilidad de llevar adelante esa agenda.
Cien días después, el balance tiene varios matices. Los COP 10 billones prometidos durante la campaña nunca llegaron y el plan de choque anunciado por el Gobierno, que contempla créditos por COP 500.000 millones a las EPS, apenas ha comenzado a mostrar resultados parciales. La situación de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, sigue siendo incierta, pues lleva semanas sin un interventor titular en propiedad.
A esto se suman las dificultades en la entrega de medicamentos que siguen viviendo miles de pacientes en Colombia, como las que han enfrentado los afiliados de Sanitas, tras el cambio de gestor farmacéutico a Colsubsidio, que en las últimas semanas provocó filas, demoras de hasta seis horas y medidas de intervención de la Superintendencia de Salud.
También ha habido movimientos en el propio Gobierno. El Ministerio de Salud ha realizado nombramientos en cargos estratégicos que han tenido una recepción favorable en distintos sectores, pero la estabilidad del equipo todavía plantea algunas preguntas. Uno de los casos más llamativos fue el de Iván Sánchez, quien había sido el principal referente de salud de la campaña de De la Espriella y llegó a la dirección de la ADRES (el “banco de la salud”), pero fue declarado insubsistente después de poco más de dos meses en el cargo. Su salida, cuyos motivos no han sido explicados oficialmente, dejó a la entidad responsable de administrar los recursos del sistema bajo una dirección encargada.
Este es el balance en salud de De la Espriella a cien días de asumir su gobierno.
Plan de choque: sin los COP 10 billones
Una de las principales apuestas de De la Espriella para el sector salud era inyectar COP 10 billones al sistema de salud durante sus primeros 90 días de gobierno. Sin embargo, esa promesa no se concretó. En las primeras reuniones con los actores del sector, la ministra Ana María Vesga reconoció que esos recursos no estaban disponibles y que, por las condiciones fiscales del país, difícilmente llegarían durante lo que restaba del año.
Esto es importante porque, según cálculos de Sectorial, una firma de análisis financiero, el sistema de salud enfrenta un déficit de alrededor de COP 16 billones para 2027.
La principal medida financiera que logró concretar el Gobierno fue una línea de crédito directo por COP 500.000 millones, equivalente al 5 % de lo prometido inicialmente. La herramienta, reglamentada mediante la Resolución 2445 del 22 de octubre, busca aliviar las deudas de las EPS con hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos por medicamentos y procedimientos pendientes de pago. El mecanismo funciona a través de la ADRES, que girará directamente los recursos a las IPS y proveedores acreedores, sin que el dinero pase por las cuentas de las EPS.
Los préstamos tendrán una tasa del 0 % más el IPC, un período de gracia de hasta 12 meses y un plazo adicional de hasta 12 meses para su amortización. Es decir, no se trata de recursos que el Estado inyectará de manera definitiva al sistema, sino de créditos que las aseguradoras deberán devolver. Desde que la medida fue anunciada y reglamentada, no se conocen mayores detalles sobre su implementación, como los montos que se han desembolsado, las EPS que han accedido a esta línea o cuánto de ese dinero ha llegado efectivamente a hospitales, clínicas y proveedores.
El Gobierno, sin embargo, sí puso en marcha el plan de choque y publicó un tablero de seguimiento con el que reporta avances en la atención de los pacientes que tenían medicamentos y procedimientos pendientes. Según el último balance divulgado con corte al 3 de noviembre, 306.207 pacientes registraban avances en la entrega de sus medicamentos, lo que representa un 52,48 % de los pendientes identificados.
En procedimientos médicos, la cartera reportó 1.220.285 registros resueltos, equivalentes al 28,26 %. El Ministerio informó que el acumulado de unidades de medicamentos entregadas pasó de 14,4 millones a 15,2 millones entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre.
