En un comunicado reciente, Salud Total EPS dio a conocer el caso de una mujer que fue condenada por falsificar una incapacidad médica. La EPS presentó la denuncia penal en contra de la afiliada por el presunto delito de falsedad en documento privado, y un juzgado emitió sentencia condenatoria.
De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, la incapacidad médica presentada por la usuaria ante su empleador habría sido modificada para ampliar el periodo de incapacidad que se había otorgado originalmente. La Fiscalía demostró que el documento auténtico correspondía a un día de incapacidad, pero el documento que utilizó ella registraba tres días.
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Por esta razón, la Fiscalía formuló acusación contra la mujer por el delito de falsedad en documento privado, conducta tipificada en el artículo 289 del Código Penal Colombiano. “El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales emitió sentencia condenatoria en el año 2025, al encontrar acreditada su responsabilidad en la alteración y utilización de la incapacidad médica objeto de investigación”, afirmó la EPS.
Salud Total aprovechó este caso para rechazar cualquier conducta orientada a falsificar, alterar o utilizar indebidamente incapacidades médicas, certificaciones, órdenes, autorizaciones o cualquier otro documento relacionado con la prestación de servicios de salud.
“Este tipo de actuaciones constituye una conducta penalmente reprochable y afecta la confianza de los diferentes actores del sistema de salud. Además, compromete recursos que deben destinarse exclusivamente a la atención de los afiliados y a la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud”, escribieron en un comunicado.
Además, la EPS contó que a la fecha ha presentado más de 4.000 denuncias relacionadas con presuntos delitos en contra del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo alteraciones de incapacidades médicas, falsificación documental y otras conductas que afectan la sostenibilidad del sistema.
Estas, afirman, han sido presentadas ante las autoridades judiciales, los organismos de control y los diferentes actores del sector. “La lucha contra el fraude es una responsabilidad compartida. Proteger los recursos de la salud significa garantizar que estos lleguen oportunamente a quienes verdaderamente los necesitan”.
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