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El Gobierno de Gustavo Petro expidió por decreto este jueves el presupuesto general de la Nación para 2025, y las noticias para el sector salud no son alentadoras. Las principales instituciones públicas del sector, desde el Ministerio de Salud y Protección Social, hasta el Invima y la Superintendencia Nacional de Salud, recibieron menos recursos de los que habían solicitado para cumplir con sus obligaciones.
El caso más significativo es el del Ministerio de Salud, la entidad rectora del sistema de salud en Colombia. Para 2025, el Gobierno le asignó un presupuesto de $65,1 billones, ligeramente superior a los $61,2 billones recibidos en 2024. Dada la situación fiscal del país y la caída en el Congreso de la ley de financiamiento que buscaba más recursos para el próximo año, el Ministerio ha señalado que mantener el presupuesto sin recortes refleja un compromiso del presidente Petro, que merece ser destacado.
Sin embargo, los $65,1 billones asignados al Ministerio de Salud para 2025 están lejos de la cifra que la propia entidad consideraba necesaria. “Nos preguntan si consideramos que eso es suficiente. No. Todos necesitamos más plata. Yo considero que nos harían falta aproximadamente unos $11 billones para, muy especialmente, atender el aseguramiento (UPC) y los presupuestos máximos”, reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un debate de control político de hace unos meses en el Congreso.
A esto se suma el hecho de que la Ley de Financiamiento que había propuesto el Gobierno no fue aprobada por el Congreso. Esto implica que el presupuesto para 2025 cuenta con $511 billones de ingresos, pero proyectó $523 billones de gastos. El déficit de $12 billones será suspendido en el gasto del presupuesto durante los primeros días de enero, según informó el Gobierno.
El Ministerio había solicitado un aumento de mínimo el 27 % ($15,8 billones) en los recursos de funcionamiento y un 83 % ($1,6 billones) en los de inversión, proyectando un presupuesto total de $74,6 billones para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esto deja al Ministerio enfrentando un déficit de por lo menos $9,5 billones, lo que posiblemente va a afectar algunos objetivos de Minslaud.
Por ejemplo, la ampliación de la infraestructura hospitalaria, un componente esencial para garantizar el Derecho a la Salud y uno de los objetivos al que más atención le ha dado el ministro de Salud, presenta un déficit de $991 mil millones, estimó una comisión accidental en el Congreso durante septiembre pasado y manejando las mismas cifras que hoy son una realidad. De igual manera, el proyecto de promoción de la salud y prevención de enfermedades muestra un déficit de $191 mil millones, equivalente al 12,5 %.
Según estimaba entonces esa comisión, los proyectos relacionados con la regulación de tecnologías en salud y la optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud también reflejan brechas importantes. Presentan déficits del 8,4 % y 0,9 %, respectivamente. Aunque en términos absolutos estos requieren menos fondos, la falta de financiamiento amenaza con comprometer la capacidad del sistema para atender de manera eficiente y oportuna las necesidades de la población, advertía el Congreso. Pero Minsalud no es la única entidad en el sector que está desfinanciada. Otras tienen peores escenarios.
Invima y Supersalud
El Gobierno Nacional asignó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) un presupuesto de $242.764 millones para 2025, una cifra inferior a los $257.665 millones que tuvo en 2024. El Invima es una entidad clave en el sistema de salud, pues es la responsable de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, alimentos y dispositivos médicos que llegan a los colombianos.
El 23 de marzo de 2024, el Invima le pidió al Ministerio de Hacienda la aprobación de un presupuesto para el próximo año de $643.000 millones de pesos. Ese monto serviría, justificó el Invima, para realizar una restructuración y rediseño interno que permitiría tener una planta de 3,371 funcionarios, que la entidad considera clave para fortalecerse y que es un objetivo de su director, Francisco Rossi. Entre esa solicitud y el presupuesto con el que la entidad efectivamente contará en 2025, hay una diferencia de $400.236 millones, es decir, alrededor de $0,4 billones de pesos, lo que representa un déficit del 62,2 % frente a lo solicitado.
Hace unas semanas, El Espectador habló con Rossi y le preguntó por la posibilidad de ese desfinanciamiento, que hoy es una realidad, y sobre los impactos que eso tendría en el rediseño interno de la institución. “La razón por la cual Hacienda nos está dando esa respuesta es la razón por la cual le está dando la misma respuesta a todo mundo. La situación fiscal es muy complicada. Estamos recibiendo apoyo de la Andi, de las cámaras de comercio, buscando apoyo en la OPS (Organización Panamericana de la Salud), embajadas y cooperación internacional, para poder cumplir con ese plan de rediseño. Yo creo que el rediseño, tal como lo habíamos concebido con los $600.000 millones, era muy difícil. Era difícil dar ese salto”, nos contestó.
La situación del Invima presenta un par de retos adicionales este año. Por un lado, la entidad debe someterse a evaluaciones internacionales para revalidar su estatus como instituto de salud de referencia en Latinoamérica, lo que implica demostrar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia en la vigilancia de medicamentos, alimentos y dispositivos médicos. Por otro lado, enfrenta las órdenes judiciales del Tribunal de Cundinamarca, que le exigen continuar con el Plan de Desabastecimiento de Medicamentos, lo que probablemente requerirá la contratación de nuevo personal.
