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Nueva EPS tiene nuevo interventor: Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asume las riendas

Tras semanas de incertidumbre, Nueva EPS tiene nuevo interventor. Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro, quien hasta hace unos días dirigía Gestarsalud, asumirá la administración de la EPS más grande del país, en medio de una crisis financiera y asistencial. La Supersalud le fijó una hoja de ruta que incluye sanear las cuentas, reorganizar la red de prestadores, reducir los pendientes de medicamentos y garantizar la continuidad de los tratamientos.

Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asumió la dirección de Gestarsalud, el gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado. /Gestarsalud
En materia financiera, Gutiérrez deberá reconstruir y aprobar los estados financieros y contables, actualizar la información económica de la entidad y presentar una estrategia de recuperación con resultados verificables.
Foto: Gestarsalud

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Después de un par de semanas de incertidumbre y de un encargo en la EPS más grande del país, la Superintendencia Nacional de Salud aceptó la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro como agente especial interventor de Nueva EPS y designó en su reemplazo a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 2026320000011364-6 del 17 de noviembre de 2026. Gutiérrez asumirá las funciones de interventor de Nueva EPS, entidad que permanece bajo intervención forzosa administrativa. Hasta hace unos días se desempeñaba como director ejecutivo de Gestarsalud, el gremio que reúne a varias de las EPS del régimen subsidiado del país.

Es odontólogo de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en seguridad social. En su trayectoria también ha sido director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), cargo que ocupó hasta octubre de 2022, y gerente de Capital Salud. Además, participó en la implementación de Famisanar y de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

De acuerdo con la resolución, tendrá un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación, para aceptar el cargo y tomar posesión. El cambio de interventor llega en un momento complejo para la entidad, que enfrenta dificultades financieras y problemas en la prestación de servicios de salud. Por eso, la resolución establece una serie de obligaciones y prioridades que deberá atender la nueva administración.

Uno de los primeros compromisos será presentar, a más tardar durante el mes siguiente a su posesión, un plan de trabajo que deberá ser evaluado, discutido y aprobado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas de la Supersalud. El documento también deja constancia de que el plan de trabajo presentado por el interventor saliente no fue aprobado, luego de considerar las observaciones y ajustes formulados por la Superintendencia. Por esta razón, la entidad ordenó que el nuevo interventor presente una propuesta.

Las tareas que tendrá el nuevo interventor

La resolución plantea una agenda que abarca varios de los problemas estructurales de Nueva EPS.

En materia financiera, Gutiérrez deberá reconstruir y aprobar los estados financieros y contables, actualizar la información económica de la entidad y presentar una estrategia de recuperación con resultados verificables. Ese ejercicio deberá permitir conciliar las cuentas por pagar, las reservas, el flujo de caja, la facturación radicada y pendiente de procesar, así como los costos médicos, las glosas y los anticipos. También deberá contemplar la proyección del costo y la siniestralidad, sin trasladar a los hospitales y demás prestadores los problemas de gestión de la EPS.

En el componente asistencial, la Supersalud ordenó realizar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, una depuración y caracterización epidemiológica de la población afiliada, con especial atención a las personas con enfermedades crónicas, pacientes de alto costo y población materno-perinatal.

A partir de ese diagnóstico, el nuevo interventor deberá articular las rutas integrales de atención con la caracterización de la población y garantizar que la red de prestadores tenga la capacidad y oferta contratada necesarias para responder a las necesidades de cada territorio.

Otro de los puntos centrales es la reorganización de la red. La resolución exige formalizar el 100 % de los vínculos contractuales con los prestadores públicos y privados, bajo un modelo de red integral que garantice la continuidad de la atención. La instrucción es evitar que los problemas administrativos o contractuales interrumpan los tratamientos de los pacientes. La entrega de medicamentos también aparece entre las prioridades.

El nuevo interventor deberá diseñar y ejecutar un plan operativo de cobertura farmacéutica que permita reducir progresivamente los medicamentos pendientes, garantizando la entrega de las tecnologías prescritas dentro de las 48 horas siguientes a su formulación.

A esto se suma la obligación de garantizar el funcionamiento de una central de referencia con capacidad de decisión inmediata para gestionar la disponibilidad de camas, las remisiones de urgencia y los traslados asistenciales. La Supersalud también ordenó reestructurar el modelo de auditoría médica, con énfasis en la pertinencia clínica, la seguridad del paciente, el cumplimiento de las guías científicas y la calidad contractual.

En cuanto a las autorizaciones, el acto administrativo establece que deberán eliminarse barreras administrativas para la atención de pacientes con cáncer y para los servicios y tecnologías relacionados con la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud.

La entidad también tendrá que modernizar e integrar sus plataformas de información para mejorar el intercambio de datos con la red prestadora y superar la fragmentación de la información en salud. Para hacer seguimiento, deberá establecer un panel de control con indicadores de oportunidad, pertinencia y continuidad, cuyos resultados tendrán que ser auditados y remitidos cada quince días a la Supersalud.

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Finalmente, la resolución incluye obligaciones relacionadas con el cumplimiento de fallos de tutela y decisiones judiciales, así como medidas para corregir incumplimientos y riesgos jurídicos derivados de los acuerdos con prestadores y proveedores de tecnologías en salud.

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