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La importancia de las fronteras en la violencia colombiana, como explica Eduardo Pizarro en uno de sus últimos libros a propósito de la Operación Fénix -la cual supuso la muerte del dirigente de las FARC-EP, ‘Raúl Reyes’- no es ni mucho menos nueva. Colombia, como sucede con otros muchos casos de la región, es un Estado cuyo territorio supera ampliamente sus capacidades institucionales. O lo que es igual, es un Estado con más soberanía que territorio.
A tal efecto, las fronteras son emplazamientos en donde las ventajas que ofrece el territorio para el desarrollo de actividades ilícitas al margen del Estado y, en su caso, sustituyendo a éste, es un proceso que en Colombia se remonta a varias décadas atrás. Para el caso de Venezuela, mucho antes de que Hugo Chávez llegase a la presidencia en 1999. Asimismo, si un factor fortaleció la presencia de ELN o FARC-EP en el corredor colombo-venezolano fue, precisamente, la lógica de una Política de Seguridad Democrática que, lejos de concebir integralmente el espacio de confrontación, priorizó, no por casualidad, los emplazamientos centrales en detrimento de otros periféricos como Arauca o Norte de Santander.
Tampoco es fruto del azar que el mayor auge de las disidencias de las FARC-EP, tanto las más significativas como las de implantación más puramente local, se haya dado mayormente allí en donde frontera (terrestre o marítima), negocio cocalero, contrabando y otras actividades ilícitas se concentran, tal y como sucede, con especial vehemencia, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Allí, desde el principio, “Segunda Marquetalia” puso su atención, dado el particular
interés que para tales réditos representaba la región del Catatumbo. También lo hizo ‘Gentil Duarte’, quien rápidamente puso a trabajar a sus correligionarios para la cooptación de recursos provenientes de los antiguos Frentes 33 (Norte de Santander), 10 (Arauca) y 28 (Casanare) de las FARC-EP. El vacío de poder que dejó esta guerrilla, una vez que comienza su desmovilización, nunca fue cooptado por un Estado igualmente ausente al otro lado de la frontera.
Es por esto que, como acertadamente señaló en alguno de sus informes la Fundación Ideas para la Paz, lejos de aumentar su radio de influencia regional -que también- la prioridad del ELN fue, una vez desaparecidas las FARC-EP, consolidar su posición allí en donde el poder era compartido o relegado en favor de la mayor de las guerrillas. Esto hizo que la frontera colombo-venezolana se erigiese como un enclave de fortalecimiento para los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental, haciendo de la guerrilla rojinegra el actor armado más importante del corredor limítrofe. De hecho, estos dos frentes, junto con el Frente de Guerra Occidental, concentran el mayor grueso de efectivos de la guerrilla y son la principal dificultad para el avance de un diálogo de paz, tal y como reclama la vieja comandancia política presente en Cuba.
Desde hace muchos años las dinámicas prevalentes de la frontera son el negocio de la droga, el secuestro, el contrabando y la industria extorsiva. Sin embargo, la situación actual ha cambiado en la última década. Primero, porque al fortalecimiento del ELN hay que añadir la proliferación de diferentes grupos post FARC-EP. Segundo, porque la lógica de alianzas y disputas es tan cambiante como circunscrita el entorno local, lo cual dificulta las posibilidades de análisis y respuesta por parte del Estado. Tercero, porque hay que añadir en la ecuación a terceros grupos armados, como Los Pelusos, el Clan del Golfo o lo que queda de Los Puntilleros, además de otros grupos criminales presentes en la región.
Indudablemente, la magnitud de la violencia en la frontera se debe, en buena parte, a la escasa respuesta de parte de las autoridades venezolanas. Venezuela comparte con Colombia la ausencia de capacidades suficientes como para abordar, efectivamente, un problema de seguridad de tales características. Además, visibilizar un problema de seguridad de esta naturaleza exige de ingentes recursos económicos y personales e, indefectiblemente, un necesario proceso de problematización y politización. Algo que, de partida, exige transformar un statu quo para el cual, vistas las relaciones con Colombia, hoy por hoy no existen incentivos. Aparte, no hay que olvidar que durante mucho tiempo buena parte de los estados fronterizos de El Zulia, Táchira, Apure o Amazonas fueron firmes opositores al gobierno de Caracas, de manera que facilitar la presencia de actores armados en la región pudiera entenderse como un factor de estabilidad, más positivo que negativo, para el oficialismo caraqueño.
Esta caracterización de la frontera presenta otras complejidades añadidas. La aspiración de “Segunda Marquetalia”, recuérdese, era materializar la confluencia de todas las estructuras, de un modo u otros disidentes, bajo la comandancia de quienes habían sido líderes de las otrora FARC-EP. Este propósito se tornaba difícil por varias cuestiones. Muchos de estos “disidentes” -entrecomillado, pues más del 90% de los excombatientes continúa en el proceso de reincorporación- entendían que ‘Márquez’ y ‘Santrich’ eran los principales traidores del legado “revolucionario” de las FARC-EP. Asimismo, no estaban dispuestos a perder su cuota de poder en detrimento de un grupo que, por primera vez, aparecía en agosto de 2019, casi tres años después de la firma del Acuerdo de Paz.
Dadas las circunstancias, lo que inicialmente se planteaba como un reparto de áreas de influencia, en realidad se constituyó como una “paz armada”. “Segunda Marquetalia” intentaba aproximar su colaboración con el ELN, toda vez que otras estructuras no parecían quedar satisfechas con un reparto de poder en el que ‘Márquez’ contaba con muchos menos posibles y capacidades de lo que inicialmente se pudiera esperar. Así, desde comienzos de 2021 la situación torna hacia un escenario de rivalidad que se ve acentuado con las muertes, primero de “Santrich” y después de “El Paisa” -si finalmente es que se confirma tal suceso.
Mientras, las lógicas transfronterizas asociadas a la violencia siguen respondiendo a parámetros tan cambiantes como locales. En Cesar el ELN actúa como actor hegemónico, a la vez que en Arauca y en Vichada mantiene una posición prevalente frente a las diferentes expresiones disidentes de las FARC-EP. Todo lo contrario, en La Guajira, en los últimos años se ha apreciado una mayor presencia del Clan del Golfo, siendo Norte de Santander el escenario de mayor complejidad y disputa. De otra parte, mientras que en
La Guajira predomina el contrabando de alimentos, en Cesar lo hace el de gasolina y de medicamentos. En Norte de Santander la principal actividad ilícita es el ingente negocio de la droga, a lo cual se suma el contrabando de gasolina y la extorsión. En Arauca prima el contrabando de alimentos y gasolina, sumado a una amplia actividad extorsiva. Finalmente, entre Vichada y los estados venezolanos de Apure y Amazonas tiene especial relevancia el tráfico de drogas y la minería ilegal.
En conclusión, vistos los argumentos ofrecidos, la complejidad de la frontera colombo-venezolana dista mucho de reducirse en el corto plazo. Sus niveles de violencia dependerán de la relación entre las diferentes estructuras armadas con intereses en la zona. Esto puede oscilar entre la cooperación, el mero reparto de áreas de interés o la confrontación virulenta. También es importante considerar el papel que puedan juzgar las autoridades venezolanas, y que por el momento se han caracterizado por la relativa equidistancia. Sea como fuere, toda solución de largo plazo pasa por una necesaria visión compartida y por acciones cooperativas de cada lado de la frontera, frente a las cuales, la respuesta en clave estrictamente nacional resulta tan reducida como ineficaz.
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