La pregunta que todos se hacen hoy sobre la EPS Sanitas es simple: ¿Y, ahora, qué? ¿Cuál será el futuro de la segunda EPS con más afiliados (5,7 millones), luego de que la Corte Constitucional tumbara la intervención que había hecho en abril de 2024 la Superintendencia de Salud?
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Por el momento, nadie tiene una respuesta clara y, por eso, el grupo Keralty, principal accionista de la EPS, ha pedido paciencia. Juan David Riveros, su abogado en Colombia, dice que necesitan tiempo para entender cuál es la situación en la que está Sanitas, pues asegura que no tienen datos precisos sobre su salud financiera. Tampoco sobre la cantidad de quejas o reclamos que han interpuesto sus usuarios.
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También pide paciencia a las clínicas y hospitales, y para tener un poco más de claridad sobre la decisión que tomó la Corte. Aún no se conoce el fallo; tan solo un par de boletines informativos con los principales detalles. “Nosotros argumentamos que se había violado el derecho fundamental al debido proceso, pues fue una intervención arbitraria”, señala a este diario. Aún no han recibido una notificación formal.
Efectivamente, para la Sala Plena del alto tribunal —como dio a conocer este 27 de junio— “se desconoció el derecho al debido proceso” y la Supersalud actuó de manera arbitraria, pues, entre otras cosas, desconoció que la insuficiencia de la UPC y la falta de reconocimiento oportuno de los Presupuestos Máximos han impactado las finanzas de la EPS.
Con esos vacíos, el grupo Keralty espera que en unos 10 o 15 días pueda retomar el control de la EPS. Eso quiere decir, nombrar una nueva junta directiva, un nuevo representante legal y, “a partir de ahí, empezar a administrar la empresa de nuevo”. Cuando la Supersalud decidió, el 2 de abril de 2024, intervenirla para administrarla, el poder quedó en manos de un agente interventor (hoy es Kemer Ramírez Cárdenas).
La idea, pronosticaron cuatro ex superintendentes con los que conversamos en El Espectador por aquellos días, no iba a salir nada bien. Entre otras cosas, señalaba el ex supersalud Gustavo Morales, porque se “suspenden todos los órganos de gobierno de la compañía: el representante legal, la junta directiva y el revisor fiscal. Además, el Supersalud es quien elige al interventor, pero, a su vez, lo supervisa y lo puede sancionar”.
Pero, como dice Riveros, es mejor no moverse en los terrenos de la especulación, aunque intuye que lo que sucedió en este último año no pinta bien. Dependiendo de lo que encuentren, plantearán un plan de choque ante lo que fue —repite— una “decisión ilegal y arbitraria”. Su sospecha es que hay varios indicadores muy deteriorados.
Pese a esa ausencia, hay unas cifras que muestran algunos indicios. Los estados financieros de EPS Sanitas, que conoció El Espectador, muestran que el 2024 no fue un buen año. En comparación al 2023 (cuando tuvo una utilidad bruta positiva), la pérdida neta se multiplicó por seis: pasó de $146.385 millones a $929.422 millones.
Las razones las señala Sanitas en el documento: entre ellas, hubo una mayor inclusión de nuevos medicamentos en el Plan de Beneficios, pero su bolsa de recursos para pagarlos (la UPC) no creció lo necesario. También indicen que hubo un incremento en el costo médico y el costo operativo se elevó porque hubo más reclamos y tropiezos en la red de atención.
¿Cómo sorteará esa situación la EPS? En unas semanas, prometió Riveros, darán señales. Por ahora, es cuestión de paciencia. Lo que sí tienen claro en Keralty es que, como a su parecer, lo que hizo la Supersalud y el gobierno fue una “estrategia premeditada, arbitraria, malévola y deliberada” —como se lee en el comunicado que expidieron ayer—, continuarán con las acciones legales ante el Estado colombiano y “los autores intelectuales de este despropósito tendrán que rendir cuentas ante los tribunales nacionales e internacionales”. Hoy hay acciones penales ante la Fiscalía; disciplinarias, ante la Procuraduría, y de arbitraje internacional, que buscan una indemnización.
Para el ex superintendente de Salud Fabio Aristizábal, quienes lideraron ese proceso desde la Supersalud no optaron por el camino correcto y, opina, deberían estar un poco preocupados. “Aunque no conocemos el fallo completo, parece que la Corte Constitucional reconoció que tomaron una decisión sin agotar los pasos previos. Hay muchas más herramientas que se pueden usar, antes de decidir una intervención: sanciones, multas, medidas de vigilancia especial… Intervenir era un riesgo”.
Otra de las preguntas por resolver es si la Supersalud puede tomar un nuevo camino frente a Sanitas. Entre las posibilidades que quedan sobre la mesa está la de la liquidación, aunque Aristizábal no cree que den ese paso. La entidad, por el momento, que hoy lidera Giovanny Rubiano, ha guardado silencio. También el ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo.
El que sí se pronunció, además de la larga lista de políticos y actores de la salud, fue el presidente Petro. En varios párrafos publicados en su cuenta de X, dijo que acataba la decisión de la Corte Constitucional. Criticó, al mismo tiempo, a las EPS y le recordó al Congreso que si hoy no aprueba la reforma a la salud, el sistema se va a quebrar. Hoy la Supersalud tiene intervenidas, 8 EPS más.
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Por Sergio Silva Numa
