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El Congreso de Colombia aprobó en último debate un proyecto de ley que “crea” una regulación para el consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores en el país. El “crea” es relativo, pues el proyecto, liderado por los senadores Norma Hurtado Sánchez y José David Name, lo que hace en realidad es incorporar estos productos en el marco regulatorio establecido en la Ley 1335 de 2009, conocida como la “Ley Antitabaco”.
Por eso, para entender lo que cambia con este proyecto (al que le falta la conciliación y la sanción presidencial), hay que entender la Ley Antitabaco. Esta norma fue promulgada en 2009 por la entonces congresistas Dilian Francisca Toro (hoy gobernadora del Valle del Cauca) y tuvo como objetivo principal regular el consumo de tabaco y proteger la salud pública. Entre sus disposiciones, se incluyen restricciones sobre la publicidad de productos de tabaco, la prohibición de fumar en lugares cerrados de acceso público, y la implementación de medidas para prevenir el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes.
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¿Cómo lo hace? Por ejemplo, la ley prohíbe fumar en lugares cerrados de acceso público, como restaurantes, bares, oficinas y otros espacios similares. Además, impone restricciones significativas a la publicidad y patrocinio de productos de tabaco, con el objetivo de reducir la exposición del público, especialmente de los jóvenes, a mensajes promocionales relacionados con el tabaco. Debido a esto, por ejemplo, varias empresas tuvieron que retirar el patrocinio de grandes eventos en Colombia, entre los que se contaba la liga de fútbol.
Además, la Ley Antitabaco establece la obligación de incluir advertencias gráficas impactantes en los paquetes de productos de tabaco, con el fin de informar sobre los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco. Esto explica las imágenes de personas enfermas en las cajetillas de cigarrillos tradicionales. La ley también regula la publicidad de productos de tabaco en medios electrónicos, como la televisión o la internet.
Con el proyecto de los senadores Hurtado y Name, los “derivados, sucedáneos e imitadores” de tabaco, entre los que están los cigarrillos electrónicos y vapeadores, quedan bajo esas mismas restricciones. Esto significa, en la práctica, que quieres consuman esos productos, tendrán las mismas limitaciones que los que consumen cigarrillos tradicionales: por ejemplo, los espacios libres de humo también serán libres de vapeo, las empresas tendrán limitado el patrocinio y publicidad de estos en grandes eventos y en canales como la televisión.
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Entre otras medidas, la ley también establece la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del consumidor respecto a estos productos. Y prohíbe su venta a menores de 18 años en cualquier tipo de comercialización, y reglamentación de ventas por internet. “Este es un gran logro para la salud pública y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes que están expuestos a estos dispositivos que pueden contener nicotina y/o sustancias químicas cancerígenas relacionadas con trastornos cardiacos y pulmonares. 15 años después de la Ley 335 de 2009, logramos modernizar ese marco normativo. Las nuevas generaciones le agradecerán esta decisión al Congreso de la República”, afirmó la senadora Hurtado, del Partido de la U.
Este proyecto tuvo un largo trasegar en el Congreso. Fue radicado el 20 de julio de 2022 en la Comisión Séptima del Senado. Allí fue aprobado en primer debate el 09 noviembre 2022, tras lo cual pasó a plenaria de Senado, donde tuvo luz verde el 13 diciembre 2022. El tercer debate se desarrolló en la Comisión Séptima de la Cámara, donde se demoró un tiempo, pues los congresistas decidieron crear una comisión técnica para discutir asuntos como la reducción de riesgo, una tesis que defiende la industria tabacalera. Finalmente, fue aprobado, para pasar a plenaria de Cámara en cuarto y último debate. Allí se aprobó este miércoles.
La industria tabacalera también estaba esperando una regulación, aunque propendía porque esta fuera diferenciada, es decir, que creara un marco regulatorio específico para estos productos, y no que se incluyeran dentro de la Ley Antitabaco. Lo pedían con base en algo que se conoce en el mundo de la salud como “reducción de riesgo y daño” que defiende, en términos simples, que estos nuevos dispositivos pueden representar una alternativa menos perjudicial en comparación con los cigarrillos tradicionales.
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No hay un consenso completo sobre esa idea. Hay países como Reino Unido en donde la Agencia de Salud Pública de Inglaterra (Public Health England - PHE) ha sido particularmente proactiva en reconocer el potencial de los cigarrillos electrónicos como herramienta para dejar de fumar, y ha respaldado su uso en ciertos contextos muy controlados. La Organización Mundial de la Salud ha señalado, a su vez, que la evidencia científica aún está en evolución, y que se necesita más investigación para comprender completamente los riesgos y beneficios asociados con estos dispositivos. En general, sin embargo, este organismo se ha mostrado preocupado por la falta de regulación y la posibilidad de que estos productos lleguen a las nuevas generaciones y se conviertan, de facto, en un ingreso al mundo del tabaco.
La regulación diferenciada que proponía la industria se basaba no solo en el reconocimiento de la reducción de riesgos, sino también en otros principios como que estos productos no lleguen a manos de niños y adolescentes, la limitación en la publicidad y una información clara a los usuarios. Aún no se conocen reacciones de dichas empresas a la aprobación de la nueva normativa. Entre tanto, organizaciones de la sociedad civil y congresistas aplaudieron la aprobación del proyecto de ley, como contamos aquí.
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