Opinión | El gobierno de Colombia reinstaura la colonización y la esclavitud

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Foto: Diego Peña Pinilla

Al primer gobierno “progresista” y “feminista” de la historia le está quedando grande honrar sus principios éticos, no solamente cumplir sus promesas de campaña. A la ya nefasta sentencia de la Corte Constitucional que ordena reglamentar la explotación reproductiva, se suma la presentación de un proyecto de ley que, a todas luces, sella la degradación legal de las mujeres en Colombia: nuestros órganos y funciones reproductivas son consideradas ahora mercancía, con el beneplácito de un gobierno que prometió al país “vivir sabroso”. Nadie nos advirtió que, en el país del cambio, las mujeres iban a ser convertidas en conceptos, sentimientos, bancos de órganos y hembras reproductoras para millonarios. (Lea Debate de la “maternidad subrogada” irá al Congreso: estas son las claves del proyecto de ley)

Desde la perspectiva neoliberal y miope que se plantea el gobierno y la CC misma, se esgrime los supuestos de “altruismo” y “libre elección” para considerar la venta de bebés y el alquiler de mujeres una industria legítima y legal.

Ni el supuesto altruismo ni el mito de la libertad de elección pueden hacer tambalear el argumento jurídico que sustenta la inadmisión en cualquier supuesto de los vientres de alquiler.

A saber: las personas no son de nadie, ninguna persona, de ninguna edad. Nadie tiene el título de propiedad de nadie, ni siquiera las madres de sus hijos e hijas. Las madres no son propietarias de lo que paren, sino que son madres de lo que paren. Si fueran propietarias de la vida de sus descendientes, podrían incluso disponer de ellas hasta el punto de la vida o la muerte.

Y como las personas no son de nadie, nadie puede ser regalado, vendido o comprado por nadie.

Por eso, da igual si hay pago o no; da igual incluso si existiera una libre elección que jamás es tal, puesto que nadie posee la titularidad de otro ser humano como para decidir entregarlo, gratis o previo pago, y nadie puede recibir a otro ser humano, gratuitamente o pagando, puesto que quien lo está entregando no tiene derecho a hacerlo. Sólo el Estado puede recibirlos para convertirse en su custodio hasta la adopción, en la que se garanticen sus derechos humanos.

Y todo lo demás que se diga al respecto, es de más, puesto que, expuesta la situación jurídicamente inamovible de que las personas están fuera del comercio, poco más habría que añadir,

Defender lo contrario es, directamente, defender la restauración de la esclavitud, y en el caso de Colombia, la de la neocolonización, puesto que, de nuevo, serán hombres y mujeres extranjeros y pudientes quieren vendrán a Colombia a extraer el último recurso que les queda por usurpar, que es, la salud de sus mujeres y a sus bebés. Una nueva colonización facilitada por el actual gobierno colombiano.

Al gobierno y a la Corte Constitucional se le olvida que el hecho de que existan masas de mujeres lo suficientemente precarizadas como para aceptar su propia explotación sexual y reproductiva no convierte a esta explotación en una industria legítima; por el contrario, un gobierno medianamente humanista debería estar implementando alternativas de vida digna para que las mujeres no tengan que vender su sexo y sus criaturas. Es muy extraño que el análisis socioeconómico y materialista de las condiciones de la población empobrecida y marginada no se aplique en este aspecto.

Parece obvio, como tantas otras cosas que hoy hay que volver a explicar, que las funciones fisiológicas y reproductivas de una mujer, así como sus órganos, son parte de su integridad corporal y por lo tanto de su dignidad humana.

Por esta razón, ni los cuerpos de las mujeres, ni sus órganos, ni las criaturas que gestan y paren deberían ser considerados objeto de contrato comercial o de ningún tipo, puesto que esto implica necesariamente la mercantilización de seres humanos enteros o por partes, es decir, retroceder directamente a la época en que en nuestra tierra había encomiendas e indígenas vinculados a ellas vendidos como esclavos y esclavas. Porque de eso se trata, de reimplantar la esclavitud, puesto que es jurídicamente eso lo que significa hacer nacer un ser humano para cumplir un contrato mercantil. Lo mismo que encargar un coche o un traje a medida, solo que con personas.

Por lo tanto, la venta de bebés y la explotación reproductiva de las mujeres va en contra de la dignidad humana y por lo tanto no deben ser objeto ni motivo de contrato bajo ninguna circunstancia. Los derechos humanos son irrenunciables ante cualquier situación, más aún cuando son la marginación y la miseria el caldo de cultivo de esas supuestas renuncias que son inadmisibles en cualquier ordenamiento jurídico que pretenda, mínimamente, hacer creer que respeta los derechos humanos básicos.

Por otro lado, es demagogia neoliberal esgrimir un supuesto e inexistente derecho de los adultos a comprar una familia, pues la salud y la vida de las mujeres es lo que está en juego. El deseo de tener bebés es solamente eso, un deseo, no un derecho, y legislar para que los ricos puedan comprar bebés es clasista y sexista. Esta industria no es compatible con ninguna noción de derechos humanos, y queremos que sea esta la ocasión para señalar la normalización de la cosificación de las mujeres que rige escandalosamente nuestra cultura.

Sin embargo, sí existe el derecho de las niñas y niños a tener familia, derecho recogido en la Convención de los derechos del Niño, entre otros documentos, de la cual Colombia forma parte y que estaría incumpliendo desde el mismo instante en el que dé luz verde a la transacción de seres humanos.

