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La Comunidad de Paz de San José de Apartadó hace tres décadas se organizó en varias veredas del Urabá como un grupo de familias sobrevivientes al desplazamiento. Negándose a salir por completo de la región, ocuparon predios que otras víctimas abandonaron al escapar de criminales. La comunidad se dedicó a labrar terrenos, a pesar de no contar con títulos de propiedad y, solo en 2023, gracias a un fallo de un juez civil, la justicia les reconoció la posesión pacífica de una tierra que no era suya. Así, la justicia les tituló uno de los predios con un fallo que hace las veces de escritura pública. Ese tipo de casos son comunes en lo rural, así como definir límites entre propiedades. Sin embargo, Colombia jamás ha tenido jueces especiales para resolver esos problemas, una deuda cada día más pesada con el campesinado.
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Todo parece cambiar este 2024 con la aprobación de la Jurisdicción Agraria, una promesa de la que se ha hablado desde 1936 y que está a meros detalles y debates parlamentarios de ser una realidad. La Cámara de Representantes acaba de aprobar la ley estatutaria de la jurisdicción, un documento que dicta la estructura de un sistema de justicia novedoso, necesario y tan válido como la justicia ordinaria, la cual lleva años ocupando funciones que deberían tener togados especializados en lo rural. Inicialmente, en 2023, el Congreso avaló la reforma constitucional que permitió incluir la Jurisdicción en la Constitución Política. Y ahora, tras la aprobación de la Cámara, solo resta que la Comisión Primera de Senado lleve a la plenaria de esa corporación el proyecto de ley que le otorga funciones a la nueva jurisdicción.
¿Qué es la Jurisdicción Agraria y Rural?
Hasta ahora, los problemas de la tierra se zanjan como se resolvería cualquier otro problema jurídico en el país. Casos como el de la Comunidad de Apartadó son enviados a jueces civiles, quienes también conocen demandas de mínima cuantía, procesos de sucesión, celebración de matrimonios, problemas entre copropietarios y hasta asuntos atribuidos a jueces de familia en municipios donde no existe esa figura. Lo más cercano que existe a un juez agrario son quienes, en tribunales, deciden la restitución de tierras, que es solo uno de los múltiples problemas de posesión que se originan en Colombia. Por ello, la importancia de contar con funcionarios de la justicia especializados y al servicio de los más de 15 millones de campesinos que el DANE reconoció en un censo de 2023.
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El proyecto aprobado en la Cámara permite la creación de hasta 32 juzgados agrarios distribuidos en toda Colombia, así como de, al menos, cinco tribunales de segunda instancia. Además, la creación de cuatro puestos en la Sala Civil —que ahora también será Agraria— de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de cierre para los expedientes, y una inversión similar en el Consejo de Estado, al que se sumarán tres consejeros a la Sección Tercera. Todo ese sistema permitirá al Estado dirimir pleitos por la propiedad, posesión y tenencia de predios rurales. También en casos de deslinde, servidumbre, protección de la ocupación de baldíos, de sociedades cooperativas, acciones de grupo, nulidad de contratos o compraventas, acciones de cumplimiento, y más.
¿Cuál es la deuda histórica?
Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explica que la jurisdicción permitirá saldar una deuda histórica, pues la resolución de esos conflictos se ha “hecho a través del derecho civil o el derecho administrativo. Al no tener jueces especializados, una de las consecuencias ha sido que los conflictos agrarios se resuelvan a través de la violencia o la imposición del más fuerte”. Por su parte, Jhoana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, crucial en la elaboración de los proyectos de ley, agrega que “como el Estado no ha hecho frente a este problema, los campesinos han tenido que resolver como han podido y los casos terminan siendo resueltos por fuera del marco legal. Queremos que los campesinos tengan reglas claras”.
Gerardo Vega, quien dirigió la ANT hasta finales de 2023 y también estuvo por años a la cabeza de la Fundación Forjando Futuros, experta en problemas de tierras, explica que el gobierno tiene represados alrededor de 38.000 procesos de campesinos que, en su mayoría, buscan asignación de tierras o la formalización de sus títulos. Los campesinos han buscado históricamente a esta entidad para procesos de deslinde y para confirmar si los terrenos que ya tienen son baldíos, privados o públicos. “La tarea grande es formalizar, porque el 65 % de los títulos en Colombia no están registrados. Los problemas son miles y están represados en más o menos 11 kilómetros en cajas en una bodega en Bogotá”, concluye.
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Para el Centro de Estudios Jurídicos y sociales, Dejusticia, es necesario blindar contra la corrupción la jurisdicción, por el creciente sentido de confianza que el colombiano ha depositado en la justicia en cuanto a los problemas de tierras. Según el DANE, en su última encuesta sobre las necesidades de justicia en Colombia (2021), mientras en 2016 las personas confiaban un 35,5 % en la Rama Judicial para dirimir estos líos, para 2020 la confianza creció a 46,7 %. A corte de 2021, los colombianos prefieren acudir a un particular el 56,2 % de las veces para llegar a un acuerdo por la tierra, pero, como le preocupa a Dejusticia, el 22 % prefirió no hacer nada con su problema. Los datos muestran que, entre 2016 y 2020, los campesinos casi que redujeron a cero sus ganas de acudir a un actor ilegal.
