En la mañana de este lunes, Julián Quintana, abogado del representante legal de Coosalud EPS, anunció que radicó una denuncia ante la Fiscalía contra el interventor Jorge Orlando Suárez “por negarse a cumplir la orden del Tribunal de Bolívar y no hacer entrega inmediata de la EPS”.
Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió las resoluciones que ordenaron y prolongaron la intervención de la EPS Coosalud, en respuesta a una acción popular que pedía esta medida cautelar debido a que la toma forzosa realizada por la Superintendencia de Salud no habría demostrado ser efectiva.
En contexto: Tribunal suspendió provisionalmente la intervención de Coosalud EPS.
Luego de conocerse la medida, Jaime González, representante legal de Coosalud, ha denunciado que el Gobierno Nacional, a pesar de la orden vigente del alto tribunal, no ha hecho entrega de la EPS a sus dueños.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a la decisión judicial y, a través de sus redes sociales, sostuvo que “el magistrado que le devuelve de manera inmediata Coosalud a los corruptos debe ser demandado ante la justicia. Necesitamos una justicia que ayude a devolverle la salud al pueblo y no que apoye a los criminales”.
Ante esta situación, Quintana, abogado del representante legal de Coosalud, anunció que, además de la denuncia ante el ente acusador, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación ante la supuesta negativa del gobierno de hacer entrega de la EPS.
Según se lee en el documento radicado ante la Fiscalía, Quintana denunció al interventor de la EPS por los delitos de “prevaricato por acción, usurpación de las funciones públicas y fraude a resolución judicial”.
En esta misma línea, en la queja disciplinaria ante el ente de control se denuncia al interventor Jorge Orlando Suárez de los mismos delitos.
Por el momento, la Supersalud no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, desde la Superintendencia de la Economía Solidaria se ha informado que las decisiones del alto tribunal no aplican para la intervención que se aplica a la cooperativa Coosalud.
Por su parte, este lunes, en entrevista con 6AM W, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, aseguró que durante el proceso de intervención se han hecho “hallazgos sumamente graves” sobre Coosalud y la cooperativa.
La decisión del tribunal
Como contamos en esta nota, la decisión del tribunal respondió a una acción popular presentada por Jaime González Montaño y Natalia Largo González, quienes aseguraron que “la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”.
Al analizar estos y otros argumentos, el tribunal decretó la suspensión provisional de las resoluciones mediante las cuales la Superintendencia Nacional de Salud dispuso la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a COOSALUD EPS S.A.; y, otra emitida el 21 de noviembre de 2025, por la cual prorrogó la medida de intervención por el término de un año.
“Ante la evidencia de que la prolongación de la medida administrativa no ha logrado los objetivos de saneamiento previstos, sino que ha profundizado el riesgo para la colectividad de afiliados y el goce efectivo del derecho a la salud, resulta imperativo para el juez constitucional intervenir mediante el decreto de la medida cautelar solicitada, con el fin de evitar la consolidación de un perjuicio irremediable y restaurar la eficacia de los principios de la función administrativa”, se lee en el documento.
En particular, el tribunal encontró que, a pesar de que la intervención de la EPS estuvo justificada en el objetivo de estabilizar financieramente y operativamente la entidad, esto nunca se materializó.
Como se señala en el auto que decreta la medida cautelar, después de la intervención de la EPS Coosalud se reportó un mayor número de quejas y acciones de tutela en su contra. Además, los indicadores financieros registraron un deterioro significativo. El incremento “exponencial” de la insatisfacción de los usuarios (107.252 PQR), sumado a la inestabilidad en la dirección.
Uno de los indicadores que se señala en el documento se refiere al incremento del 21 % en el número de acciones de tutela por asuntos relacionados con la prestación del servicio de salud, pasando de 16.771 en la vigencia 2024 (año de la intervención) a 20.216 al cierre de la vigencia 2025.
En contexto: Procuraduría suspende por tres meses al interventor de Coosalud EPS y abre investigación.
“El plan de acción no ha mostrado resultados satisfactorios, al punto de no contener una mejoría en la gestión de la administración; no se observa el cumplimiento de las acciones de mejora que dieron lugar a la intervención, lo que incluso hubiese justificado su continuidad”, se lee en el documento.
Además de la suspensión de las resoluciones, el tribunal ordenó a la Contraloría y la Procuraduría realizar un acompañamiento, vigilancia administrativa, financiera y técnica a la EPS.
Vale recordar que la medida cautelar no implica una decisión de fondo, “ni enmarca un estudio de legalidad frente a los actos administrativos objeto de controversia, sino que se realiza de cara a la necesidad de amparo cautelar del derecho colectivo sujeto de la presunta amenaza o afectación, con ocasión de la materialización de los actos suspendidos”, según se lee en el documento.
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