En las últimas horas, el Ministerio de Salud y Protección Social conoció de la retención de ambulancias y amenazas directas al personal de salud del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, ubicado en Ocaña (Norte de Santander).
Esto, agregó la cartera, obligó a la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Noroccidental La Inmaculada Concepción de Ábrego a suspender el despacho de ambulancias desde los municipios de Convención, San Pablo y Teorama.
Estos actos, que fueron calificados como graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “no solo representan un atentado directo contra la integridad y vida de los trabajadores de la salud, sino que también constituyen una grave infracción a las normas internacionales que protegen la neutralidad de la misión médica en contextos de conflicto armado”, apuntó el ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La cartera recordó que, según la resolución 4481 de 2012, se reglamentó el uso de emblemas de la misión médica en el país y se estableció que los trabajadores de la salud deben ser respetados y protegidos, incluso en contextos de conflicto armado.
En el comunicado de prensa, publicado poco después del medio día de este miércoles 11 de junio, el ministerio recordó que la misión médica actúa bajo los principios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad. “Atentar contra ella es atentar contra el derecho fundamental a la salud y contra la esperanza de miles de familias del Catatumbo y del Norte de Santander”, agregó la entidad.
Al tiempo, la cartera recalcó que “interrumpir o bloquear el servicio de traslado de pacientes pone en riesgo la salud y la vida de comunidades vulnerables, las cuales dependen de la red hospitalaria pública”, y agregó que las acciones de violencia contra el personal médico incrementan la crisis humanitaria de una región que ha sido “históricamente golpeada por el conflicto”.
El ministerio hizo un llamado urgente para que, de manera irrestricta, se respete el Derecho Internacional Humanitario, “exigiendo a todos los actores armados que garanticen las condiciones mínimas de seguridad para que el personal de salud pueda cumplir su labor sin intimidaciones ni amenazas”.
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