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19 Mar 2022 - 12:29 a. m.

Preguntas sobre el acuerdo para aliviar las deudas del sistema de salud colombiano

El gobierno anunció que ha cumplido con el 84% de pagos con el Acuerdo de Punto Final, el programa que planeó para sanear las deudas del sistema de salud. Pero aún hay asuntos por resolver.
Juan Diego Quiceno

Juan Diego Quiceno

Periodista de Vivir
Esta semana el Gobierno hizo un gran anuncio sobre el acuerdo para aliviar las deudas del sistema de salud.
Esta semana el Gobierno hizo un gran anuncio sobre el acuerdo para aliviar las deudas del sistema de salud.
Foto: Getty Images

El pasado 15 de marzo el gobierno nacional anunció una noticia que hace tiempo estaba esperando el sistema de salud colombiano: tras más de tres años y medio de iniciado, el llamado Acuerdo de Punto Final ha logrado el pago de $6.1 billones que el Estado adeudaba al sistema. Eran cuentas de cobro que se habían ido represando desde inicios de la década del 2000. (Lea Ya se sabe la causa del brote en los niños Kogui: Tos ferina)

Para entender este asunto, que fue una de las principales banderas del Ministerio de Salud de este Gobierno y que implica a todos los actores del sistema e incluso a ramas del poder como la judicial, es necesario responder algunas preguntas clave.

¿Cuánta plata se pagó?

Se anunció un avance del 84% en el pago del Acuerdo de Punto Final, lo que se traduce en un monto de alrededor de $6.1 billones. El total adeudado era de $7.1 billones, una plata que la ADRES, nuestro “banco” de la salud, determinó que el Estado debía con corte a finales de 2019 tras una auditoría en la que revisó miles de cuentas de cobro que las prestadoras de salud presentaron. (Lea Pérdida de recursos sanitarios y otras secuelas de los conflictos armados en la salud)

Las personas que consultamos, entre ellas Gustavo Morales, ex presidente de Acemi (el gremio de las EPS del contributivo) y exsuperintendente de Salud; Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas; y otras muy cercanas a la estructura del Acuerdo, coinciden en que lo anunciado por el Gobierno esta semana es una buena noticia y algo que el sistema necesitaba.

“Este gobierno se metió con algo que se había ido postergando, dejando que la bola de nieve no dejara de crecer”, dijo uno de ellos.

¿De qué se debía esa plata?

La mayor parte de esa deuda obedecía a una las principales grietas que tenía el sistema de salud: los llamados “recobros” que hacían las EPS al Estado (a través del extinto Fosyga) por tratamientos que no estaban incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (antiguo POS). Con el tiempo, las deudas se amontonaron y esa es la plata que quería pagar el Acuerdo de Punto Final.

“Eso empezó como una situación menor, el 2% o 3% del gasto en salud, pero se creó un incentivo perverso. A pocos les interesaba negociar precios o por volumen, hacer auditorías, ver si era pertinente o no un tratamiento, si igual el Estado pagaba”, explica Morales.

¿A quién se le está pagando?

A las EPS, entre ellas, Sanitas, Suramericana, Salud Total, Famisanar, Compensar o Aliansalud, pero también a hospitales, clínicas y prestadores de servicios de salud independientes. En este punto hay que hacer algunas precisiones sobre las cifras entregadas por el Gobierno esta semana.

“Este acuerdo lo que buscaba era aclarar unas cuentas y dar alguna liquidez adicional al sector, especialmente derivado de las deudas que existían entre el Gobierno y las EPS. Y esto es importante señalarlo porque el saneamiento se da inicialmente en el lado de las EPS. De ahí lo que se espera hacia adelante es que de esos $6.1 billones ya girados, pueda llegar algo al sector prestador de salud”, señala Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).

De los $6.1 billones de pesos anunciados, $4.6 billones, según el Gobierno, han llegado al sector prestador de servicios del que hace parte la ACHC. Si se le resta el pago de las deudas por la liquidación de Caprecom, una cuenta de casi $500 mil millones y que el Gobierno incluyó en la cifra inicial, estamos hablando en realidad de $4.1 billones.

“Y ahí hay que hacer una claridad: de esa bolsa de $4.1 billones que se dice que ha llegado, alrededor de la mitad ha entrado al sector independiente, es decir, a los hospitales y clínicas que conocemos y que están sobre todo en esta asociación”, explica Giraldo. El otro porcentaje, un 49%, calcula la ACHC, se ha concentrado en otras instituciones: las IPS propias de las EPS y otras entidades como gestores y operadores logísticos.

El Gobierno está consultando con cada clínica y hospital con el fin de hacer seguimiento al dinero que ha entrado. “Hay muchas entidades que no han podido determinar de qué fuente vienen los dineros que recibieron. Se está haciendo ese trabajo para que en un par de meses se pueda decir: por Acuerdo de Punto Final llegaron estos recursos”, agrega Giraldo.

El Gobierno menciona que ya ha irrigado recursos a 1.597 hospitales, clínicas y proveedores de salud, pero no con todas ellas se ha hecho el seguimiento de cuánto dinero proviene del Acuerdo y cuánto no, hasta ahora se está haciendo un piloto con las entidades más complejas y grandes.

