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La Superintendencia de Salud se pronunció este lunes 15 de septiembre sobre el informe que publicó la Contraloría, en el que analizó la gestión de la Nueva EPS durante las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025, y en el que prende las alarmas por lo que está pasando en la EPS con más usuarios en el país.
El ente de control fiscal revisó la contratación, la constitución de reservas técnicas, la facturación y pagos a clínicas, el cumplimiento de metas de desempeño, la calidad de la atención a los usuarios y la trazabilidad de los datos reportados.
(Lea: Nueva EPS, camino a ser “inviable”: más detalles del informe de la Contraloría)
Según la Contraloría, Nueva EPS atraviesa una crisis financiera y administrativa. Ante esto, el superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró ahora que había ordenado a la EPS diseñar un plan intensivo, que consistía en reunirse con los prestadores de servicios de salud y dejar por escrito, mediante actas, a qué facturas corresponden los pagos que ya se han hecho y que aparecen en los registros de la EPS. Además, no se deberán incluir los pagos adelantados.
Rubiano dijo que estas irregularidades que menciona la Contraloría ya habían sido identificadas por la Supersalud. “La Nueva EPS lo que ha venido haciendo es un esfuerzo grande por pagar a los prestadores en todo el territorio nacional, no solamente en las ciudades”, anotó. Sin embargo, explicó que, en su opinión, lo que faltó en este proceso fue claridad, pues cada vez que se hacía un pago, no se definía a qué facturas debía aplicarse.
El punto central del debate, a los ojos de la Supersalud, tiene que ver con la forma en que la Contraloría interpreta esos pagos y llama anticipos a todos los dineros pagados. El anticipo es una modalidad de pago que está permitida en el sistema de salud por el decreto 441 de 2022. En palabras simples, significa que las EPS pueden entregar dinero por adelantado a los hospitales, clínicas u otros proveedores de salud.
La Supersalud, sin embargo, discrepó con la clasificación de la Contraloría e indicó que en este caso no se trata de anticipos, sino de pagos por servicios que ya fueron prestados, aunque no se haya especificado en qué factura se registraban. “En el informe de la Contraloría lo que se denomina como anticipos, realmente son pagos a servicios ya prestados, pero no se ha dicho a cuál factura deben aplicarse”, detalló.
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¿Qué dice el informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS?
Como explicamos en esta nota, la Contraloría encontró que la Nueva EPS concentra gran parte de la administración de la prima en salud en contratos “por evento”, es decir, pagando a la red de prestadores cada servicio que se facture.
“Este esquema fomenta la sobreutilización de servicios sin control de costo-eficiencia, desincentiva acciones de promoción, prevención y gestión integral del riesgo, y genera fragmentación en la atención alno garantizar continuidad ni articulación del cuidado, lo cual impacta directamente la calidad del servicio prestado”, se puede leer en el informe.
Otro de los hallazgos inquietantes es la inexistencia de contratos formales en varios casos. Según la Contraloría, sin esto no quedan definidos los derechos, obligaciones ni mecanismos de pago, lo que dificulta el control y la trazabilidad de la plata. En el informe se señala, por ejemplo, que 17 prestadores figuraban en los registros de la Nueva EPS como autorizados para brindar servicios, pese a que no existía contrato formal con ellos.
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A esto se le suma los hallazgos relacionados con las facturas pendientes de auditoría en Nueva EPS. De acuerdo con los registros entregados por la entidad, existían más de 22,7 millones de facturas por procesar, que en conjunto sumaban $22,13 billones (entre 2020 y 2025).
Al revisar con detalle la base de datos, los auditores encontraron que cerca de 9,1 millones de esas facturas estaban duplicadas, lo que equivale a cerca de $8,9 billones en registros repetidos. Tras depurar la información, el valor real de facturas pendientes de revisión de Nueva EPS quedó en $13,17 billones.
El panorama de la Nueva EPS, que fue intervenida en abril del año pasado, aún no es claro. Existe la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma el control total de la entidad —que hoy sigue siendo mayoritariamente propiedad de varias cajas de compensación— y que se rediseñe por completo su esquema de operación. Sin embargo, todavía no se sabe con certeza qué pasará con la EPS responsable de la atención de más de 11 millones de personas.
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