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Este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tomó una decisión trascendental: otorgarles el derecho a los usuarios de exigir a Google y demás buscadores de internet que borren su información personal conservada en servidores.
De acuerdo al fallo emitido por el TJUE, quien esté interesado en reclamar el ‘derecho al olvido’, debe presentar una solicitud al gestor del motor de búsqueda. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, el usuario puede acudir a los tribunales para que éstos analicen si la petición tiene fundamentos sólidos. Si los encuentra tiene la autoridad para ordenar a Google, a Yahoo, a Bing o a cualquier otro que borren los datos.
El procedimiento puede ser solicitado cuando se considere que la información disponible en la web es inadecuada, no es pertinente o carece de relevancia.
Con esta decisión el alto tribunal de Luxemburgo abre las puertas para resolver un centenar de procesos congelados en varios países que reclaman el mismo derecho.
La demanda que resolvió el TJUE fue instaurada hace un año por Mario Costeja González, un ciudadano español que exigía que Google dejara de indexar un viejo anuncio sobre una subasta de bienes embargados por una deuda con la Seguridad Social, que hace tiempo estaba resuelta. El proceso había comenzado en las cortes del país ibérico hace unos seis años.
Frente a la resolución, el gigante de California aseguró que el fallo es decepcionante y puede ser entendido como censura. Dijo que su motor de búsqueda no controla datos y que solo ofrece enlaces de información disponible en internet.
Aunque sin duda se trata de una decisión significativa, lo cierto es que muchos especialistas esperaban un resultado distinto. Hace un año, Niilo Jääskinen, abogado general de la UE, le había dado la razón a Google al afirmar que no se le puede considerar responsable del tratamiento de los datos de las páginas web que procesa.
Sin embargo, esta vez, en la nueva sentencia dio giro rotundo a su posición: consideró que la actividad del buscador puede afectar significativamente los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales.