La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad de control y vigilancia en Colombia que puede y suele ordenar las medidas de intervención para liquidar EPS que han sido noticia en Colombia. Pero esta entidad también tiene un papel cuando son las EPS las que, voluntariamente, piden abandonar el sistema de salud, como acaba de ser noticia con la EPS Compensar. En ese caso, la Supersalud “ejercerá inspección, vigilancia y control sobre los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud”, dice la entidad.
En su manual sobre los procesos liquidatorios, la entidad señala que a esta liquidación voluntaria se aplican las disposiciones previstas en el Código de Comercio. “La disolución de la sociedad conlleva la imposibilidad para la entidad de realizar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conserva su capacidad jurídica únicamente para llevar a cabo los actos necesarios para su liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 222 del Código de Comercio”, se puede leer. Compensar EPS, en este caso, pierde su capacidad para seguir prestando servicios de salud, situación que implica que ya no estará sometida al control de la Supersalud “salvo para garantizar los derechos de los afiliados y los recursos del sector salud”.
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En el caso en el que la entidad en el proceso de liquidación voluntaria aún cuente con afiliados, como es el caso de Compensar, a estos se debe garantizar el servicio de salud con calidad. La EPS, como acaba de hacer Compensar, debe informar de su intención de ser liquidada voluntariamente. La Supersalud evaluará la solicitud y verificará que la EPS cumpla con los requisitos legales para la liquidación voluntaria. Entre esos requisitos, está, por ejemplo, la presentación de los estados financieros actualizados, un plan de pagos para las obligaciones pendientes y la información sobre los afiliados y la red de prestadores de servicios.
De hecho, en la comunicación pública, Compensar señala que presentará en los próximos días un cronograma de conciliación de las cuentas con su red de prestadores y proveedores de servicios de salud, “teniendo claro que a la fecha la entidad tiene paz y salvo con su red de prestación hasta diciembre de 2022, por lo cual la liquidación contemplaría casi en su totalidad solo la operación de 2023″.
“Es un camino que, entre todos, es el más beneficioso tanto para pacientes como proveedores. Para pacientes, porque van a tener la garantía de que el servicio y van a ser reasignados, y para proveedores, porque existe el compromiso de hacer un plan de pagos en donde se garantice el pago de la totalidad de la deuda”, nos dijo una persona que lidera un importante actor en el sistema de salud.
La Superintendencia podrá solicitar información adicional a la EPS o realizar visitas de inspección. Si la Supersalud aprueba la solicitud, emitirá una resolución que ordena la liquidación voluntaria de la EPS. Se pasará, entonces, a ordenar un liquidador que será responsable de llevar a cabo el proceso de liquidación de la EPS de manera ordenada: esto implicar evaluar los activos y pasivos de la EPS, determinar la situación financiera, resolver compromisos pendientes, garantizar la continuidad de la atención a los afiliados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales. Si la Superintendencia Nacional de Salud deniega la solicitud, la EPS podrá subsanar las deficiencias y volver a presentarla.
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El liquidador deberá encargarse de pagar las obligaciones pendientes de la EPS, transferir los afiliados a otra EPS, vender los activos de la EPS y cerrar la EPS. Este proceso no es inmediato, puede demorarse más de un par de meses. Durante ese tiempo, Compensar no puede dejar de prestar servicios y, de hecho, la EPS se comprometió a no hacerlo: Compensar espera que la solicitud de retiro y liquidación voluntaria de su programa de EPS sea aceptada por la Superintendencia Nacional de Salud, y continuará atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible, hasta el último día en que estén a su cargo, realizando una entrega ordenada de la población a la entidad que el gobierno defina”, dice la EPS en un comunicado.
La entidad había alertado desde 2023 de su difícil situación financiera. En 2022, sus pérdidas fueron de $139.000 millones y proyectaban unas pérdidas de $97 mil millones para el 2023. Además, indicaban que el porcentaje de inversión por persona era de 113% respecto al monto que estaba recibiendo por concepto de UPC, es decir, la plata que le da el Estado a las EPS por cada usuario. En 2022, añadían, la insuficiencia de la UPC fue de $494 mil millones. Por otra parte, la deuda que tenía entonces de presupuestos máximos era de $173 mil millones y su cartera de tratamientos que no estaban en el PBS era de más de $89 mil millones. Mientras tanto, el valor de su nómina por año era de más de $260 mil millones.
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