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El Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de unas declaraciones que dio contra el presidente del Grupo Keralty (dueño de EPS Sanitas), Joseba Grajales Jiménez, en una alocución del 15 de julio de este año.
En su fallo, el alto tribunal le pide a Petro que rectifique una serie de acusaciones que hizo contra el empresario, al que tildaba de criminal.
(Lea Enrique Vargas Lleras, ex Nueva EPS, denuncia penalmente al ministro de Salud)
Se le ordena “al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que emita la respectiva rectificación, en relación con las manifestaciones contenidas en los minutos 28:40 [y siguientes] y 39:46 [y siguientes] de la alocución presidencial del 15 de julio de 2025; esto es, retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial", se lee en el fallo del Consejo de Estado.
En otro apartado de la sentencia señala que “el señor presidente de la República deberá retractarse respecto de la expresión «debe irse» en contra del accionante, en la medida en que no se allegó a este expediente una resolución administrativa que, conforme a la ley, haya dispuesto las sanciones de deportación o expulsión del territorio nacional en relación con el actor".
La decisión fue celebrada por Grajales Jiménez, quien, en un comunicado aplaudió el pronunciamiento, pues le da “la razón jurídica: reivindica también el esfuerzo, la integridad y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes han seguido trabajando con convicción a pesar del ambiente adverso que hemos enfrentado como organización”.
A lo que se refiere la cabeza del Grupo Keralty es a que, a su parecer, la empresa ha sido objeto de una “inexplicable y persistente persecución” por parte del presidente Gustavo Petro.
“Esta situación alcanzó un punto crítico con las recientes declaraciones del señor Presidente, que no solo carecían de sustento, sino que vulneraban flagrantemente varios derechos fundamentales, entre otros, nuestra honra y buen nombre”, se lee en el comunicado de Keralty.
Por eso, explican, elevaron una solicitud formal a las autoridades judiciales de Colombia, cuyas decisiones, añaden, confirman que sus “acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y, más importante aún, los principios éticos que caracterizan nuestro actuar”.
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