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Luego de que se conociera la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente los efectos del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, que modifica el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo de Colombia, diferentes agremiaciones y personajes de este sector han expresado su opinión, unas a favor y otras en contra.
El decreto del que hablan ha sido clave para permitir cambios profundos en la organización de las EPS y de las redes de hospitales y clínicas en el país. Desde que se conoció, diferentes personas y asociaciones expresaron su preocupación, pues dicen que con esta medida el Gobierno Nacional estaba reformando el sistema de salud sin pasar por el Congreso.
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Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, quien fue el encargado de presentar la demanda dijo que la decisión del Consejo de Estado “es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el “plan b”, o reforma a la salud vía decreto, se haya empantanado”.
El exministro de salud, Fernando Ruiz, también celebró la decisión. Excelente noticia para el sector salud. Otro golpe a los planes de destrucción de Carolina Corcho, la insensibilidad y carencia de rigor de Guillermo Jaramillo y la tozudez de Gustavo Petro. Miles de pacientes tendrán un alivio mientras se toma una decisión de fondo”.
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Por parte del gremio de las EPS (ACEMI), habló Ana María Vesga, presidente ejecutiva de la asociación, quien recalcó la importancia de la decisión del Consejo de Estado. “Es una decisión en derecho, fundamentada, que respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes”.
Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos. El presidente Gustavo Petro lamentó la suspensión del decreto. “El sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio”, dijo en su cuenta de X.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, calificó de “inadmisible” la decisión. “Atentar contra este modelo es ir en contra de la vida misma. El objetivo del Gobierno, plasmado en el decreto, es garantizar el derecho fundamental a la salud… Hoy la discusión es sobre el vehículo normativo, no sobre la legitimidad del modelo”.
Cabe resaltar que, la decisión es una medida cautelar, y no hay, por ahora, una decisión definitiva.
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