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El pasado 13 de enero, la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que evalúe la posibilidad de declarar Estado de Cosas Inconstitucional por la crisis del sistema de salud. El documento de 24 páginas, firmado por la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, se refiere, en particular, al incremento del 5.36% de la Unidad de Pago por Capitación que determinó el Ministerio de Salud para este 2025.
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La Procuraduría asegura que dicho aumento “se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles para lograr la aprobación de la ambicionada gubernamental reforma al Sistema de Salud”.
El Ministerio Público también señala que el acto administrativo en el que se fijó el valor de la UPC fue realizado “con presunta indebida y falsa motivación, con base en fuentes de información parciales y con un procedimiento ajeno a las normas”. Pone por ejemplo el caso de la intervenida Nueva EPS, la cual no tiene estados financieros de 2023.
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Este martes, Ojeda Visbal se refirió nuevamente, durante una rueda prensa, a dicha presunta falsa motivación y a la presunta falta de tecnicismo en torno al cálculo del valor de la UPC. Ante la situación, el Secretario General del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, interpuso un escrito de recusación en contra de la Procuradora Delegada.
En otras palabras, el ministerio pide que Ojeda Visbal se aparte de toda intervención, proceso y requerimiento en torno a la UPC y, en general, al método de financiación del sistema de salud. De ese modo, Salas Figueroa también hace la solicitud de que designe a otro Procurador(a) Delegado(a) para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.
Entre sus argumentos, el Minsalud menciona que Ojeda Visbal, en su función administrativa, presuntamente está vulnerando el principio de imparcialidad, el derecho fundamental al debido proceso y el principio de reserva de la actuación disciplinaria. El ministerio señala a la Procuradora Delegada de “haber emitido concepto, consejos, opiniones y prejuicio sobre la presunta crisis financiera y humanitaria de salud, así como del sistema de salud en general, bajo una serie de juicios de valor sin ningún tipo de sustento probatorio, manifestaciones subjetivas y personales; desligándose de sus obligaciones constitucionales y legales”.
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