Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Crecen la zozobra y la incertidumbre por la posible presencia de grupos armados ilegales y amenazas de atentados terroristas en Bogotá. Recientemente, se conoció un documento interno de la Policía, con instrucciones para que sus efectivos aumenten las acciones preventivas y de inteligencia frente a “posibles escenarios de afectación contra unidades de la fuerza pública, población civil, personalidades del Gobierno e infraestructuras de interés estratégico”.
La alerta responde a la información sobre el posible desplazamiento de integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN hacia Bogotá, entre ellos alias William (explosivista y francotirador), “reconocido por el Comando Central como principal dinamizador de acciones en Norte de Santander”, dice el documento. La advertencia, fechada el 14 de agosto, se difunde justo cuando acaba de comenzar un cese al fuego bilateral, en medio de los diálogos que adelanta el ELN con el Gobierno Nacional.
Nota recomendada: Guerra de narcobandas y desmembrados: las pistas que sigue la Fiscalía en Bogotá.
Este hecho lo han replicado las figuras más extremas de la oposición, en particular los representantes a la Cámara por de Bogotá. “Dios no lo quiera, tengamos un atentado terrorista en Bogotá o lamentar el asesinato de un alto funcionario del Estado, para que este Congreso entre en cintura y sepa que no tenemos un ministro de Defensa y que necesitamos una política real de seguridad”, dijo el representante José Jaime Uscátegui (Centro Democrático). Pese a que el documento se volvió de dominio público, las autoridades han manejado el tema con tal hermetismo que no ha hecho más que alimentar la zozobra y restar credibilidad a la reiterada afirmación de que hay grupos armados en la capital.
Lo peor es que la desconfianza crece con cada hecho que alimenta los fantasmas de la violencia criminal, como la circulación por redes de supuestos panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo, declarándole la guerra a la banda transnacional Tren de Aragua, o la aparición de carteles en puentes peatonales, alusivos a las AGC y las disidencias de las FARC. Esto ha llevado a los entes de control a presionar al Distrito y a la Policía para dar respuestas a la ciudadanía.
“Frente a los indicios de presencia de grupos al margen de la ley como explosivistas del ELN o disputas entre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, que amenazan la seguridad de los bogotanos, les solicitamos a las autoridades que de manera rápida y urgente se procese y complete el ciclo de inteligencia con estos indicios, para desvirtuar o confirmar estas amenazas”, manifestó la Personería de Bogotá a El Espectador.
¿Qué tan real es la amenaza?
Si bien la alerta está sobre la mesa, hay llamados a no entrar en pánico. “La experiencia y la evidencia le hacen creer a uno que no va a pasar nada, pero, como se sabe, todo es posible”, dijo una fuente de la Policía, quien calificó el poligrama como una acción normal de la institución, ante la oleada de ataques registrados contra la fuerza pública en Nariño, Cauca y Norte de Santander, en medio de un llamado “plan pistola”. Se estima que 38 uniformados han sido asesinados este año por grupos ilegales, como las disidencias de las FARC.
Por esto, dicen algunos expertos, es que la advertencia se extiende a la capital, como un acto preventivo y natural de la inteligencia policial, sin que esto implique la inminencia de un ataque, tesis que sostiene el senador Ariel Ávila (Alianza Verde), quien ha investigado temas relacionados con el conflicto armado en el país. “Lo cierto es que el ELN está en un proceso de paz y hay una historia de que ellos más o menos cumplen el cese. Serían estúpidos si llegan a cometer un ataque. En ese sentido, se puede decir que la probabilidad es bastante baja”.
Frente la figura de alias William y la llegada de miembros del ELN a la capital, según Ávila, se trataría de una reorganización del frente urbano, que ha sido desmantelado varias veces. “Más que para hacer atentados, es para organizarse para el envío de medicamentos, suministros y otras cosas. Estos son elementos que se deberán resolver en la mesa de negociaciones”.
En cuanto al panfleto emitido por las AGC y su guerra contra el Tren de Aragua, es un hecho bajo estudio de la Policía. Este diario logro conocer qué análisis previos al documento indicarían que es falso, pues el estilo de escritura y el modus operandi descritos en el comunicado no corresponden al perfilamiento que han hecho los equipos de inteligencia de esta organización. Aun así, está todavía por conocerse, seis días después de su emisión, el pronunciamiento de las autoridades.
Lo invitamos a leer: Reaparición de grupos armados: encrucijada por la inseguridad que amenaza a Sumapaz.
“La información disponible hasta ahora indica que el Clan del Golfo y el ELN no hacen presencia en la capital. Si bien este último tiene una historia de influencia política en la ciudad, se trata más de un fenómeno en los alrededores que en la misma capital”, explica Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada, de la Fundación Ideas para la Paz.
No obstante, ante este panorama hay expertos en seguridad que critican la postura de la administración distrital, que aún niega la presencia de grupos armados en la ciudad. “Creo que los gobernantes están evaluando la situación como se hacía hace 15 años. Ahora son organizaciones criminales de gente que extorsiona, comete asesinatos selectivos y controla los negocios en redes más reducidas”, precisó César Restrepo, experto de seguridad de ProBogotá.
Tensión local y nacional
Lo que evidencia la situación es que la seguridad en Bogotá amerita más atención. En los últimos meses, gobernadores y alcaldes han sido críticos frente al Gobierno Nacional por el deterioro de la paz en algunas zonas del país. Incluso algunos congresistas, como se vio en el debate de control político que se adelantó el pasado 16 de agosto en la Comisión Primera de la Cámara; allí, varios representantes reiteraron ante el Gobierno Nacional sus preocupaciones frente a las amenazas que rondan la capital y varias zonas del país.
En dicho debate, el Gobierno no tuvo mucho tiempo para responder. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió la gestión del Gobierno y, de paso, recordó que, pese a las críticas, la seguridad es también es responsabilidad de las administraciones locales. “Aquí les dejo un dato. La ejecución promedio en temas de seguridad en los departamentos y municipios no supera el 22 %. Esto es compromiso de todos”, expresó Velasco. Cuando el jefe de cartera entraba en materia, el debate fue suspendido por un homenaje a la selección colombiana de fútbol femenino. El país conocerá sus respuestas este jueves a las nueve de la mañana.
En medio de la preocupación hay un tema que resaltan los analistas y es cómo las amenazas en medio del proyecto de la llamada paz total han acercado dos discusiones que parecían distintas: la seguridad urbana y la guerra rural. “Que se haya acercado la discusión de la guerra y la seguridad en las ciudades me parece positivo. Los tableros de negociación también tienen capítulos de grupos urbanos. Las lógicas de seguridad urbana y rural son distintas y los intereses son otros. Está bien que el Estado tenga foco en ambas, pero entendiendo sus particularidades y sus diferencias de atención. Son fenómenos que requieren intervención y políticas distintas”, expresó Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada, de la Fundación Ideas para la Paz.
Por el momento, la incertidumbre en la capital se mantiene. Está por verse cuáles será el análisis de las autoridades ante el panorama de zozobra que crece en la ciudad y cuáles serán sus estrategias para recuperar la tranquilidad, que más allá de definir la seguridad en la urbe, podría ser decisoria para construir la paz en el país.
Nota recomendada: Por solicitud de revocatoria, ¿podría el Pacto Histórico quedarse sin candidato en Bogotá?
Conoce más
