Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un complejo panorama se avecinaría para la Secretaría de Movilidad con el cuestionado contrato de semaforización en Bogotá. La empresa argentina Sutec, de dueños colombianos y socia (99 %) del consorcio que ejecuta la obra, está en la mira de la justicia de su país, que analiza once demandas (la mayoría de este año) en las que piden que la declaren en quiebra, pues lleva años sin pagar impuestos, seguridad social, bancos ni acreedores.
Con un agravante: los demandantes también piden investigar penalmente a sus dueños, ya que, dicen, estarían desviando dineros de los contratos que ejecuta en Colombia y Perú (a través de subcontratistas), para no reportar los ingresos a la casa matriz en Argentina y, de esta manera, evadir el pago de sus deudas. En caso de atender las demandas, Sutec S.A. no tendría cómo seguir ejecutando los contratos en Bogotá y Manizales.
Ver pedido de quiebra y solicitud e investigación penal
Salvarse de estos procesos no parece fácil, pues su situación es compleja desde 2016. Al menos, eso muestran los documentos que acompañan los pedidos de quiebra. El abogado Sebastián Carranza, por ejemplo, adjuntó uno del Banco Central de Argentina que califica a Sutec como deudor incobrable, y la lista de causas judiciales promovidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —equivalente a la DIAN en Colombia— por no pagar impuestos. Esto ha llevado a que sus cuentas y bienes estén embargados. (Lea Algunos procesos AFIP)
El balance 2017
Al paquete de la demanda se suma un documento clave: el balance financiero de 2017, registrado en la Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina, que muestra cómo ese año perdió $12.000 millones, su capital disminuyó un 90 % y su rentabilidad cayó -500 %. Además, cómo fracasó su plan de capitalización y de renegociación con la AFIP, y que la situación venía mal desde hacía años. Incluso, cuenta que no pudo renovar su Certificado Fiscal (RUP en Colombia), obligatorio para participar en licitaciones públicas, su única fuente de ingresos. (Lea los balances de Sutec 2017)
El documento lo firma Andrés Cufiño, expresidente de Sutec Argentina y quien recientemente denunció que la firma que aparece en los papeles que la empresa presentó en Colombia no era la suya. Antes de dejar su cargo le presentó a la junta directiva los resultados en 2017. La conclusión: el estado de la sociedad era crítico. Menciona que ese fue un año austero y complejo, debido a las irregularidades detectadas en 2016, cometidas supuestamente por el anterior presidente de la compañía, lo que motivó la urgente intervención de los accionistas.
Si bien dice que en 2017 se puso en marcha un plan de rescate, los daños en la reputación pasaron cuenta de cobro en Argentina y la falta de recursos limitó la capacidad de la compañía. En el documento menciona, además, la principal dificultad: la mora en el pago de impuestos, que no solo los llevó a romper relaciones con los bancos, sino a la imposibilidad de obtener el certificado fiscal, obligatorio para participar en licitaciones en Argentina, “y, por ende, conseguir nuevos contratos”.
Relata cómo en 2016 los accionistas Jorge Guerra, Remberto Merlano y José Villalba se comprometieron a inyectarle a la empresa US$1 millón, necesario para cubrir la deuda con la AFIP, que impedía obtener el certificado fiscal. Además, hablaron de opciones como nuevos socios, créditos internacionales e, incluso, el apoyo de las sucursales en Perú y Colombia. Confiando en ese compromiso, Cufiño hizo un acuerdo de pago con la oficina de impuestos, pero los accionistas incumplieron.
La situación los llevó a convertirse en subcontratistas de otras empresas que se quedaron con los negocios que antes tenían. “Debo agradecer el apoyo de nuestros clientes y proveedores. Aprovechamos para reiterar, reconocer y agradecer el gran esfuerzo de todas las personas que están vinculadas a la organización. Confío en que la ley determinará responsabilidades de quienes defraudaron nuestra confianza y pusieron a la sociedad en esta coyuntura difícil”, concluyó Cufiño. Denuncia penal
Los indicios sobre la situación de Sutec se conocieron el año pasado en Colombia, cuando se hizo público que en 2017 la empresa ocultó a las autoridades colombianas sus líos económicos, al presentar balances adulterados (con datos y firmas falsas), para mostrarse solvente y participar en licitaciones públicas. Fue gracias a esta maniobra que ganó el multimillonario contrato de semaforización en Bogotá, por casi $173.000 millones, y la concesión de parqueo en vía en Manizales (Caldas), en el que estiman recaudar $34.000 millones hasta 2023.
