Ni dos días duró el encargo del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, al frente de la Supersalud. En las últimas horas, el Gobierno expidió el decreto 1113, mediante el cual el presidente de la República dio por terminado el encargo de Martínez como superintendente nacional de Salud y designó en su reemplazo, de manera interina, al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Hernán Urrego Rodríguez.
La medida se adoptó un día después del Decreto 1112, que había encargado a Martínez Saldarriaga en el mismo cargo. De acuerdo con el nuevo documento, el cambio se realiza en ejercicio de las facultades conferidas por la Constitución y las normas que regulan los encargos interinstitucionales en la administración pública. El artículo primero del decreto establece la finalización del encargo de Martínez, mientras que el artículo segundo dispone que Urrego asuma las funciones de superintendente sin que esto implique su separación del cargo de viceministro. Es decir, el funcionario ejercerá ambos roles simultáneamente.
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El decreto, firmado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, entró en vigencia el mismo 23 de octubre de 2025, fecha de su expedición.
Jaime Hernán Urrego es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en Alta Gerencia de la Seguridad Social en Salud y en Planeación y Administración Regional del Desarrollo, además de ser doctor en Salud Pública. Llegó al Ministerio cuando Carolina Corcho era ministra en 2022. Desde entonces, ha permanecido en el cargo. Antes de ser viceministro, se desempeñó como subsecretario de Salud Pública de Bogotá y como gerente del programa Territorio Saludable, desarrollado durante la administración en la capital del entonces alcalde Gustavo Petro.
Llega a la Supersalud tras el breve encargo de Luis Alberto Martínez y la salida de Giovanni Rubiano García, confirmada el pasado 14 de agosto. Urrego asume el cargo en un momento clave para la entidad, que actualmente mantiene la intervención sobre ocho EPS, todas bajo control de interventores designados por la Superintendencia, excepto Sanitas, que debió ser devuelta a sus propietarios por orden de la Corte Constitucional.
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A su salida, Rubiano dejó varios procesos en curso antes de su salida. Entre ellos, impulsó que las EPS intervenidas contrataran auditorías externas con firmas privadas para revisar sus estados financieros y operativos, con el objetivo de mejorar la transparencia y verificar la viabilidad de los planes de recuperación. También dejó avanzadas estrategias como la negociación conjunta de medicamentos, orientada a reducir costos y garantizar el abastecimiento en las redes de atención, y la construcción de una nueva regulación para los gestores farmacéuticos, como Audifarma y Cruz Verde.
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