En una situación similar se encuentra la Superintendencia Nacional de Salud. El Gobierno Nacional le asigna para 2025 un presupuesto de $326.211 millones, un poco más de los $308.895 millones que tuvo en 2024, pero un 20,79% lejos de lo que la entidad pidió, que ascendía a $411.827 millones.
La entidad pedía ese incremento para fortalecer acciones de control y vigilancia en el sector. No hay que olvidar que la Supersalud tiene intervenidas alrededor de 9 EPS que afilian a más de la mitad de la población de Colombia, sin contar la intervención que mantiene sobre decenas de hospitales, clínicas y las investigaciones sobre otros actores como algunos gestores farmacéuticos. En una respuesta que la Supersalud envió a la Cámara en agosto pasado, justificaba la necesidad de ese presupuesto.
Prometía, por ejemplo, optimizar los mecanismos de administración de justicia de la Supersalud para resolver los conflictos entre los actores del sistema de salud y fortalecer la protección de los usuarios del sistema de salud, mejorando los mecanismos de inspección y vigilancia. Además, buscaba financiar un proyecto destinado a mejorar la supervisión y el control de la gestión en el sistema de salud.
De hecho, en la Comisión accidental que el Congreso hizo para analizar los pedidos de presupuestos de las entidades, los congresistas estimaron que la Supersalud necesitaba ese aumento de recursos para gestionar alrededor de 2.471 casos (expedientes) relacionados con sanciones y solicitudes de investigación. Estos casos, decía la comisión, están en riesgo de ser olvidados o no ser procesados a tiempo, ya que el personal disponible no es suficiente para completar todo el trabajo en menos de seis meses. Esto es especialmente crítico para los casos que tienen plazos límite en 2024 y los que tienen plazos más adelante, en 2025.
Los congresistas advertían algo aún más importante: “Actualmente (el informe tiene fecha del 11 de septiembre de 2024) existen más de 13.000 IPS y EPS no ordenadas (liquidación voluntaria u ordenada por otra autoridad) reportadas. Se requiere realizar visitas en campo periódicamente. Los recursos asignados son insuficientes, por lo cual solo podrían llevarse a cabo 4 visitas de seguimiento a las entidades no ordenadas”, escribían. Es decir, los congresistas señalaban que debido a los recursos limitados, la Supersalud solo podrá realizar 4 visitas de seguimiento a todas estas entidades, lo que implica que la mayoría de ellas no recibirán la supervisión necesaria para asegurar que cumplan con las normativas o se liquidarán como corresponde.
Instituto Nacional de Salud
Inicialmente, el Instituto Nacional de Salud (INS) sustentó la necesidad de tener un presupuesto para 2025 de $192.515 millones. Recursos solicitados, entre otras cosas, en razón del riesgo de nuevas pandemias u otros eventos de interés en salud pública, como la actual “emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de viruela símica (mpox)”, dijo cuando esa emergencia estaba en su peor momento. No obstante, en atención a recomendaciones del Ministerio de Hacienda, el INS bajó su solicitud a un presupuesto de $142.500 millones (lo que ya implicaba una reducción de $50.014 millones).
Finalmente, el Gobierno Nacional asignó al INS un presupuesto de $110.875 millones para 2025. Esta cifra no solo es inferior a los $142.500 millones solicitados, sino que también es más baja que el presupuesto de $119.702 millones con el que el INS operó en 2024 y más baja que la que el mismo Gobierno Nacional había propuesto en su proyecto inicial de presupuesto, de alrededor de $123.760 millones.
El INS respondió a varias preguntas de la Cámara de Representantes en agosto pasado en un debate de control político, y en esa comunicación dejó claro que el presupuesto de 2024 no fue suficiente, y que el presupuesto de $123.760 millones que esperaba para 2025 tampoco lo sería. Por lo tanto, es aún más preocupante que el presupuesto final asignado sea de solo $110.875 millones para el próximo año.
El déficit de recursos está dificultando que el Instituto Nacional de Salud (INS) cumpla con su misión principal. Esto, le respondió el INS a los congresistas, incluye áreas como el “desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas”, la “investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina”, y la “promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios de acuerdo con las prioridades de salud”.
También se vería afectada la “vigilancia y seguridad sanitaria en los temas de su competencia”, la “producción de insumos biológicos”, y su rol de “laboratorio nacional de referencia y coordinador de las redes especiales” dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según respondió el INS.
El instituto resaltaba algo clave: los recursos solicitados estaban directamente relacionados con las políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, como el “Sistema de información único en salud”, la “Reindustrialización” y la “Soberanía Sanitaria”. Sin embargo, advertía, el déficit de recursos hace imposible llevar a cabo acciones para cumplir con lo establecido en dicho plan, incluyendo objetivos como “Seguridad humana y justicia social” y componentes clave como “hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo”.
De esta manera, las principales entidades del sector salud en Colombia suman un déficit conjunto de más de $10 billones de pesos que, dicen todas, va a dificultar el cumplimiento de sus funciones y de los objetivos que tienen, según el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro.
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