El Ministerio de Salud tiene lista una propuesta para regular a los gestores farmacéuticos, como Audifarma y Cruz Verde, que han tenido un rol crucial en la dispensación de medicamentos en Colombia. Aunque aún no es un hecho, pues está abierta a comentarios hasta el 24 de abril, ya ha empezado a generar un gran debate en el sector de la salud.
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El documento, publicado en la página del Ministerio de Salud el 2 de abril, tiene unas 14 páginas y busca llenar un vacío normativo: aunque los gestores farmacéuticos existen formalmente desde 2019 en el sistema (y desde mucho antes en la práctica), hasta ahora no tenían una reglamentación que definiera con precisión sus funciones, condiciones de operación y alcances.
“Desconoce el desarrollo técnico y subestima el rol de la gestión farmacéutica”, opina Jaime Alejandro Hincapié, vicedecano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la U. de Antioquia, cuando tiene que resumir la propuesta de Minsalud para llenar ese vacío. “Me declaro sorprendido. Es un error gravísimo”, dice Carlos Mario Ramírez, exviceministro de Protección Social del Ministerio de Salud. Y “es un gran retroceso”, agrega uno de los gestores farmacéuticos más grandes del país.
La propuesta publicada no solo define qué es un gestor farmacéutico y en qué se diferencia de un operador logístico, sino que establece requisitos financieros, operativos, administrativos y de índole tecnológica y científica que deberán cumplir para poder estar inscritos en un registro de gestores oficial y así poder contratar con las EPS y otros actores en el sistema.
Es en este último punto donde se concentran las principales críticas. El artículo 3.3 del proyecto define las “condiciones de capacidad tecnológica y científica” que deben cumplir los gestores farmacéuticos, pero hay un detalle que llamó la atención del sector: en el caso de las personas naturales, la norma solo propone exigirles cumplir con los criterios tecnológicos y científicos, eximiéndolas de otras condiciones operativas, administrativas y financieras que sí se les exigen a las empresas.
Esto “crea una inequidad inconveniente a favor de personas naturales, que desconoce la realidad del sistema”, opina Ramírez. Aunque considera válido que personas naturales puedan actuar como gestores u operadores, advierte que exceptuarlas de cumplir con requisitos como la capacidad técnico-administrativa, las condiciones financieras y las buenas prácticas de gobierno organizacional “crea una mayor vulnerabilidad de pérdida de recursos”.
El borrador de resolución establece (parágrafo 2 del artículo 5.3) que solo las personas naturales con ingresos iguales o superiores a los de una microempresa —según lo definido en el Decreto 957 de 2019— deberán cumplir con los mismos requisitos operativos y financieros exigidos a las personas jurídicas. Esa norma define como microempresa a aquella cuyos ingresos o actividades ordinarias anuales no superen las 32.988 Unidades de Valor Tributario (UVT). Esto significa que solo si una persona natural supera ese umbral —que equivale a unos $1.600 millones anuales para 2025— estará sujeta a las mismas exigencias que una empresa. Esto, interpreta Ramírez, “conduce a que cualquiera podrá operar como gestor farmacéutico u operador en un sector tan sensible como este”.
La misma lectura tiene la firma de abogados Holland & Knight, que sigue de cerca las discusiones normativas del sistema de salud en Colombia. Diego Acevedo, uno de sus socios, advierte que “los indicadores definidos permitirán la entrada de gestores sin experiencia previa en el sector. La normativa abre la puerta a nuevos actores, incluso personas naturales, lo que puede incentivar la competencia, pero también implica riesgos. Estos nuevos gestores podrían carecer de la especialización, infraestructura y organización necesarias para garantizar un servicio de calidad, lo que podría traducirse en fallas en la gestión y afectar a los pacientes en términos de oportunidad y acceso al servicio”.
A las directivas de un gestor farmacéutico, que piden no ser citadas, no les preocupa la competencia. “Nosotros no nos oponemos. Cuantas más haya, mejor. Lo que no nos parece es que se les exima de requisitos. Eso no pasa con ningún actor del sistema de salud en ninguna parte de la cadena. Y nos preocupa porque para el usuario tiene que haber la misma garantía de calidad del servicio, sin importar quién la desempeñe”. La inquietud de los críticos del proyecto es que la normativa facilite la entrada de pequeñas droguerías y empresas de mensajería sin experiencia en la gestión farmacéutica. “Esta es la única manera que tienen para que empresas como Drogas La Rebaja, 4/72 y otras regionales aún más pequeñas con las que sabemos que ya están hablando cumplan con los requisitos para entrar al sistema”, dice ese gestor farmacéutico, que califica de grave que a las personas naturales no les exijan requisitos financieros: “Si no cuentan con cosas como el capital, flujo de caja o ingresos suficientes, la industria ni siquiera va a acceder a venderles los medicamentos”. De hecho, aseguran que algunos pequeños gestores que ya han empezado a operar en el sistema de salud en algunas regiones terminan comprándoles a los grandes, pues la industria no les vende porque no les tiene suficiente confianza.
El presidente Gustavo Petro ha dicho en su cuenta de X que busca que entren más actores en la gestión farmacéutica: “Yo propongo que existan muchísimos gestores farmacéuticos, para que no se puedan cartelizar (...) Deben existir gestores farmacéuticos públicos y las EPS se puede transformar en gestores farmacéuticos con cuidado de sus pacientes en referencia y contrarreferencia, abandonando la intermediación financiera. Las cooperativas de IPS pueden ser gestoras farmacéuticas. El tamaño mínimo de una farmacia se debe reducir. Hoy necesitan que sean del tamaño de una casa, eso es invitación al monopolio. La farmacia de barrio debe resurgir”.