Los niños y niñas tienen derecho a tener familia, una familia que les críe, les alimente, les eduque, les proteja y los ame. Por ello, en los procesos de adopción el único derecho que se tiene en cuenta es del menor a tener familia y a su bienestar. De ahí los controles a los adoptantes, para asegurar que ese menor tendrá una familia adecuada.

Por supuesto, no se hace absolutamente ningún control a quienes adquieren bebés mediante un vientre de alquiler, poniendo a los menores en manos de personas de las que el estado no sabe literalmente nada y que podrían perfectamente ser dedicados a cualquier fin, por lo que el estado colombiano estaría siendo totalmente negligente en la defensa del interés superior de las niñas y niños colombianos.

En ese sentido, la industria de los vientres de alquiler es extremadamente lesiva no solamente para los derechos fundamentales de las mujeres sino de las mismas criaturas que son despojadas de su humanidad al ser convertidas en objeto de contrato. Está demostrada la inmensa necesidad que existe de un tiempo suficiente de piel con piel y apego seguro con la madre en los primeros momentos de vida extrauterina; los bebés que son separados de su madre enseguida del parto o incluso meses después del parto experimentan un estrés traumático que los marca psicológicamente de por vida.

Y estos hechos médicamente ciertos, no les importan en absoluto a los adquirentes de bebés, aunque perjudiquen a esos niños, lo que ya es una buena prueba anticipada del tipo de personas que consideran legitimo adquirir un ser humano y lo que les importa su bienestar, en nada. Pero es normal, quien adquiere un bebé como un bien de consumo lo trata como a tal. Mala gente.

Por otra parte, la filiación materna es un derecho irrenunciable, como todos los derechos humanos. El vínculo entre un bebé y la madre que lo pare es fundamental para el desarrollo psicológico de la criatura. Que el Estado permita la renuncia le hace cómplice de delitos contra la filiación que son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, por los cuáles podrá ser perseguido siempre, ya que, aunque la madre renuncie, el titular del derecho es el niño y el garante debería ser el Estado, en este caso el estado colombiano.

Los legisladores y el ministro de Justicia deberían preguntarse qué tan traumático puede ser para una niña o niño enterarse de que fue comprado como un objeto y que, para hablar de lo que pasa en Ucrania, su madre fue abandonada recién parida en un país en guerra. ¿Qué impide a quien compra una criatura explotarla? Si el criterio de filiación de las hijas e hijos comienza a ser la existencia una cantidad de dinero suficiente, ¿qué impide comerciar con otros miembros de la familia o con los órganos vitales propios o ajenos?

Desde los sectores feministas y desde el derecho penal se han elevado voces de crítica contra esta sentencia, advirtiendo los intereses empresariales que están detrás del maquillaje de la industria de la explotación reproductiva y de la presión que se ejerce para reglamentar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y sus bebés. La legalización de la explotación nunca es algo que se pueda esperar de un Estado democrático.

¿Por qué el gobierno ve en los altos índices de miseria explotación una oportunidad económica y no el desastre social y humanitario que realmente es? Desde una perspectiva feminista y de derechos humanos debería ser evidente la crisis de miseria entre las mujeres. Las acciones urgentes que se necesitan es la creación de oportunidades de vida digna para toda la población, especialmente para las mujeres. Recordemos que el Estado es el encargado de conceptualizar y perseguir el bien colectivo, el cual no debe estar supeditado a los intereses del mercado y sí debe girar en torno a la dignidad humana. En este sentido, un gobierno con las banderas que éste ha ondeado debería abolir la explotación, no legislarla.

Advertimos que legislar y normalizar estas formas de explotación nos lleva un paso más hacia la completa deshumanización de las personas para favorecer los intereses del mercado. Si este gobierno y en general la intelectualidad y la clase política no se deciden a defender la dignidad humana de mujeres y criaturas, en poco tiempo veremos legalizadas industrias tan criminales y abyectas como el tráfico de órganos, que, en realidad, sería incluso menos lesivo jurídicamente que la legalización de los vientres de alquiler, ya que un hígado, un riñón o un corazón no son sujetos de derecho, mientras que las mujeres explotadas y los bebés transaccionados como esclavos sí lo son. Son ciudadanas y ciudadanos colombianos a quienes su Estado decide no proteger.

Que la “Colombia humana” no sea la puerta de entrada al infierno neoliberal del capitalismo salvaje. No puede ser que el eslogan de “adopta, no compres” en el caso de las más cotas sea tan lógico y razonable para el gobierno y la opinión pública, pero que no aplique para las mujeres y sus criaturas.

Si la “potencia de la vida” y la “paz total” que impulsa este gobierno se construye de espaldas a las mujeres, vulnerando derechos humanos básicos y convirtiéndonos en reproductoras a disposición del mercado, será una falsedad y una hipocresía colosal y marcará el fracaso y el desperdicio de una oportunidad única en la historia para crear un orden social humano y equitativo.

*Núria González es Abogada DDHH, activista feminista y autora de “Vientres de Alquiler. La Mala Gente” Ed. EOLAS.

Alejandra Vera es Representante Nacional en el Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y Directora Corporación Mujer, Denuncia y Muévete

Victoria Argoty es Representante Nacional suplente en el Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y Representante para Colombia de Women’s Declaration International

Nancy Gómez Ramos es Representante Permanente en el Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 y Representante de Aliate - Alianza nacional de mujeres por la defensa de los derechos humanos

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