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Procuraduría suspende provisionalmente a agente interventor de la EPS Asmet Salud

La Procuraduría suspendió provisionalmente a Lain Eduardo López, el actual agente especial interventor de la EPS Asmet Salud. La medida se adoptó debido “al detrimento de la sostenibilidad financiera de la entidad”. El órgano de control también abrió investigación a exinterventores de la entidad.

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19 de marzo de 2026 - 07:04 p. m.
Imagen de referencia. La EPS Asmet Salud tiene cobertura en 12 departamentos.
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Foto: Supersalud
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La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente, por tres meses, a Lain Eduardo López Martínez, el actual agente especial interventor de la EPS Asmet Salud. El órgano de control tomó la medida debido al presunto deterioro de la prestación del servicio de salud a los usuarios de la entidad.

Además, el ente disciplinario decidió abrir una investigación a los exagentes especiales interventores de Asmet Salud desde la vigencia de 2023. Se trata de Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.

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La delegada para la Vigilancia Administrativa de la Procuraduría busca esclarecer “si los funcionarios públicos incumplieron con sus obligaciones, debido a que, al parecer, se incrementaron las peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias (PQRS), acciones de tutelas e incidentes de desacato durante la intervención forzosa administrativa de la EPS”.

El organismo de control también aspira establecer las razones por las que, presuntamente, existe un deterioro importante de la sostenibilidad financiera de la entidad, en el aumento de la siniestralidad, de una contratación irregular y de los pasivos, así como en una posible disminución del patrimonio, los activos, las condiciones tecnocientíficas y administrativas de la EPS.

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La medida fue tomada luego de que la Procuraduría realizara visitas preventivas para corroborar si, desde que Asmet Salud está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, las acciones de los servidores públicos no han contribuido al mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud.

El Ministerio Público pretende comprobar si, por el contrario, se ha dado una presunta precaria e ineficiente atención para los 1.585.721 afiliados (96% de ellos del régimen subsidiado) de la entidad. “Por lo tanto, se ordenaron las prácticas de pruebas necesarias que aclaren los hechos que son motivos de la presente investigación”, indicó la Procuraduría.

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