Sin embargo, algunos ven con preocupación la reducción de requisitos para facilitar la entrada de esos nuevos actores. Un ejemplo que recuerdan fue la apertura de plantas de beneficio animal sin la exigencia de cumplir con todos los estándares técnicos que se requerían; por el contrario, para el Gobierno era la manera de mejorar el acceso a la carne en zonas apartadas. Para quienes critican el proyecto de resolución, el problema es que tomar esa decisión en el caso de los gestores podría subestimar el papel de la gestión de medicamentos en el sistema de salud.
Otros vacíos
Las preocupaciones van más allá de la omisión de los requisitos financieros para las personas naturales. Incluso si los nuevos gestores se ajustaran a los criterios tecnológicos y científicos que establece el proyecto, estos tampoco serían apropiados. Diego Acevedo, de la firma Holland & Knight, cree que “las definiciones y normas de habilitación del proyecto normativo son superficiales y no garantizan una atención adecuada en el suministro de medicamentos. Las disposiciones no evalúan con suficiente rigor la capacidad operativa y técnica de los gestores, lo que puede comprometer tanto la calidad del servicio como la continuidad en el acceso a los medicamentos”.
En la nueva propuesta normativa “se reduce todo el tema de la gestión farmacéutica a la entrega logística de medicamentos”, explica Pedro Amariles, químico farmacéutico, doctor en Farmacia y director del Grupo de Investigación, Promoción y Prevención Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Incluso, agrega Hincapié, “muchas veces se habla de la entrega de medicamentos y no de la dispensación”, dos términos que, explica, no significan lo mismo para quienes saben del tema: “La entrega se entiende solo como una acción física de un objeto, mientras la dispensación es toda una acción en salud: está pensada para informar al paciente, revisar si lo que está recibiendo coincide con lo que debería recibir y hacer un seguimiento a los efectos adversos. Esos servicios profesionales no se ven en el documento”.
En cuanto a las condiciones de capacidad tecnológica y científica, el borrador del Ministerio de Salud (capítulo II, artículo 11) establece que los gestores farmacéuticos deberán cumplir con los criterios definidos en ese mismo documento, los cuales están asociados al decreto 780 de 2016. Sin embargo, para Hincapié, hay una ambigüedad grave: “El Decreto 780 sí es claro respecto al modelo de gestión del servicio farmacéutico. Pero el proyecto de resolución publicado no dice ‘cumpla lo establecido en el 780’, sino ‘cumpla con lo que dice este capítulo’, que está asociado con el decreto”. Y para él, el capítulo que se refiere a este tema “es muy precario”. Por ejemplo, continúa Hincapié, se indica que los gestores deben “tener una política de garantía de calidad y un registro de inventario. Es muy triste que esas sean las condiciones. Tener un registro de inventario es lo mismo que debe tener no solo un gestor farmacéutico, sino cualquier persona natural o jurídica que maneje inventarios; hasta una tienda. El proyecto agrega que el gestor debe hacer un seguimiento a la capacidad instalada, tener un sistema de información y ya, no hay mucho más que eso”, señala. “Hay un desconocimiento del desarrollo técnico que se ha alcanzado en las últimas tres décadas. Se hace una mención casi incipiente al modelo de gestión que ya existe, y eso llama la atención, porque estamos volviendo al pasado”.
Amariles plantea otra preocupación: “En el proyecto de resolución ni siquiera se menciona al profesional farmacéutico ni conceptos como atención farmacéutica o cadena terapéutica”, pilares que hoy estructuran el trabajo de los gestores farmacéuticos.
Según explica, estos conceptos integran aspectos como la educación en salud, el seguimiento a la adherencia al tratamiento, la detección de desviaciones en los objetivos terapéuticos y las intervenciones conjuntas con médicos y pacientes para garantizar resultados efectivos. Se refiere a que la labor del servicio farmacéutico no termina tras la entrega de un medicamento; al contrario, comienza una fase clave: la educación del paciente para que lo use adecuadamente, el monitoreo de su evolución y la verificación de que se estén alcanzando los resultados en salud que espera el médico tratante. “Ese seguimiento hoy está completamente ausente en la propuesta y ha sido uno de los aportes más importantes que los gestores farmacéuticos han desarrollado en los últimos 30 años”, advierte Amariles. Para el académico, omitir ese componente técnico y clínico del servicio es retroceder décadas. “El Decreto 780 de 2016 es muy claro en que el servicio farmacéutico no es solo administrativo, es una tarea técnica y científica”.
El proyecto tampoco ahonda en el talento humano necesario para la operación de un gestor farmacéutico en el país y no detalla la necesidad de tener profesionales especializados como los químicos farmacéuticos y los tecnólogos en regencia de farmacia. En Colombia, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos estima que hay de 2.000 a 2.500 químicos farmacéuticos y unos 1.000 tecnólogos en regencia de farmacia.
“En un proyecto de resolución sobre este tema que se conoció hace unos años, en 2021, y nunca se materializó, se proponía, incluso, un número de profesionales por cada mil pacientes que tenía a cargo el gestor farmacéutico. Excluirlos de la esencia del tipo de servicio que prestan los gestores no solo es un riesgo para la salud de los usuarios, sino que también puede afectar la estabilidad de la profesión farmacéutica en el país”, dice Amariles. Como todas las personas consultadas, coincide en que es necesario contar con una norma, “pero se debe hacer bien, reconociendo los avances de las últimas décadas, Al final, se está jugando con la vida de los pacientes”.
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