Han sido días turbulentos para Nueva EPS, la más grande del país, responsable del aseguramiento de 11 millones de colombianos. Este fin de semana, tras la alocución de Gustavo Petro, el Gobierno desplegó una campaña de mensajes y piezas visuales en las redes sociales de distintas entidades estatales: desde el Servicio Geológico Colombiano hasta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, todas replicaron la idea central del mandatario: que la delicada situación financiera de Nueva EPS obedece a su manejo antes de la intervención y que, desde entonces, la medida ha contribuido a mejorar las cosas.
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Todo tiene origen en un nuevo informe de la Contraloría que, si bien se difundió desde el pasado martes, apenas se conoció en detalle este fin de semana. El documento, de más de 80 páginas y al que El Espectador tuvo acceso, analiza la gestión de la Nueva EPS durante las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025. La Contraloría se propuso verificar la idoneidad de los procesos de contratación, la correcta constitución de las reservas técnicas, la exactitud en la facturación y pagos a clínicas, el cumplimiento de metas de desempeño, la calidad de la atención a los usuarios y la trazabilidad de los datos reportados.
Las conclusiones, en términos generales, revelan una crisis financiera y administrativa en la EPS más importante del sistema de salud colombiano. La Contraloría encontró que la Nueva EPS concentra gran parte de la administración de la prima en salud en contratos “por evento”, es decir, pagando a la red de prestadores cada servicio que se facture. “Este esquema fomenta la sobreutilización de servicios sin control de costo-eficiencia, desincentiva acciones de promoción, prevención y gestión integral del riesgo, y genera fragmentación en la atención al no garantizar continuidad ni articulación del cuidado, lo cual impacta directamente la calidad del servicio prestado”, se puede leer en el informe.
A esto se suma algo inquietante: la inexistencia de contratos formales en varios casos. Según la Contraloría, sin esto no quedan definidos los derechos, obligaciones ni mecanismos de pago, lo que dificulta el control y la trazabilidad de la plata. En el informe se señala, por ejemplo, que 17 prestadores figuraban en los registros de la Nueva EPS como autorizados para brindar servicios, pese a que no existía contrato formal con ellos.
Uno de los hallazgos más delicados del informe tiene que ver con las facturas pendientes de auditoría en Nueva EPS. Según los registros entregados por la entidad, existían más de 22,7 millones de facturas por procesar, que en conjunto sumaban $22,13 billones (entre 2020 y 2025). Al revisar con detalle la base de datos, los auditores encontraron que cerca de 9,1 millones de esas facturas estaban duplicadas, lo que equivale a alrededor de $8,9 billones en registros repetidos. Tras depurar la información, el valor real de facturas pendientes de revisión de Nueva EPS quedó en $13,17 billones.
La mayor parte de ese monto corresponde a los últimos dos años. De hecho, según se lee en el informe, el 99% del valor pendiente de auditar se concentra en 2024 y 2025, lo que indica que la gran mayoría de las cuentas reportadas por la EPS aún no ha sido revisada ni validada.
Hay que recordar que el Gobierno Nacional intervino Nueva EPS en abril de 2024. Este retraso, dice la Contraloría, implica un riesgo elevado para la exactitud del pasivo financiero reportado, pues sin auditoría no se puede determinar si los gastos fueron pertinentes, si cumplen con los contratos o si cuentan con los soportes necesarios.
Solo 36 clínicas y hospitales concentran el 40% de todo ese total pendiente de facturas por auditar, es decir, cerca de $8,7 billones. Se trata, según se ve en la lista, de algunas de las instituciones de salud más grandes del país, entre ellas hospitales y clínicas de alta complejidad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
Una EPS camino a ser inviable
La Contraloría también advirtió un rápido deterioro en el patrimonio y los pasivos de la EPS. Para llegar a esta conclusión, tomó como referencia los archivos FT003 —que recopilan información contable y financiera que las EPS deben reportar periódicamente a la Superintendencia Nacional de Salud— correspondientes a 2022, 2023, 2024 y los primeros meses de 2025, con corte a diciembre de cada año y a marzo de 2025.