Los promotores de las demandas de quiebra en Argentina no solo mencionan estos contratos, sino que les sirvieron para pedir una investigación penal. “Resulta digno de destacar que Sutec S.A. solo mantiene contratos en Colombia y Perú. No obstante, los ingresos son desviados mediante la subcontratación de empresas, distrayendo el patrimonio —como garantía de sus acreedores—, para el beneficio de las personas físicas que resultan controlantes. Por esto se pide la intervención al Juzgado de Instrucción, a fin de que se investigue la comisión delitos previstos en el Código Penal”.
Lo que denuncian los acreedores en Argentina no parece del todo descabellado. Al menos, en el caso de la renovación de semáforos en Bogotá existe subcontratación. Si bien Sutec es el socio mayoritario del consorcio Movilidad Futura 2050, una de las empresas que ejecuta trabajos en terreno se llama Servicios Avanzados e Ingeniería S.A.S. (Sainge). Aunque subcontratar no es ilegal, algo generaría suspicacia: dicha sociedad la manejan los mismos que dirigen Sutec. Incluso las oficinas quedan en el mismo edificio y en el mismo piso.
Una evidencia puntual gira en torno al nombre de Miguel Bertel, quien aparece en el Registro Empresarial como representante legal de Sutec (Ver certificado). Él fue quien envió una carta el año pasado a la Secretaría de Movilidad, para tratar de explicar todo el embrollo de los documentos adulterados con los que la empresa renovó el Registro de Proponentes (RUP), para participar en la licitación de semáforos. Pues bien, Bertel también ha sido representante de Sainge. Hoy quien está al frente de esa sociedad es su esposa, Karem Catalina Tous Shaikh. (Ver certificado Sainge)
Un dato adicional reforzaría la relación entre estas sociedades. En el Registro Empresarial (RUES) aparece Paula Camacho Dueñas como subgerente de Sainge. Ella, en la hoja de vida publicada en Linkedin, además de ratificar su relación laboral desde 2015, también reporta que entre septiembre de 2018 y enero de 2019 trabajó en Sutec, con una función clara: “Coordinar la gestión para el proyecto Consorcio Movilidad Futura 2050, siendo responsable de la instalación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semaforización para Bogotá”.
El Espectador llamó a las oficinas de Sainge para conocer su relación contractual con Sutec y dónde tenían frentes de obra. Aunque la llamada la contestaron en esta empresa, la que atendió fue Luz Yamile Peña, quien se identificó como coordinadora de gestión humana de Sutec. Al preguntar sobre la relación de ambas compañías, ella respondió que Sainge era subcontratista y que las oficinas, pese a estar en el mismo piso, eran independientes.
Fuera de esta situación y los reparos por la forma como Sutec logró ganar contratos en Colombia, al menos el de la modernización de semáforos en Bogotá, parece que estos avanzan sin tropiezo. Justo el pasado viernes la Secretaría de Movilidad presentó un balance en el que señala que a la fecha han reemplazado 2.648 semáforos vehiculares y 370 peatonales, ubicados en 911 de las 1.455 intersecciones semaforizadas que hay en la ciudad. La meta, dice la entidad, es que a finales del año toda la modernización tenga un avance del 80 %.
Pese a que las denuncias contra Sutec en Colombia se conocen desde junio de 2017, cuando se publicaron los pliegos del contrato de semáforos, a la fecha, salvo la Procuraduría, que destituyó en primera instancia al secretario de Movilidad, ninguna autoridad ha avanzado en la investigación. Por ahora hay una demanda contra el Distrito y un proceso en la Fiscalía, encargada de investigar la falsedad documental. Si bien, el ente acusador ya tiene evidencias, incluso, el testimonio de Cufiño, expresidente de Sutec, el proceso cumple veinte meses en indagación preliminar.
A pesar de todo, lo ocurrido en Colombia podría ser tenido en cuenta por las autoridades argentinas. En caso de aceptar la solicitud de los denunciantes, que piden la quiebra, la oficina en el país mínimo sería intervenida. En el peor de los casos desaparecería, pues la sucursal correría igual suerte que la casa matriz.
Conoce más
