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La muerte de Teófilo Acuña tuvo como presagio dos hechos que su esposa, Liceth Camargo Carrascal, recuerda a la perfección. Como lo contó Verdad Abierta, el pasado 7 de enero, en el corregimiento de Puerto Oculto (Cesar), llegó a la casa de un familiar de Camargo un hombre en estado de embriaguez. Este le dijo a la mujer que a su esposo lo iban a matar y que debían escapar de su hogar. Solo unos días después, Teófilo Acuña, fue asesinado. El tiempo siguió transcurriendo y esta semana, luego de siete meses, el Consejo de Estado le dio la razón a los reclamos por los que Acuña peleó en su región: el Estado deberá poner reglas específicas para proteger el medio ambiente. Específicamente, deberá suspender las licencias ambientales que se otorgaron para explotar en zonas protegidas.
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Teófilo Acuña era vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes. Días antes de su muerte, Acuña había denunciado amenazas contra comunidades campesinas de San Martín (Cesar). Las amenazas, según esta Comisión, venían desde la Policía, el alcalde del municipio y un terrateniente de la región llamado Wilmer Díaz. Además, denunciaba que él mismo había sido víctima de un montaje judicial por parte de la Fiscalía.
La persecución de la Fiscalía, que denunció Acuña, se trataba de un proceso judicial por el delito de rebelión. En su momento, Acuña había realizado varias denuncias sobre la presunta relación entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares que hacían presencia en la región para el control de la tierra. Desde 2005, la Comisión de la que hace parte Acuña ha participado en mesas de análisis sobre problemas de tierras, minería y medio ambiente con instituciones del Estado y, desde allí, Acuña participó en la creación de la acción popular que dio pie al reciente fallo del Consejo de Estado. En medio de su participación, incluso, en diciembre de 2020, Acuña fue judicializado en el marco de la presunta persecución.
El segundo hecho que recuerda su esposa fue cuando Jorge Tafur, quien también murió junto a Acuña, los visitó el 21 de febrero de 2022. Verdad Abierta contó que Camargo salió a buscar costales para empacar el café que recogía cuando vio pasar una moto sin placa conducida por un tipo vestido de negro que dio una vuelta por el caserío y se fue. De acuerdo con la campesina, en el corregimiento se escuchaba de la presencia de dos hombres armados rondando la zona y fueron dos los hombres que acabaron con la vida de Acuña y Tafur.
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Acuña comenzó su proceso de defensor de derechos humanos en los núcleos de pobladores del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En el Programa conoció al expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, quién juntó a diferentes miembros de organizaciones sociales habían llamado la atención del peligro que corrían los líderes sociales y ambientales que participaban en procesos de restitución de tierras en el Cesar.
En una rueda de prensa convocada por el senador Iván Cepeda sobre esta decisión del Consejo de Estado se hizo un homenaje a Acuña. “Quiero rendir un homenaje especial a Teófilo Acuña, un líder social campesino que nos acompañó en esta lucha y que en medio de este constante asesinato de líderes sociales lastimosamente fue víctima de un atentado criminal que le costó la vida” aseguró el senador quien lideró este proceso.
Por otro lado, la reciente decisión del Consejo busca que la explotación minera no afecte los espacios protegidos en materia medioambiental. Por esto, la alta corte determinó que los trámites para aprobar las licencias ambientales que busquen explotar algún recurso mineral en una zona protegida deben ser suspendidos. Además, el Ministerio de Ambiente, en dos años, deberá elaborar un documento que identifique los ecosistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en donde se establezca cuáles son los espacios en los que está permitida o no la minería.
La lucha de Acuña trataba especialmente sobre la protección del medio ambiente con las comunidades ribereñas del río Lebrija. En este lugar había unos playones donde las comunidades se dedicaban a la pesca, y en verano a la agricultura. Después del auge paramilitar en la década de los 90, los grandes terratenientes de la zona ingresaron grandes cantidades de ganado y palma de aceite que terminaron por secar los playones.
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Las denuncias de Acuña se basaban en que los terratenientes se habrían apropiado de tierras que eran ciénagas, las cuales no podrían ser tituladas a particulares. Días antes de su muerte, Acuña y Tafur denunciaron que miembros de los grupos de terratenientes llegan armados a cortar las cercas de los campesinos, en el municipio de San Martín, Cesar. Erika Prieto, integrante del Congreso de los Pueblos, le contó a El Espectador que habían pedido protección para los líderes el 7 de enero de 2022, petición que se revisó cinco días después y en el momento no se le había brindado protección.
Verdad Abierta contó que el 22 de febrero de este año, hombres armados llegaron disparando a la casa en la que Tafur, Acuña y el suegro de este último se encontraban reunidos para conversar sobre la disputa territorial en los corregimientos de Terraplén y Puerto Oculto entre una familia de terratenientes de la región y comunidades campesinas. Se trata de la familia Díaz, quienes según una sentencia de Justicia y Paz habrían recibido apoyo de paramilitares para llegar al Concejo del municipio de Terraplén. Ese día, Teófilo Acuña y Jorge Tafur murieron al lado de esta casa después de intentar huir de los sicarios.
Varios dirigentes sociales alzaron sus voces para denunciar la responsabilidad del Estado en los homicidios de Acuña y Tafur. Noraldo Díaz, integrante de la junta directiva del Coordinador Nacional Agrario (CNA) aseguró que el Estado es responsable de prácticas contra líderes sociales, El Estado ha venido realizando prácticas sistemáticas en el territorio nacional contra los líderes sociales, que han sido víctimas de estigmatización, desplazamiento, asesinato y judicialización”.
Teófilo Acuña no pudo presenciar el momento en el que el Consejo de Estado le daba a razón a sus años de lucha ambiental y social. Ahora, los togados ordenaron a varias entidades del Estado para que den un paso más en el camino de la defensa del medio ambiente, por el que terminó asesinado junto a Tafur. Los togados ampararon los derechos de todas las personas que hacen parte de ecosistemas que se encuentran en peligro por la actividad minera, amparo que no llegó a ser aplicado para estos defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
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