El resultado fue claro: en los últimos 27 meses, el pasivo aumentó un 198%, con un comportamiento particularmente crítico, dice el ente de control, en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), que por sí solo registró un incremento del 208,2%. Este crecimiento puede estar vinculado, se lee en el informe, “a deficiencia de la UPC o a ineficiencia en el control del gasto”. (Puede ver: “Las EPS seguirán quebrándose. No las voy a salvar”: Petro)
El análisis comparado de los catálogos financieros confirma la magnitud del deterioro. En 2022, la entidad reportaba un patrimonio positivo de $485.209 millones; sin embargo, en 2023 pasó a menos (-) $4,95 billones. Para 2024, el déficit se amplió a - $6,69 billones, y en solo tres meses de 2025 (con corte a marzo de ese año) ya acumulaba - $6,26 billones, cifra que iguala casi la pérdida de todo el año anterior. Si la tendencia continúa, se lee en el informe de la Contraloría, el patrimonio podría cerrar 2025 en -$9,16 billones, “proyectando un escenario de inviabilidad estructural que pone en riesgo los recursos del sistema de salud y la atención de millones de colombianos”.
La misma dinámica se observa en los pasivos: en 2022 sumaban $5,42 billones; en 2023, $11,7 billones (un incremento del 115%); en 2024, $18,38 billones (+57%); y a marzo de 2025, $21,37 billones, lo que ya superaba en un trimestre el total del año anterior. De mantenerse este ritmo, dice el informe, el pasivo cerraría el 2025 en $26,39 billones.
El cruce con las cuentas médicas aporta más elementos preocupantes. Mientras el total facturado alcanza $1,39 billones, solo se reconoce $0,99 billones, lo que deja una diferencia de $400 mil millones (28,6%). Para entender esto, hay que explicar que, en teoría, cuando un hospital o clínica presta un servicio, envía la factura a la EPS para que se la pague. El problema es que, de todo lo que se facturó a Nueva (unos $1,39 billones), la EPS solo reconoció como válido $0,99 billones. Eso significa que hay $400 mil millones en el aire, es decir, casi un tercio de lo que pidieron los prestadores no está siendo reconocido.
A esto se suma el tema de las glosas, que son los “reclamos” que la EPS le hace a las facturas de los hospitales porque considera que pueden tener errores, están incompletas o no cumplen con algún requisito legal. En este caso, de los $415 mil millones glosados por Nueva EPS, el 84% sigue sin resolverse (unos $349 mil millones). Apenas el 12% quedó confirmado como glosa en firme (unos $50 mil millones). Todo esto es preocupante para la Contraloría por dos razones: si la EPS no contabiliza esas glosas pendientes como deuda, se corre el riesgo de subestimar los pasivos. Es decir, mostrar en sus estados que debe menos de lo que en realidad podría deber. Si, por el contrario, las cuenta todas como deuda, puede estar sobrestimando los pasivos, inflando artificialmente su déficit.
En ambos casos, el informe deja ver que el problema es de transparencia y confianza en las cifras: nadie tiene todavía claro cuál es la verdadera situación financiera de la entidad.
Precisamente, la Contraloría señala al final de su informe que la falta de trazabilidad en la información, la dispersión de datos sobre radicación, glosas y pagos, y la ineficacia de los comités y controles internos, han creado un entorno de alto riesgo de litigios y contingencias financieras. “Del análisis realizado se evidencia un deterioro progresivo en la situación financiera y administrativa de la entidad, el cual persiste y se profundiza a pesar de la medida de intervención adoptada”, concluye el informe.
¿Mejoró con la intervención?
Contrario a lo insinuado por el presidente, el informe de la Contraloría es contundente: “Lejos de mitigar los riesgos, dicha medida (refiriéndose a la intervención) ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados —endeudamiento, anticipos, patrimonio y reservas técnicas—, lo que sugiere que los mecanismos implementados no han sido eficaces para corregir las deficiencias estructurales identificadas”. (Puede ver: Coquetear con IA: Meta y sus bots controvertidos)
El informe deja ver que la situación de Nueva EPS no era buena antes del 3 de abril de 2024, cuando la Supersalud ordenó su intervención administrativa. Pero tampoco es mejor más de un año después de la medida, como se buscaba. Y un elemento para verlo son las reservas técnicas. En términos simples, se trata de una bolsa de dinero que la EPS debe apartar para cubrir servicios de salud que ya fueron autorizados (por ejemplo, una cirugía, medicamento o tratamiento), pero que todavía no han sido facturados o pagados.
