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El Ministerio de Salud publicó un comunicado respondiendo a las solicitudes de incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) hechas por Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, y la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi.
La UPC determina los recursos que el Estado le entrega a las EPS por cada uno de sus afiliados para cubrir la mayoría de servicios y medicamentos que garantiza el sistema de salud. Los dos gremios publicaron estimaciones solicitando un incremento de esa UPC. Del 15,6 %, en el caso de la Andi, y de 17,3 %, según la estimación de Acemi.
En su comunicado, el Minsalud responde diciendo que “no reconoce y cuestiona” estas solicitudes. La entidad asegura que estas estimaciones desconocen “los hallazgos oficiales que evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público”.
Las estimaciones de la Andi y Acemi se basan en datos del sistema de salud, con los que aseguran que el sistema “está gastando más de lo que recibe”. Uno de los indicadores con los que argumentan esta solicitud es el de la siniestralidad. La Andi estima que, para el cierre de 2025, esta será de 105,9 %. Es decir, que el sistema gasta cerca de COP 106 por cada COP 100 que recibe.
Frente a esto, el Minsalud asegura que “contrario a lo que afirman ACEMI y la ANDI, los análisis oficiales del Ministerio de Salud demuestran que de cada 100 pesos asignados por UPC se ejecutan entre 85 y 97 pesos. Esto desmiente la narrativa de una supuesta siniestralidad desbordada y confirma que el gasto de las EPS no supera los recursos que reciben. Insistir en eso es engañoso y busca instalar una percepción de crisis financiera inexistente para justificar mayores giros de recursos públicos”.
Con base en esto, la entidad asegura que los gremios están estimando un aumento de la UPC “desproporcionado”. También, se refieren al aporte patronal a la salud, un rubro que aportaban los empresarios para la salud de los trabajadores hasta 2014 y que se eliminaron por medio de una reforma tributaria.
“Este incumplimiento generó un vacío financiero que el Estado tuvo que cubrir, obligando a destinar más de 32 billones de pesos adicionales, que hoy pagan los ciudadanos vía impuestos. Es inaceptable que quienes incumplieron sus obligaciones ahora reclamen más dinero público sin asumir ninguna responsabilidad”, aseguró el Minsalud en su comunicado.
Otro aspecto que menciona la cartera de Salud se refieren a un análisis publicado por el Gobierno y que aseguran que el sistema de salud ha hecho pagos por COP 2,3 billones “por prestación de servicios a personas fallecidas” o sobrecostos en otros servicios. Como contamos en este artículo, este es un tema sobre el que hay varias dudas.
Finalmente, el Minsalud dijo que “la insistencia en aumentar la UPC por parte de ACEMI y la ANDI, no responde al interés de garantizar el derecho fundamental a la salud, sino a la intención de mantener un modelo que ha permitido el uso indebido de recursos públicos”.
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