Estas cifras, que corresponden al balance presentado por el propio Ministerio de Salud, muestran avances en la gestión de los casos priorizados, pero no permiten establecer por sí solas si todos los pacientes recibieron efectivamente sus medicamentos y procedimientos, ni si se ha garantizado la continuidad de sus tratamientos. También es importante tener en cuenta que el plan de choque se concentra en los casos identificados hasta el 20 de septiembre y no incluye las nuevas solicitudes de atención que siguen a cargo de las EPS.
Las EPS intervenidas: Nueva EPS sigue en la incertidumbre
Durante los primeros meses del gobierno de Abelardo de la Espriella, la Superintendencia Nacional de Salud realizó cambios en la dirección de varias EPS intervenidas, entre ellas Nueva EPS, Famisanar y Coosalud. Los relevos forman parte de la revisión que el Gobierno anunció sobre las intervenciones heredadas de la administración anterior. Hay que recordar que las EPS bajo intervención estatal concentran cerca de 29,7 millones de personas.
Sobre las intervenciones, la expectativa era que el cambio de gobierno trajera modificaciones rápidas en entidades que llevan años bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud. Sin embargo, para uno de los dirigentes del sector prestador consultados, esa expectativa todavía no se refleja en decisiones sobre esas EPS. “Yo tengo mucha fe en la nueva superintendente, que conoce muy bien el funcionamiento de todo esto. Yo sé que va a maniobrar, pero la tiene muy difícil porque son estructuras gigantescas (…) y eso no está teniendo ningún cambio”, señala. Su inquietud también está relacionada con el discurso que ha escuchado de algunos de los nuevos responsables de las intervenciones en escenarios públicos. “Uno los escucha y la sensación es que aquí no pasó nada, aquí no hubo un cambio de gobierno y seguimos en la misma lógica”, nos decía.
En Nueva EPS, la EPS más grande del sector, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, dio paso a Roberto José Solano Navarra, quien asumió como interventor el 18 de agosto de 2026. Sin embargo, Solano duró poco en el cargo. El 26 de octubre, la Supersalud anunció la designación de Mariam Carrillo como interventora suplente, debido a una incapacidad médica del titular. Un día después se conoció que Solano había presentado su renuncia y que dejaría definitivamente el cargo. Solano estuvo 62 días al frente de Nueva EPS. Esto significa que, en los primeros meses de Gobierno, la entidad tuvo dos cambios en su dirección, en medio de una situación financiera que sigue siendo especialmente compleja. Hoy, Nueva EPS sigue sin interventor en propiedad.
Además, algunas declaraciones del presidente han dejado abierta la posibilidad de liquidar EPS que no demuestren viabilidad financiera y capacidad para garantizar la atención de sus afiliados. Esta es una posibilidad que históricamente no le ha gustado mucho al sector prestador por las deudas pendientes que dejan las liquidaciones. El 4 de septiembre, durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox, De la Espriella aseguró que las entidades que cumplan esas condiciones tendrán la posibilidad de recuperarse, mientras que las que no lo hagan “deberán ser liquidadas de manera ordenada”.
El mandatario volvió a reiterar esa posición el 27 de octubre, cuando señaló que las EPS que tengan problemas corregibles deberán presentar planes de recuperación y que aquellas que sean inviables o no puedan garantizar la atención podrán ser intervenidas, reorganizadas o sustituidas.
El equipo nombrado en salud ha sido celebrado por el sector
Uno de los aspectos que ha generado comentarios favorables sobre la gestión de Ana María Vesga ha sido la conformación de su equipo de trabajo. La ministra ha buscado rodearse de perfiles con experiencia técnica y trayectoria en el sector, tanto en el Ministerio como en las entidades encargadas de la vigilancia, la regulación y la salud pública.
