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Sin mucho ruido, el Gobierno expidió hace unos días la Resolución 2725, donde se incluye una frase que ha despertado tormentas políticas a escala regional. El texto en cuestión dice: “… de ser procedente analizar, diseñar, elaborar e implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la nación en empresas del sector eléctrico”.
Adelantar un proceso de enajenación de activos de empresas eléctricas en este momento es como darse un tiro en el pie, pues el escenario preelectoral no da espacio para estos anuncios ni el negocio tiene adeptos. Los congresistas no quieren poner en riesgo su caudal electoral, y hasta los sindicatos del sector energético han encendido las alarmas.
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Una de las cosas que resultan ciertas en este escenario es que los activos de la nación son cada vez más difíciles de vender y su portafolio se ha venido encogiendo con el tiempo, casi en la misma medida en que lo ha hecho el apetito del mercado por estos bienes.
Del sector eléctrico quedan en manos del Gobierno las electrificadoras de Meta, Nariño, Huila y Caquetá. Chocó, a pesar de ser del Estado, tiene un contrato de concesión de la operación. Todas hacen parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN). También están la central hidroeléctrica Urrá, la empresa de generación y comercialización de energía eléctrica (Gecelca) y Gestión Energética S.A. (GENSA).
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El principal problema para la venta de las empresas eléctricas regionales es la voluntad política, primer obstáculo al que se enfrentó el Gobierno Nacional cuando anunció querer deshacerse de esos activos. Con la Resolución comenzó un intenso lobby de los congresistas por no querer perder ese fortín político, presión a la que se suman asuntos sindicales.
Las movidas políticas son más fuertes en año preelectoral, sobre todo teniendo en cuenta que se han presentado problemas con la ley de garantías. Analistas del devenir político sostienen que hay escasez de recursos para endulzar el gusto de los políticos regionales y, la verdad, es que nadie quiere presentarse ante sus potenciales electores como el personaje que apoya la privatización de la empresa eléctrica regional.
El Estado también tiene participaciones significativas en sectores como hidrocarburos (que concentra 60 % de sus inversiones en empresas) y finanzas (20,4 %). Junto con electricidad, estos tres renglones representan la vasta mayoría de la participación del país en compañías.
El detonante
Con la Resolución 2725 del 11 de noviembre de 2021, el Ministerio de Hacienda anunció que está interesado en recibir propuestas con el fin de “prestar servicios de asesoría integral y banca de inversión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para contribuir a la optimización de los activos de la nación, para lo cual deberá realizar la valoración y, en caso de ser procedente, analizar, diseñar, elaborar e implementar el plan o programa de enajenación de la participación accionaria de la nación en empresas del sector eléctrico”. Ese anuncio alborotó a los políticos que en sus regiones lo tomaron como arma política.
El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que la resolución fue expedida porque “en el marco de la estrategia de optimización de activos de la nación queremos siempre tener los activos debidamente valorados”.
Hay que recordar que, en 2008, el Gobierno logró vender tres electrificadoras, todas con buen mercado: por ellas recibió más de $764.000 millones.
En ese momento no se pudo incluir en el paquete la Electrificadora del Meta. Políticos de ese departamento ahora son los primeros en salir a descalificar el anuncio del Gobierno de “hacer un proceso de optimización de los activos de la nación”.
Para evitar pasar por la Ley 226 de 1995, estas compañías fueron ofrecidas a empresas públicas regionales como EPM y el Grupo Energía Bogotá. Esta norma obliga a que en los procesos de enajenación de bienes de la nación se dé prioridad a los trabajadores activos, extrabajadores y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las entidades donde tenga participación mayoritaria; también, que se tenga en cuenta a las asociaciones de empleados o exempleados de la entidad que se privatiza, sindicatos de trabajadores, federaciones de sindicatos de trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores, los fondos de empleados y las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa.
Las empresas eléctricas vendidas, de Cundinamarca, Norte de Santander y Santander quedaron así en manos de EPM y el Grupo Energía Bogotá. Por la empresa de Energía de Cundinamarca, vendida a Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca, el Gobierno obtuvo $211.681 millones cuando el precio base fue de $120.220 millones. EPM desembolsó $373.000 millones por Centrales Eléctricas del Norte de Santander y $180.000 millones por Electrificadora de Santander.
Aplicando el mismo sistema de saltarse la Ley 226 de 1995, recientemente el gobierno del presidente Iván Duque pudo “venderle” al Grupo Ecopetrol la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) por $14,2 billones. ISA opera en sectores estratégicos focalizando sus actividades en los negocios de transporte de energía eléctrica, tecnologías de información y telecomunicaciones, concesiones viales y gestión de sistemas de tiempo real.
¿Vender o no?
El ministro de Hacienda ha repetido en varios foros que el Gobierno no tiene intención de vender el lote de electrificadoras, quizá pensando más en que los tiempos no le dan y el actual escenario doméstico es muy hostil para salir a ofrecer esos bienes. “Nosotros no tenemos ninguna decisión de venta en este momento, ninguna decisión de enajenación. Lo que hacemos, insisto, es optimización de los activos y eso es, por ejemplo, tener una valoración adecuada de cada uno de los activos”, ha dicho Restrepo.
Además, no hay compradores públicos regionales con quienes hacer la operación, pues EPM y el Grupo Energía Bogotá tienen su radio de acción al límite, de acuerdo con la reglamentación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en cuanto a distribución y generación.
El ministro sostiene que, “desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno tiene un compromiso de hacer un proceso de optimización de los activos de la nación. Ese es un compromiso desde el primer momento y lo seguiremos haciendo”.
El funcionario recordó que la nación tiene un poco más de $75 billones en activos, que valorados en precios comerciales pueden ser del orden de más de $100 billones. “La optimización es con fines de mejoramiento en lo operativo, administrativo y logístico, y en ese orden de ideas no escatimaremos esfuerzos por realizar todas las acciones que sean necesarias para optimizar esos activos”, precisó.
Por otra parte, diversos analistas han sostenido que el Estado debe desprenderse de esos bienes del sector eléctrico. No es recomendable que sea el mismo Estado dueño de unas empresas donde las políticas públicas están diseñadas para que regule (CREG), vigile (Superintendencia de Servicios Públicos) y dicte las políticas sectoriales (Ministerio de Minas y Energía).
Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), Alejandro Castañeda, lo que se ve históricamente es que la nación ha ido saliendo poco a poco de sus activos. “La lógica de esto es que en un mercado que se creó en 1993, cuando la nación tomó la decisión de regular, vigilar y dictar la política, no tenga empresas activas en el sector”.
Lo cierto es que, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la administración Duque incluyó la venta de bienes públicos por una cifra cercana a los $12 billones, que equivalen a 1,3 % del producto interno bruto. Con ISA adelantó buena parte de ese camino.
La visión del Gobierno sobre la venta de sus activos bien se podría resumir como se lee en un documento oficial: “Las generadoras y distribuidoras de energía tienen un gran potencial para capturar mayor valor a partir de la centralización de la actividad comercial, de la gestión y el desarrollo de proyectos o de fusión de algunas empresas”.
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