“Indudablemente, que entren estos dineros y se pueda aclarar de dónde vienen genera un alivio, pero como los volúmenes de prestación de servicios son tan altos y la cartera se está generando día a día, si no se complementa con lo que falta de Punto Final, que son $1.3 billones, el efecto no es tan fuerte como uno quisiera. Hay que reconocer que esto es un avance, pero siempre queda faltando algo porque el volumen de operación de este sistema asistencial es muy grande”, finaliza Giraldo.

¿Y las demandas en curso?

Cuando el Gobierno se inventó el Acuerdo de Punto Final buscó que las EPS desistieran de las demandas que tenían y tienen contra el Estado en los estrados judiciales para el pago del dinero de las deudas, algo a lo que muchas acudieron cuando el Estado no tuvo más plata para pagar. Antes de recibir el dinero, a las EPS se les exige firmar lo que se llama un contrato de transacción en el que ellas se comprometen a no demandar después de recibir el dinero. ¿Por qué era necesario hacer esto? Porque tras la auditoría de las cuentas de cobro, la ADRES no necesariamente tiene que aprobar todas las facturas que pasan las EPS.

De hecho, según datos oficiales, la ADRES revisó miles de cuentas de cobro por un valor de $14,3 billones en los últimos 3 años, pero actualmente estamos hablando de un pago que implica solo la mitad de ese dinero. Así que como algunas EPS recibirían menos dinero del que exigían sin poder demandar al Estado por la plata restante, eso despertó temores en esas entidades y algunas desistieron de llevar sus facturas al Acuerdo. Tanto ha representado ese problema que el gobierno anunció recientemente que cambiará esa exigencia.

“Muchos de ustedes nos decían que nos acogemos al esquema de Punto Final, pero entonces tenemos que hacer un desistimiento total de nuestras demandas. Lo primero que yo quiero decirles es que ya hemos dado un paso importante con el ministerio de Hacienda y estaremos emitiendo un decreto en los próximos días que permite el desistimiento parcial, de tal manera que esto también les dé tranquilidad a los actores y que avancemos en esta importante medida”, señaló Iván Duque respecto a este tema. Según nos confirmó María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social del Ministerio de Salud, estas demandas representan cerca de 860 mil millones.

¿Cómo garantizar que esto no se repita?

Durante alrededor de 20 años se acumularon deudas por servicios de salud, tratamientos, medicamentos, procedimientos nuevos, que no estaban garantizados en el plan básico de salud colombiano. La magnitud del esfuerzo actual para pagar, coinciden las personas que consultamos, no es algo que se pueda repetir en un futuro cercano. La pregunta entonces es cómo se va a evitar que esto vuelva a pasar.

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue ampliar el Plan de Beneficios en Salud. “Modificamos la metodología para reconocer y pagar de forma más eficiente los servicios y garantizar la prestación integral de los mismos”, señala Godoy.

Ella explica que se ha incluido bajo la financiación de la UPC (el dinero que se gira por su salud y con el que se paga el plan de beneficios), el 97 % de los procedimientos que se pueden practicar en el país (hasta el 2021 cubría el 89%) y el 96.3% de los medicamentos que se pueden prescribir en el año 2022 (hasta el 2021 cubría el 60%).

La lógica de lo anterior es simple: mientras más robusto y completo sea el plan de salud, menos posibilidad habrá de que haya algo que no esté cubierto. Pero seguirán existiendo medicamentos, tratamientos y demás que no están cubiertos, entonces el gobierno se inventó lo que llamó presupuestos máximos.

“Es un presupuesto adicional que se entrega mensualmente a las EPS y corresponden a servicios que por su alto costo o baja frecuencia de uso no afectan a toda la población y requieren de mayor seguimiento específico” explica Godoy.

“Es muy temprano para saber si esa nueva prima va a ser suficiente. Como ya es una prima, a las EPS les va a tocar sentarse a negociar por volumen, a hacer acuerdos de gestión de riesgo, campañas de promoción y prevención, auditorías médicas, y si hacen eso, los costos se van a bajar muchísimo. ¿Lo suficiente para que el dinero alcance? Hay que revisarlo a finales de año. Pero este presupuesto solo cubre a las tecnologías que entraron en 2020 y 2021, pero si en mayo entra un tratamiento milagro para el cáncer, por ejemplo, ese se tendrá que cobrar por recargo”, finaliza Morales.

Pero eso ya serían casos muy particulares: “servicios y tecnologías nuevas que ingresan por primera vez al país, para la cuales no existía un equivalente ya financiado en el país, y las tecnologías para atender a pacientes que se diagnostican por primera vez con una enfermedad huérfana o rara, teniendo en cuenta que se requiere mayor análisis de estos casos y que por el alto costo de estos tratamientos se puede descompensar financieramente el cálculo del presupuesto máximo. Creemos que, con esto, se disminuye sustancialmente el mecanismo de recobros”, agrega Godoy.

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