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En la mañana del jueves 10 de abril, se conoció la noticia de que la Fiscalía General de la Nación había imputado cargos penales a cuatro exfuncionarios de Nueva EPS, la más grande del país, entre esos, a José Fernando Cardona Uribe, quien se desempeñó como presidente de la EPS entre 2009 y principios de 2024.
Los hechos por los que fueron imputados Cardona, Juan Carlos Isaza (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta (exgerente de cuentas médicas), se remontan al periodo entre 2019 y 2023.
De acuerdo con la Fiscalía, durante ese periodo Nueva EPS habría dejado de procesar cerca de 14 millones de facturas que habían sido expedidas por diferentes IPS, cuyo monto sería de $70.500 millones. A ojos de la entidad, esto “generó una distorsión en la información que se consignó en los estados financieros. Reportaron una actividad económica distinta a la que realmente tenía la Nueva EPS”.
Por estos hechos, a los exfuncionarios se les imputaron los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. A Cardona, además, se le imputó el delito de peculado por apropiación.
En la mañana de este sábado 12 de abril, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, se pronunció sobre la imputación de cargos a los exfuncionarios de la Nueva EPS, que fue intervenida el 3 de abril de 2024 por la Supersalud. El 3 de abril de ese año, la entidad extendió la intervención por un año más.
“Esto confirma que la medida de intervención a la Nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros de la Nueva EPS, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en la historia de los recursos de la salud en Colombia”, expresó Rubiano.
De hecho, el Supersalud aseguró que la entidad que dirige contribuyó con información para el proceso que adelanta la Fiscalía. En diciembre del año pasado, la Superintendencia había trasladado a la Fiscalía General información relacionada con este caso.
“En el caso de la Nueva EPS, la información trasladada por la Supersalud a la Fiscalía puso en conocimiento de la opinión pública cómo fue que de manera deliberada se ocultó información financiera de la NUEVA EPS, que permitió a esta EPS mostrar estados financieros favorables para evitar la medida de intervención vigente”, agregó Rubiano.
Cabe aclarar, como hemos contado en otras notas, que Nueva EPS no ha presentado sus estados financieros a la Supersalud. De acuerdo con información que le fue enviada por esta EPS a la senadora Paloma Valencia, a través de un derecho de petición en noviembre del año pasado, las pérdidas en 2023 habrían sido por poco más de $4,4 billones en 2023.
El mismo jueves, tras conocerse la imputación de cargos en contra de Cardona, Javier Tamayo Perdomo, su abogado, señaló que en los próximos juicios sostendrán que el valor de las facturas en proceso sí estaban en los estados financieros y registradas en las reservas de autorizaciones. Por eso, anotó que “no es cierto que exista ocultamiento de facturas. Están en proceso de auditoría, en la liquidación y se ve en los diferentes módulos del sistema”.
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