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Donald Trump ha enviado un mensaje claro a sus contradictores: hará rodar las cabezas necesarias para mantener alejadas las investigaciones a su gobierno. El pasado viernes, el presidente estadounidense ordenó despedir a Steve Linick, inspector general del Departamento de Estado, por pedido exclusivo de su secretario de Estado, Mike Pompeo. No hubo una explicación de parte de Trump, quien se limitó a decir que estaba “en su derecho” para deshacerse de él. Sin embargo, la prensa nacional y un sector del Congreso no tardaron en atar los cabos necesarios para entender su decisión.
Linick se encontraba investigando si Pompeo habría estado encargando a un agente del Departamento de Estado a su servicio varias tareas domésticas y diligencias personales, entre las que se encontraban pasear a su mascota y recoger trajes en la tintorería. El agente, cuyo nombre no se ha hecho público, habría denunciado en secreto las tareas a las que fue sometido. Para Trump esto no representa un problema, pues, según dijo, Pompeo “es un hombre ocupado”, y a veces “su esposa no está ahí para lavar los platos”.
Pero sí hay un problema: estas tareas se realizan con el dinero de los contribuyentes, por lo que no deberían haberse llevado a cabo. No obstante, esta sería la menor de las preocupaciones para el secretario de Estado, pues Linick también estaba investigando la venta de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita y la declaración de emergencia hecha por la administración para poder autorizar el envío de estas al Riad.
El despido de Linick ha sido el último atropello de Trump contra los vigilantes independientes de la Rama Judicial que encuentran fallas en el Ejecutivo. Sin embargo, lo más grave ha sido la complicidad con la que ha actuado el Departamento de Justicia frente a las acciones de Trump. El fiscal general del país, William Barr, quien llegó al cargo en febrero de 2019, ha dedicado su tiempo en la oficina a trabajar casi de la mano con el presidente para ayudarlo a escribir su versión de la historia sobre las denuncias de sabotaje que recaen sobre él.
Barr, quien poco a poco abandona la sutileza y muestra su cara más “trumpista”, ha sido uno de los más férreos opositores a la teoría de una injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, las cuales Trump ganó, según sus opositores, con la ayuda de servicios rusos. “Es una de las mayores farsas de la historia estadounidense”, dice Barr. Vea también: La Constitución no salvará a la democracia estadounidense
Pero no solo ha mostrado su fidelidad con palabras, sino con hechos claves: después del “Ucraniagte” se negó a abrir una investigación a Trump, pues no la consideraba urgente, aunque esto no detuvo el juicio al presidente. También le impuso una pena benevolente a Roger Stone, consejero de campaña de Trump condenado por “manipulación de testigos y mentir al Congreso” durante la carrera electoral. Finalmente, el pasado 7 de mayo, Barr retiró los cargos contra Michael Flynn, el primer consejero de Seguridad Nacional de Trump, culpable de mentir en el proceso de investigación sobre sus contactos con agentes rusos.
En palabras de Pablo Gimón, corresponsal de El País en Washington, esto se ha convertido en un “Trump contra Montesquieu”, el filósofo autor de la teoría de separación de poderes. El presidente ha roto con la independencia entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, concentrando todo el poder en la Oficina Oval, no solo para tener el control de la dirección del país en el futuro, sino también para tener el poder de reescribir el pasado, pues todas sus investigaciones parecen ir quedando en la impunidad. Y lo peor podría estar por venir: un control más profundo del poder en el país.
Las elecciones de noviembre son decisivas para los demócratas, no solo porque se juegan la Casa Blanca con los republicanos, sino también los tribunales del país, de los que poco a poco Trump se ha ido apoderando. Hasta ahora, el presidente ha puesto dos jueces en la Corte Suprema, 51 jueces de circuito, 138 de distrito y dos en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos. Desde Ronald Reagan no se presentaba algo así. Uno de los últimos y más sonados fue Justin Walker, quien pese a su corta experiencia, y aunque no ha sido abogado en el juicio, fue nominado por Trump para el circuito del Distrito de Columbia, el segundo tribunal más importante del país. Es, desde luego, un defensor del presidente.
“Nunca en mi vida había visto una elección cuyas apuestas sean tan altas. La transformación del poder judicial federal en una serie de títeres para una ideología de extrema derecha tendrá un impacto duradero durante décadas”, advierte Laurence Tribe, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Harvard.
Trump no encuentra un muro que lo detenga tampoco en el Legislativo, donde la mayoría del Senado actúa en cooperación a sus pedidos cada vez que sea necesario. “Nunca habría sido aceptado en el pasado y no son comparables a los nombrados por los republicanos en el pasado”, lamenta Tribe. Pero es el reflejo de lo que se convirtió Estados Unidos. Lo que alguna vez fue considerada una democracia fuerte, hoy es tildada por sus propios constructores como un fiasco. Donald Ayer, fiscal general adjunto del expresidente republicano George Bush padre, escribió en The Atlantic que Estados Unidos, bajo la sombra de Barr o de Trump, “es una república bananera donde todos están sujetos a los caprichos de un presidente dictatorial y sus secuaces”. Y si este llegase a ganar el próximo 3 de noviembre, ratificaría a Trump como “un presidente que puede operar por encima de la ley”.
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