El Ministerio de Salud anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General, con copia a la Procuraduría y a la Contraloría, “por presuntas irregularidades en la administración de los recursos y en la prestación de los servicios de salud dirigidos a la población privada de la libertad en Colombia”. La cartera liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo señala que identificó acciones adelantadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la Fiduprevisora que no habrían sido sometidas a consideración ni aprobadas por el Consejo que debe autorizarlas.
Antes de continuar, es importante explicar que el Fondo Nacional de Salud existe con el fin de garantizar los recursos necesarios para la atención de las personas privadas de la libertad. Como miembro del consejo que dirige ese fondo, Minsalud dice que evidenció que la población intramural (aproximadamente 104 mil personas) “no está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud y están siendo atendidos directamente por operadores contratados”.
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Sin embargo, cerca de 48 mil personas en prisión domiciliaria sí están afiliadas al régimen subsidiado y reciben atención a través de las EPS, “lo que evidencia un tratamiento diferenciado, cuya legalidad la cartera solicita ser investigada”.
Entre las presuntas irregularidades identificadas se encuentran, según Minsalud, la aprobación del presupuesto 2026 sin revisión del Consejo Directivo. Según la denuncia, el consejo del Fondo Nacional de Salud conoció el anteproyecto cuando el Presupuesto General de la Nación ya había sido aprobado, pese a que debía ser socializado para su aval en marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Ley 1709. Además, se habría incluido un déficit superior a $70.000 millones imputado a la ADRES “sin el respectivo análisis técnico ni aval del Consejo”.
El Ministerio también señala la desafiliación de personas privadas de la libertad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pese a que la normativa vigente exige garantizar su aseguramiento. A esto se suman pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada, lo que, según la denuncia, comprometería la confiabilidad financiera del Fondo. Pese a recomendaciones emitidas por la Contaduría General de la Nación en octubre de 2025, estas no habrían sido atendidas. Asimismo, la ADRES reportó valores pendientes de giro por más de COP 52.000 millones correspondientes a población en prisión domiciliaria.
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En materia contractual, advierte que existen contratos fiduciarios sin liquidar. Entre ellos, el Contrato 145 de 2019, que habría generado una pérdida de COP 81.000 millones “sin que se registrara formalmente como déficit ni se adelantara su cobro”.
También se indicó que el Contrato 059 de 2023 no ha sido liquidado dentro del término legal. Otra de las observaciones apunta a la contratación de una empresa consultora por COP 400 millones, por un término de dos meses, para evaluar el modelo de atención en salud de la población privada de la libertad en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023 de la Corte Constitucional. Según Minsalud, la firma no tendría idoneidad técnica evidente y el informe entregado “no cumplió el objeto contractual”, por lo que se solicitó la declaración de incumplimiento.
Finalmente, se señala la omisión en la implementación de un nuevo modelo de atención en salud para esta población, pese a que en julio de 2025 el Consejo Directivo del Fondo ordenó reformular el esquema y avanzar en la afiliación al régimen subsidiado, además de disponer que una EPS con cobertura nacional asumiera la operación. También se menciona la omisión de denuncias ante autoridades por las presuntas irregularidades discutidas en el Consejo.
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