Para el año 2024, el ente de control encontró que la EPS estaba subestimando su deuda en $11,1 billones. Dicho de otra manera, estaba mostrando en sus reportes oficiales menos obligaciones de las que realmente tenía. De esos $11,1 billones, la mayor parte —$9,5 billones— corresponde a deudas ya liquidadas y pendientes de pago que simplemente no aparecían en el archivo financiero. Esto significa que la EPS ya había reconocido que debía ese dinero a proveedores y clínicas y hospitales, por ejemplo, pero al no registrarlo en el reporte oficial daba la impresión de que su situación era más favorable de lo real.
De esos hallazgos, $1,6 billones corresponden a la validación y constitución de reservas técnicas. Según la Contraloría, la EPS no realizó una provisión adecuada, lo que implica un riesgo latente: en el momento de responder por esas obligaciones, podría no contar con los recursos suficientes para hacerlo. En otras palabras, las reservas que deberían garantizar el pago futuro de servicios y prestaciones no están debidamente soportadas. Este vacío revela que, a pesar de la intervención, la entidad no solo continuó acumulando deudas, sino que tampoco logró sanear su contabilidad ni asegurar la solidez de sus reservas.
Otro punto que puede revelar las fallas en la intervención del Gobierno se puede ver en los anticipos. El anticipo es una modalidad de pago que está permitida en el sistema de salud por el decreto 441 de 2022. En palabras simples, significa que las EPS pueden entregar dinero por adelantado a los hospitales, clínicas u otros proveedores de salud.
La idea es que estos prestadores tengan recursos suficientes para atender a los pacientes sin retrasos y puedan organizar mejor su trabajo en el corto, mediano y largo plazo.
La Contraloría ya ha mostrado en informes pasados sus reservas frente al anticipo. En otro informe sobre las finanzas del sistema, explicó que si bien esto “busca incentivar la eficiencia y la continuidad en la atención, puede derivar de una inadecuada ejecución y control de los recursos públicos, especialmente cuando no existen mecanismos robustos de seguimiento a la efectiva prestación de los servicios pactados”. En palabras más mortales, el ente de control cree que el anticipo puede convertirse en un riesgo cuando se entrega plata por adelantado sin tener cómo comprobar con certeza que se usó en lo que debía.
Según el nuevo informe, entre 2022 y junio de 2025, los anticipos sin legalizar (es decir, la plata que aún no se han soportado con facturas o cuentas claras) tuvieron un crecimiento muy fuerte. En diciembre de 2023, el saldo de anticipos era de $3,4 billones.
Solo un año después, en diciembre de 2024 (cuando el Gobierno ya cumplía nueves meses con el control de la EPS), esa cifra se disparó a $8,6 billones, un aumento del 155%. Y el panorama en 2025 es todavía más inquietante: en apenas los primeros seis meses ya se habían acumulado $6,6 billones adicionales, lo que llevó el saldo total de anticipos pendientes a $15,3 billones a junio de 2025. Entonces, aunque la intervención buscaba mejorar el control, la EPS siguió girando dinero adelantado sin lograr que se legalizara de forma oportuna. (Puede ver: Lanzan un plan para frenar aumento de suicidios)
Nueva EPS a los estrados judiciales
Paralelamente a este panorama de cifras, el presidente responsabilizó de la crisis a la anterior administración de Nueva EPS. En ese entonces, la entidad estaba dirigida por José Fernando Cardona y su junta directiva incluía a figuras como Enrique Vargas Lleras —hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras— y Noemí Sanín, excandidata presidencial del Partido Conservador. El Gobierno adelantó que ha enviado la información con la que cuenta a la Fiscalía General de la Nación, que ya hizo una acusación formal.
En la acusación conocida por este periódico (y que se hizo antes de la alocución del presidente), la Fiscalía señala a varios exdirectivos de la Nueva EPS: José Fernando Cardona Uribe, presidente entre 2009 y 2024; Juan Carlos Isaza Correa, vicepresidente administrativo y financiero, también suplente de la presidencia entre 2015 y 2024; Fabián Alberto Peralta Núñez, gerente de cuentas médicas entre 2011 y 2024; y Edgar Pedraza Castellanos, gerente de contabilidad desde 2008 hasta 2024.
De acuerdo con el documento de la Fiscalía, “decidieron no procesar la totalidad de la facturación radicada por las IPS con las que la Nueva EPS tenía contratos”. Esa omisión, según la Fiscalía, produjo un “ocultamiento” de los costos reales de la entidad, lo que impidió que la Superintendencia recibiera información veraz y completa del área de contabilidad. La finalidad de esa maniobra, añade el ente acusador, era alterar los estados financieros para mostrar una situación más sólida de la EPS, aparentando el cumplimiento de requisitos como patrimonio adecuado, capital mínimo e inversión de reservas técnicas.