Los retos de llevar justicia hasta el campo
La aprobación de la arquitectura de la Jurisdicción Agraria, en la Cámara, es en definitiva un paso crucial para su creación. La abogada Nury Martínez, defensora de procesos de restitución de tierras desde la Comisión Colombiana de Juristas (Coljuristas), agrega que “es necesario que se materialice también el hecho de que la población rural tenga garantías de acceso a la justicia en los territorios. Además, que puedan comprender lo que significa una justicia agraria”, dice Martínez. De ahí, la importancia de lograr la articulación de las comunidades con las figuras de jueces, puesto que el proyecto de ley promete priorizar la función del juez como una figura cercana a las comunidades.
El Ministerio de Justicia ha sido enfático en que los juzgados agrarios ocuparan lugares en las zonas más apartadas de la centralidad y en los territorios que están cobijados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir, aquellos que fueron escogidos en el Acuerdo de Paz como zonas donde hay altos niveles de pobreza y necesidades insatisfechas; entre ellas, el acceso a justicia. “El gran reto es hacerles entender que los conflictos se resuelven por las vías establecidas y que podemos tener la institucionalidad en el territorio”, concluye la viceministra Delgado. Un juez de tierras, quien solicitó la reserva de su nombre, dice que “aquí, además de esa prioridad, se requiere que la presencia institucional sea aceptada por las comunidades. Que cuando los jueces lleguen a los territorios, sean aceptados a nivel local”.
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Bautista, norte jurídico en la ANT, establece, como primer reto, lograr que los jueces seleccionados sean realmente especialistas en derecho agrario, por lo cual considera necesario impulsar procesos de formación. De otro lado, considera que, como lo ha hecho sentir la oposición política al gobierno de Gustavo Petro, “hay mucha prevención frente a la jurisdicción y así lo hemos visto por parte de algunos actores del Congreso y líderes de opinión. Por tanto, es importante que la jurisdicción muestre su capacidad de tomar decisiones en derecho. El reto final es el hecho de crear todo un dispositivo en la ruralidad para que en efecto la justicia llegue a los territorios. En el diseño institucional, los proyectos se han planteado una serie de elementos, pero es necesario ponerlos a funcionar”.
Entre otros retos está la experiencia de la restitución de tierras. Como respuesta a una orden de la Corte Constitucional, en 2022, la Procuraduría evaluó las principales dificultades que se presentan en esos procesos judiciales, los más cercanos a la Jurisdicción Agraria. La entidad concluyó, en cuanto al trámite, que existe una gran congestión en la resolución de los casos, a pesar de tener funcionarios especializados. Sobre la ejecución de los procesos en terreno, quedó reseñada la grave situación de orden público que está impidiendo que el proceso de restitución culmine exitosamente, pues ello no permite la práctica de pruebas y tampoco la entrega material de los predios. Asimismo, la entidad afirma que Colombia carece de una aplicación de justicia rural con avances técnicos, entre ellos, un catastro actualizado a favor del mismo Estado.
Las talanqueras
Aunque ya fueron aprobadas la reforma constitucional y la estatutaria de la Jurisdicción Agraria, faltan detalles para que este proyecto no tenga marcha atrás. Entre ellos, que la Cámara y el Senado concilien los artículos de la arquitectura de la nueva jurisdicción, para que pase a sanción presidencial. Asimismo, en la Comisión Primera de Senado sigue pendiente la aprobación de la ley ordinaria, la cual establece los procedimientos y dicta la hoja de ruta que van a seguir los jueces y magistrados que serán delegados a abordar los asuntos agrarios. La Comisión Primera tiene hasta el 20 de junio para pasar el proyecto de ley a la plenaria del Senado o, de lo contrario, este tercer pilar de la Jurisdicción podrá darse por “hundido”, como se dice en el lenguaje legislativo.
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Asimismo, dado que la arquitectura de la Jurisdicción Agraria es un proyecto de ley estatutaria, la Corte Constitucional también debe hacerle un control automático en el que podrá avalar, negar o modificar todo lo hasta ahora conseguido. Una Corte que no es, precisamente, tierra donde las ideas del gobierno de Gustavo Petro hagan raíces. Entre los proyectos que se le han caído al Ejecutivo por revisión constitucional están los decretos para La Guajira, el ajuste en la reforma tributaria para cobrar más impuestos a empresas mineras y petroleras y la creación misma del Ministerio de la Igualdad. Entre otros tatequietos, le puso límites a la ley de Paz Total con grupos criminales, al prohibirle nombrar gestores de paz a personas privadas de la libertad.
La Jurisdicción Agraria está a poco de ser una realidad y solo faltan detalles de procedimiento. Tras su aprobación, el presidente Gustavo Petro dijo: “Excelente. Este es el camino de la paz”. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura ya aprobó la creación de juzgados rurales y agrarios y el presupuesto que significa su funcionamiento. El llamado de todas las fuentes consultadas para este artículo es hacia los congresistas encargados de no dejar que este proyecto se hunda, para que, a partir de 2024, Colombia atienda las solicitudes de justicia de los campesinos como se lo merecen.
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