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Este 1.º de septiembre el gobierno de Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, mostró sus cartas con la radicación de una nueva ley de financiamiento (en la práctica, una tributaria para cubrir el presupuesto), en la que nuevos impuestos a cigarrillos y vapeadores representarían más de $1 billón para 2026.
Según indicó en la exposición de motivos de la ley, que fue presentada este lunes ante el Congreso, el Ministerio de Hacienda propone mantener un impuesto ad valorem (es decir, uno que se calcula como un porcentaje del valor del producto) del 10 % para cigarrillos y establecer un impuesto ad valorem del 30 % para vapeadores o cigarrillos electrónicos.
“Se propone aumentar el gravamen para la presentación sólida en cajetilla de 20 unidades, o proporcional, de $4.068 a $11.200. Para la presentación sólida no en cajetilla, tal como la nicotina oral, el impuesto pasaría de $324 por gramo a $891 por gramo. Finalmente, se incluiría un impuesto específico para la presentación líquida (vapeadores o cigarrillos electrónicos) de $2.000 por mililitro”, se lee en el documento presentado por el Minhacienda.
De aplicarse estas medidas, se proyecta que el consumo anual de cigarrillos disminuiría de 409 millones de cajetillas de 20 unidades a 244 millones, lo que representa una reducción del 40,4%. Asimismo, se estima una caída en el consumo de vapeadores, pasando de 134 millones de mililitros millones a 67 millones de mililitros, equivalente a una reducción del 49,9%.
“En cuanto al impacto fiscal de las medidas propuestas, se estima que el recaudo adicional sería de más de un billón de pesos para 2026. Particularmente, por concepto de impuestos a los cigarrillos aumentaría anualmente en $762.000 millones, mientras que para los vapeadores se proyecta un recaudo anual de $309.000 millones para 2026″, indicó el Ministerio de Hacienda.
Para justificar la medida, el Gobierno Nacional señaló que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco deja saldo anual de aproximadamente 8 millones de muertes a nivel mundial. Además, hizo énfasis en los riesgos que implica el aumento del consumo de vapeadores en los más jóvenes en el país. Por ejemplo, según datos del Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de 2022, el 11 % de este grupo poblacional reportó consumir cigarrillos electrónicos en el último mes, frente a 4,5% en el consumo de cigarrillo convencional.
“Los vapeadores se han convertido en una nueva vía de administración de nicotina, generando dependencia y múltiples efectos nocivos en sus consumidores. Niños, adolescentes y jóvenes son particularmente vulnerables, presentando una mayor incidencia de síntomas bronquíticos entre los usuarios adolescentes de cigarrillos electrónicos”, aseguró el Ministerio de Hacienda, en el documento.
De acuerdo con la cartera de Hacienda, el objetivo de estos impuestos es, por un parte, desincentivar el consumo de estos productos y, por otro lado, disminuir la presión fiscal relacionada con los costos sanitarios asociados a enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco que, para 2017, superaron los $6,5 billones de pesos anuales, a los que se suman $11 billones por “pérdidas de productividad”.
¿Cómo se estructuraron estos impuestos? Según explicó el Ministerio de Hacienda, los valores de los impuestos sigue las recomendaciones del Manual de impuestos al tabaco de la OMS, que propone la siguiente estrategia de la siguiente manera:
• Que a los Productos de Tabaco Calentado se les aplique la misma estructura y tasas de impuesto que a los cigarrillos,
• Que a los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN) se le aplique una tasa lo suficientemente alta de modo que desincentive su uso en jóvenes y no fumadores y que el impuesto se aplique por igual a los sistemas de administración con y sin nicotina,
• Que se considere la posibilidad de gravar a los dispositivos utilizados para consumir los Sistemas Electrónicos Alternativos de Nicotina (SEAN) y los Sistemas Electrónicos Sin Nicotina (SESN), y para el consumo de productos de tabaco calentado.
“Se estima que el precio de los cigarrillos aumentaría en un 57,7% y el de los vapeadores en un 57,2%. Este ajuste acercaría los precios nacionales de los cigarrillos a los estándares observados en otros países de América y contrarrestaría parcialmente el rápido descenso de los precios de los sucedáneos”, argumenta el Ministerio de Hacienda. “La OMS recomienda que los impuestos al tabaco representen al menos el 75% del precio final de la cajetilla, con el fin de lograr una reducción significativa en el consumo y Colombia con este ajuste lograría ese nivel mínimo recomendado”.
El lobby para que no se aprueben impuestos a cigarrillos y vapeadores
La propuesta del Gobierno Nacional no solo tendrá que vérselas con la oposición el Congreso de la República, sino con un fuerte lobby contra este tipo de medidas, como contamos en esta nota.
Vale señalar que, actualmente, estos productos no tienen ningún tipo de tributo específico a su consumo, y han sido varios los proyectos de ley que han buscado, sin éxito, aumentar los impuestos en esta materia.
El último se hundió más de un mes, el 19 de junio, en la Comisión Tercera del Senado. En ese momento, una de las ponentes del proyecto, la representante Carolina Giraldo insistió en que se trataba proyecto para la salud pública. “Nuestras estimaciones indican que un millón de personas dejaría de fumar si se aprobara esta ley. Esto salvaría muchas vidas”. Y, si el argumento sanitario no bastaba, añadió uno más pragmático: aportará $1 billón adicional para las finanzas del Estado.
Identificar con claridad la interferencia de las industrias en el debate de las leyes no es tarea sencilla. “Nos dimos cuenta de que, en el amplio catálogo de tácticas de interferencia, las ilegales son muy pocas. La gran mayoría se mueve en esa línea gris de lo que no está prohibido y, como es permitido, lo hacen a su manera: sin transparencia, de forma cerrada y sin compartir información”, explica Diana Guarnizo, investigadora de Dejusticia y coautora de Diferentes industrias, un mismo manual, un estudio que acaba de ser publicado y que expone las estrategias con las que algunos sectores intentan influir en las discusiones.
Si quiere saber más sobre este tema lo invitamos a leer la nota “El lobby para que el Congreso no apruebe impuestos a cigarrillos y vapeadores”.
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