En el centro de la acusación se encuentra Cardona Uribe, presidente de la EPS hasta la intervención. La Fiscalía sostiene que firmó y avaló estados financieros que no reflejaban la situación real de la entidad, con lo cual ocultó deudas y presentó utilidades inexistentes por más de 70.000 millones de pesos. El vicepresidente administrativo y financiero, Isaza Correa, también es señalado por haber omitido los controles que debía ejercer sobre la contabilidad y las cuentas médicas. Bajo su responsabilidad estaban las áreas clave para garantizar la transparencia de los estados financieros, pero permitió que se ocultara información y que se siguieran presentando reportes falsos a la Supersalud, siempre según la Fiscalía. (Puede ver: Sanitas vuelve a manos de Keralty tras fallo de la Corte)
En la misma línea, dice la Fiscalía, Edgar Pedraza Castellanos, gerente de contabilidad, aparece comprometido por haber preparado y firmado los estados financieros que contenían información falsa. Según la Fiscalía, Pedraza no solo omitió su deber de asegurar que la contabilidad reflejara la realidad de la EPS, sino que participó activamente en la remisión de esos documentos al ente de control, legitimando así la operación fraudulenta.
Finalmente, Fabián Alberto Peralta Núñez, gerente de cuentas médicas, habría contribuido al ocultamiento al limitar el procesamiento de facturas. Esta práctica distorsionó los reportes financieros de la entidad y generó un impacto directo en los indicadores que se presentaron entre 2019 y 2023, con lo cual también facilitó la maniobra de encubrimiento. Por estas conductas, la Fiscalía los acusa de varios delitos: falsedad en documento privado, fraude procesal, peculado por apropiación y omisión de control en el sector salud.
Si bien Cardona y los demás directivos señalados no se han pronunciado individualmente, en junio de 2024 la exjunta directiva de la Nueva EPS emitió un comunicado en el que negó cualquier responsabilidad. En el documento, los exintegrantes afirmaron que, entre 2019 y 2023, nunca fueron informados por el presidente de la entidad, el revisor fiscal ni los auditores sobre la existencia de facturas sin registrar en los estados financieros.
También recordaron que las revisorías fiscales realizadas por Deloitte and Touche y KPMG, así como los dictámenes y opiniones sobre los estados financieros de años anteriores a 2023, fueron favorables y no presentaron salvedades respecto a la veracidad de los datos entregados por la administración a la junta. En cuanto a los estados financieros de 2023, explicaron que estos fueron presentados por la presidencia de la empresa a través del vicepresidente financiero. Ante las quejas por mora en los pagos a proveedores, la junta pidió explicaciones sobre la cartera y las obligaciones pendientes. Según el comunicado de ese entonces, se revelaron pasivos desconocidos asociados a cuentas médicas, lo que llevó a la junta a exigir una revisión exhaustiva. En respuesta, ordenaron contratar de inmediato una revisoría forense independiente y solicitaron un informe adicional.
No es el único pleito juridico en relación a Nueva EPS. Enrique Vargas Lleras dio a conocer que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un proceso penal contra el presidente, tras la denuncia que él interpuso por injuria y calumnia.
Vargas Lleras recordó que el pasado 12 de diciembre de 2024 interpuso la denuncia contra Petro por las reiteradas declaraciones que, a su juicio, fueron difamatorias y dañaron su honra y reputación. En particular, sostuvo que esas afirmaciones pusieron en duda la diligencia con la que ejerció sus funciones en la Nueva EPS y en la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, indicó que el presidente incurrió en calumnia al imputarle delitos sin sustento fáctico ni jurídico, entre ellos corrupción privada, utilización indebida de información privilegiada, homicidio y concierto para delinquir, entre otros.
Así, con todos estos elementos, se define el futuro de la EPS más grande del sistema de salud. En el horizonte se avizoran nuevos cambios: la posibilidad de que el Gobierno Nacional asuma el control total de la entidad —que hoy sigue siendo mayoritariamente propiedad de varias cajas de compensación— y que se rediseñe por completo su esquema de operación. Lo que ocurra en adelante será determinante para sus más de 11 millones de afiliados y para el funcionamiento general del sistema de salud en Colombia.
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