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Ningún abogado en Haití quiere defender a la veintena de colombianos detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Así lo denuncian sus familias, que además han tenido problemas para comunicarse con ellos. En los últimos días, un grupo de abogados de Colombia que los visitaría tuvo que cancelar el viaje por razones de seguridad. Ya han pasado seis meses desde el magnicidio y el único vinculado a un proceso penal está en Estados Unidos, colaborando con información, lo que ha llevado a algunos otros implicados a considerar, también, esa vía.
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Según supo este diario, los colombianos señalados de mercenarios no han podido contratar un abogado, pues nadie se le mide al caso por su complejidad y por el rechazo que ha causado el asesinato en toda la población. Aunque la justicia aún no esclarece quiénes querían muerto al presidente Moïse, una investigación de The New York Times reveló que el primer mandatario estaba por entregarle a Estados Unidos una lista de personas de Haití vinculadas con el narcotráfico. Precisamente en suelo norteamericano se encuentra ya uno de los implicados, Mario Antonio Palacios.
En Colombia, varios de los señalados mercenarios, al ser militares retirados, son defendidos por la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública (Funderef). Y, recientemente, llegó al caso la Fundación Defensa de Inocentes, del exdiputado del Valle Sigifredo López, que asumió la defensa del coronel (r) Carlos Giovanni Guerrero Torres, junto a International Law Assist. Sin embargo, las autoridades judiciales colombianas no los han requerido de ninguna manera, así que su labor se ha limitado a explicarles los caminos jurídicos a las familias y mediar por las condiciones de reclusión en Haití.
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Los abogados del coronel (r) Torres, incluso, iban a viajar a Haití en los últimos días. Por la complicada situación de seguridad que se vive en el país tras el asesinato de Moïse el 7 de julio, les dijeron que era necesario que contrataran un esquema de seguridad y así lo hicieron. No obstante, el viaje nunca se concretó, pues por información que obtuvieron desde la isla consideraron que no tenían garantías.
En el laberinto judicial de los militares retirados, una de las opciones que les llama la atención a sus familias es que el proceso se lleve en Estados Unidos. Allí ya está siendo procesado Palacios, quien fue detenido en Jamaica en octubre de 2021, y terminó preso en Florida por los delitos de conspiración para proveer material que llevó a una muerte y conspiración para matar o secuestrar afuera de Estados Unidos. Según la acusación que pesa en su contra, el plan de Palacios y los demás colombianos, inicialmente, era secuestrar al presidente Moïse y sacarlo de Haití en avión.
“Palacios habló del plan inicial para “capturar al presidente haitiano en el aeropuerto, donde los co-conspiradores, usando sudaderas negras, se llevarían al presidente en avión. Ese plan no siguió adelante. Ahora bien, Palacios admitió que, al menos desde el 6 de julio de 2021, fue informado por algunos de sus compañeros que el plan era asesinar al presidente haitiano”, dice el indictment contra Palacios. Si bien el documento menciona que uno de los supuestos cómplices del militar está preso en Haití, no da nombres y, hasta la fecha, no hay un pedido formal en contra de los colombianos recluidos en ese país.
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Tanto en Haití como en Florida, estado donde serían juzgados de ser enviados a EE. UU., existe la cadena perpetua y está contemplada para los delitos por los que están siendo investigados los señalados mercenarios. Antes de una sentencia y de que se conozca, a ciencia cierta, a qué pena se enfrentarán los militares retirados queda mucha tela por cortar en el magnicidio de Moïse, que ha desatado disturbios y estragos en las calles de la isla.
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