En los viceministerios nombró a Marcela Brun Vergara, economista que asumió la cartera de Protección Social, y a Gloria Prado, médica con una maestría en Salud Global de la Universidad de Harvard, quien llegó al Viceministerio de Salud Pública y Atención Primaria a finales de octubre, después de casi tres meses de encargos. Las dos son conocedoras del sector y generaron muy buenas opiniones. “Difícil encontrar a alguien tan apasionada y comprometida con la equidad en salud en nuestro país como Gloria. Además de exsecretaria de salud del Chocó y la primera afrolatina graduada de la Maestría de Salud Global de Harvard, una persona maravillosa. ¡Qué orgullo!”, dijo, en X, Johnattan García-Ruiz, investigador y consultor en asuntos de salud global.
En la Superintendencia Nacional de Salud designó a María Andrea Godoy, abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Administración en Salud. Godoy fue viceministra de Protección Social durante el gobierno de Iván Duque, entre 2020 y 2022, y antes había trabajado en la propia Supersalud, donde dirigió la Oficina Asesora Jurídica. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector asegurador: fue secretaria general y jurídica de Famisanar durante siete años y ocupó cargos gerenciales en Sanitas y Colsanitas.
Al Instituto Nacional de Salud llegó la epidemióloga Zulma Cucunubá, una de las investigadoras y académicas colombianas más reconocidas y respetadas por su trabajo en epidemiología de enfermedades infecciosas. Y el Invima quedó en manos de Sindy Pahola Pulgarín, bacterióloga con experiencia previa en esa entidad y en investigación clínica. Son nombramientos que han tenido una recepción favorable entre distintos sectores académicos, científicos y de la salud, que ven en varios de estos perfiles experiencia y conocimiento técnico para enfrentar algunos de los problemas más complejos del sistema.
El punto gris de este panorama es la ADRES. La entidad, una de las más importantes del sector, tiene a su cargo la administración de los recursos financieros con los que se paga la atención en salud y el flujo de dinero hacia los distintos actores del sistema. Allí, la ministra Vesga nombró a Iván Sánchez, quien había sido uno de los principales referentes de salud de la campaña de De la Espriella y participó en el proceso de empalme del Gobierno.
Sin embargo, apenas dos meses después de su llegada, el 5 de noviembre, Sánchez fue declarado insubsistente. Su salida coincidió con un pronunciamiento del presidente De la Espriella sobre Mario Urán, un lobista del sector salud, a quien el mandatario señaló públicamente y sobre quien ordenó a los interventores de las EPS no tener ningún tipo de interlocución. Luis Gabriel Fernández es hoy el director encargado de la Adres.
Los hallazgos que ha denunciado Minsalud de la anterior administración
Durante los primeros 100 días de Gobierno también se han conocido varias denuncias sobre posibles irregularidades fiscales, presupuestales y administrativas que la ministra Vesga asegura haber encontrado al recibir la cartera. Desde septiembre, el Ministerio anunció una revisión de los compromisos y contratos heredados de la administración anterior y trasladó algunos de sus hallazgos a los organismos de control.
En su primer balance, Vesga señaló que, para agosto de 2026, el rubro principal de las asignaciones presupuestales del Ministerio tenía una apropiación de COP 4,4 billones. De ese monto, COP 4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas COP 1,3 billones se habían convertido en obligaciones y pagos.
También informó que, de 176 proyectos revisados, por más de COP 490.000 millones, 108 —por COP 365.604 millones— seguían sin registro presupuestal. Cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura.
Uno de los casos más recientes tiene que ver con la asignación de recursos para hospitales públicos. El 27 de octubre, la ministra informó que había puesto en conocimiento de la Fiscalía posibles irregularidades en cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026. Según explicó, estas contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por COP 33.635 millones, frente a un saldo disponible de apenas COP 1.129 millones en el certificado correspondiente. El Ministerio señaló que la diferencia, de COP 32.505 millones, debía ser investigada para establecer cómo se aprobaron las decisiones y qué controles se hicieron antes de expedirlas. La denuncia fue acompañada de las resoluciones, el certificado presupuestal y un informe técnico del 25 de septiembre.
