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La reforma de los derechos de autor, muy esperada por los editores de prensa, pero criticada por los gigantes de internet, superó el miércoles una etapa importante con un acuerdo provisional en la Unión Europea (UE), pero ¿cuáles son sus eventuales efectos?
El acuerdo provisional alcanzado el miércoles por la noche por los negociadores del Consejo de la UE, que representa a los países europeos, de la Eurocámara y de la Comisión Europea, debe ser ahora ratificado por las dos primeras instituciones.
"Soy optimista (...) Pero en política nunca se sabe", reconoció el ponente de la directiva por la Eurocámara, el democristiano Axel Voss, precisando que la votación por los eurodiputados podría tener lugar a finales de marzo o principios de abril.
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Hasta el momento, el Parlamento Europeo nunca ha rechazado un acuerdo provisional cerrado entre las tres instituciones europeas, pero esta controvertida reforma ya ha registrado varios altibajos.
Si el texto sale finalmente adelante, los países europeos tendrán dos años para trasponerlo en sus legislaciones nacionales tras su publicación en el Diario Oficial de la UE. Su entrada en vigor efectiva será en el 2021.
Los artículos controversiales
El Artículo 11 de la directiva crea un "derecho conexo" o "derecho afín" a los derechos de autor para la prensa, con el objetivo de que plataformas como 'Google News' o Facebook remuneren mejor a los medios de comunicación (diarios, revistas, agencias) por los artículos que utilizan.Los editores de prensa negociarán con estas plataformas cómo y a qué precios podrán utilizar sus artículos, protegidos durante dos años. También podrán renunciar a este derecho.
Fuera de este principio quedan los "hipervínculos" compartidos entre los internautas, las "palabras aisladas" para describir su contenido o "los extractos muy cortos" de artículos que aparecen en buscadores, agregadores de contenidos o redes sociales.
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El Artículo 13 de la directiva, el otro punto más controvertido de la reforma, exige que los sitios de intercambio de contenido (redes sociales, servicios de video en línea, entre otros) desplieguen una tecnología que filtre automáticamente los contenidos protegidos por los derechos de autor.
De esta obligación, quedarían exentas las pequeñas empresas o 'start-up' que reúnan tres criterios: menos de tres años de existencia; menos de 10 millones de euros de volumen de negocio; menos de cinco millones de visitantes únicos cada mes.
A partir de estos umbrales, las empresas deben impedir la reaparición de contenidos suprimidos y filtrar las publicaciones en línea en función de las listas facilitadas por los titulares de los derechos.
El texto acordado comprende disposiciones para proteger la descarga gratuita y el intercambio de obras con "fines de citación, de crítica, de opinión, de caricatura, de parodia o de pastiche", lo que garantiza que los humorísticos 'memes' y las imágenes animadas GIF sigan estando disponibles.
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La directiva no se dirige a los usuarios. Así, si el video de alguien bailando con una música de fondo estará autorizado, siempre y cuando la plataforma cuente con una licencia para esa música, ya que los acuerdos cubren también el contenido generado por los internautas.
Un internauta podrá interponer un recurso si estima que el contenido que publicó en línea ha sido retirado por error.
¿Cómo responderán las plataformas?
La reacción de las plataformas, como Google, a la nueva directiva es la gran incógnita de todo este asunto.Google también probó recientemente el impacto de la reforma en la UE proponiendo en algunos casos resultados de búsquedas truncados: los titulares o fotos de los artículos buscados faltaban, como si esas páginas no hubieran conseguido cargarse correctamente.
Este invierno, también llevó a cabo una campaña activa contra el Artículo 13, movilizando a 'youtubers' en su sitio web de vídeos en línea YouTube y amenazó con bloquear millones de vídeos.
España y Alemania intentaron sin éxito imponer un derecho conexo. En el primer caso, 'Google News' se retiró simplemente, mientras que, en el segundo, la legislación se suspendió mientras la justicia europea se pronuncia sobre un supuesto defecto de procedimiento.