Otro de los hallazgos está relacionado con un contrato de logística firmado el 28 de abril de 2026, durante la administración anterior, por COP 1.750 millones para organizar eventos del Ministerio hasta diciembre. Según Vesga, en menos de dos meses se habría comprometido la totalidad del presupuesto inicial y se adicionaron otros COP 490 millones, con lo que el contrato llegó a COP 2.240 millones. La ministra también señaló que, al 7 de agosto, había cuentas pendientes de pago por COP 1.798 millones que contaban con el visto bueno de la supervisión, pero para las cuales no encontraron soportes suficientes que acreditaran el cumplimiento de todas las condiciones contractuales. El Ministerio anunció el traslado de estos hallazgos a las autoridades y los relacionó con otras denuncias sobre contratos suscritos entre 2023 y 2026, cuyo valor acumulado ascendería a COP 20.200 millones.
En septiembre, además, Vesga presentó ante la Fiscalía una denuncia por una grabación que, según explicó, encontró durante la revisión de la gestión recibida. En el audio se escucharía una conversación en la que se habla de supuestos porcentajes y pagos asociados a la asignación de recursos del Ministerio. La ministra aseguró que en la grabación se mencionaba su nombre y el de su equipo, y negó haber solicitado, autorizado o recibido dinero. Entregó el material a la Fiscalía para que determine su autenticidad.
La apuesta por la salud en la ley de ajuste fiscal
En su ley de ajuste fiscal, el Gobierno incluyó varias medidas con las que busca aumentar los recursos destinados al sistema de salud.
Entre las propuestas, el Gobierno propone elevar progresivamente las cotizaciones de los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos, reducir las exoneraciones de los aportes que hacen los empleadores a salud, Sena e ICBF y trasladar a la ADRES uno de los cuatro puntos porcentuales que actualmente aportan las empresas a las cajas de compensación. La iniciativa también contempla cambios en los llamados impuestos saludables: aumentaría los gravámenes al tabaco, los vapeadores y las bebidas alcohólicas, y ampliaría el impuesto a las bebidas azucaradas para incluir productos endulzados exclusivamente con edulcorantes.
Sin embargo, el recaudo adicional que se lograría no significa necesariamente que el sistema vaya a contar con más dinero. Alejandro Escobar, de la firma Sectorial, estima que los cambios en cotizaciones e impuestos podrían representar unos COP 14 billones. Pero una parte de esos recursos reemplazaría transferencias que hoy hace la Nación para financiar el aseguramiento. Además, no todo el recaudo de los impuestos al alcohol iría directamente a la ADRES. El proyecto propone eliminar la destinación específica de 4,4 puntos del impuesto de renta de las empresas que actualmente financian la salud.
La propuesta, que aún debe ser discutida por el Congreso, también plantea interrogantes sobre sus efectos en el ingreso de los trabajadores y los costos de la contratación formal.
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Nerhy(22027)•13 de noviembre de 2026 – 19:55Si a habido cambios, una cantidad innumerable de nombramientos hay gerentes hasta para sacar la basura a la calle, y lo más llamativo, ya no hay que preocuparse por ir al médico, las citas para las pruebas médicas las dan a 6 meses y las citas a 1 año.
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Felipe(dw15k)•13 de noviembre de 2026 – 19:02Debería aparecer en este espacio la opinión de los usuarios del sistema de salud a 3 meses del nuevo gobierno. Se escucha hablar de crisis, falta de atención y poco suministro de medicamentos.
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Lalo(70277)•13 de noviembre de 2026 – 18:44Todo es basura. A quién pretenden engañar. Vesga tiene un inocultable conflicto de intereses. Defendió a las EPS a sabiendas de que sus deudas se debían a sus malos manejos, a la desviación de los billonarios recursos que les transferían y a su corrupción rampante. Lo peor de todo fue haberlas habilitado como intermediarias privadas para que manejaran recursos públicos. Tanta plata en sus manos las corrompió. Y ahora sus defensores y coautores del desastre desaparecen por arte de magia.
