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Una de las últimas grandes decisiones que tomó la Corte Suprema, antes de que el Gobierno estableciera medidas para evitar el avance del COVID-19, fue llamar a juicio al representante a la Cámara, Jimmy Díaz Burbano. El Espectador conoció la acusación en contra del barón político del sur del país en la que el magistrado ponente, Marco Antonio Rueda, dice que Díaz, mientras fue gobernador de Putumayo (de 2012 a 2015), habría colaborado activamente con una organización dedicada a la minería ilegal. El alto tribunal lo procesará por concierto para delinquir, contaminación ambiental y peculado por apropiación en favor de terceros, entre otros. (Minería ilegal del oro le compite al narcotráfico)
El 5 de marzo de 2020, un día antes de que se conociera el primer caso del nuevo coronavirus en Colombia, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema radicó el escrito de acusación en contra del miembro del Partido Conservador, en el que da detalles sobre los hechos por los que será juzgado y que habrían sucedido en la recta final de su administración regional. Díaz Burbano obtuvo la votación más grande en la historia para llegar a ocupar el cargo más importante de Putumayo, 53.134 votos, es decir, el 53 % de votantes. Es arquitecto con maestría de la Universidad de Salamanca y, a finales de la década de los noventa, fue alcalde de Mocoa, capital del Putumayo.
La investigación judicial señala que, al terminar 2015, Díaz inició una relación comercial con Humberto Ramírez Leal, alias Barbas, quien era representante legal de la Asociación para la Minería de la Cuenca de los Ríos Putumayo y Caquetá (Asomicuap). Este hombre, considerado como el capo de las dragas (máquinas usadas para extraer oro de los ríos), “desplegó una red criminal para instalar indiscriminadamente y poner en funcionamiento gigantescas máquinas de extracción de oro en los ríos Caquetá y Putumayo”, dijo la Fiscalía en noviembre de 2016, cuando capturó a Ramírez. Él tramitó un principio de oportunidad y uno de sus compromisos fue declarar en contra del congresista Díaz. (“Minería ilegal mueve cerca de US$1.200 millones anuales”: Mineros)
La agremiación de Ramírez Leal, dijo el ente investigador en ese momento, tenía sede en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá y era una fachada para esconder las “agresivas” labores de minería. Desde la capital del país, fabricaba y ensamblaba las piezas para construir las dragas. Según la Corte, la asociación de Barbas nunca tuvo los permisos de la autoridad minera y ambiental para extraer el metal, situación de la que era consciente Díaz. Mientras estuvo activo Barbas, la Fuerza Pública le destruyó 17 dragas en Amazonas, Caquetá y Putumayo y constataron que para producir mensualmente 87,5 kilogramos de oro, vertían 140 kilogramos de mercurio a las aguas de las afluentes donde operaba.
El alto tribunal señala que a través de llamadas interceptadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por la Fiscalía, Díaz y Barbas pactaron dos reuniones. La primera de ellas se habría llevado a cabo el 9 de septiembre de 2015 en la Gobernación para pactar una compra de oro y, de paso, hablar sobre la compra de cinco máquinas Camel (equipos para lavar el metal extraído). El pago por tres transacciones de oro se pactó por cerca de $150 millones. Una de ellas se habría realizado en un taxi en Bogotá por $50 millones entre las esposas de Díaz y Barbas. Esta última, en ese año, fue interceptada por las autoridades en el Aeropuerto El Dorado cuando traía oro escondido en sus zapatos en pequeñas láminas.
El 28 de diciembre de 2015 se celebró un contrato entre la Gobernación de Putumayo con la Fundación Victoria Regia por $82 millones en el que se incluyeron unas asesorías con los integrantes de Asomicuap y las cinco máquinas Camel. Según el magistrado Rueda, la fundación ejerció como intermediaria en una venta simulada, pues la maquinaria en realidad le habría sido negociada con la asociación liderada por Barbas. “Los dispositivos fueron comprados a alias Barbas y entregados a la agremiación. Se comprende sin dificultades que la asignación del contrato a la mencionada fundación tenía como único propósito dotar de una apariencia de legalidad a una operación abiertamente irregular”, dice la acusación. (Fuerza Especial contra la minería ilegal, anuncia el Gobierno)
“La ejecución del contrato implicó el fomento de la explotación minera realizada por Asomicuap. Asimismo, consecuentemente, la contaminación de la fuente hídrica debido a la succión constante de las arenas para extraer el metal precioso, lo cual causó la dispersión de metales pesados como el mercurio, cadmio y plomo que, en estado natural, se encontraban inertes en el lecho del río (…) La Corte ha calificado como ilícita la explotación de Asomicuap no por la falta de permisos, sino por la utilización de métodos extractivos altamente nocivos realizado con varias dragas para succionar el lecho de los ríos Caquetá y Putumayo”, dice el alto tribunal.
La segunda reunión que le reprocha la Corte al político conservador ocurrió el 5 de octubre de 2015 en la biblioteca municipal de Puerto Leguízamo, en donde se reunieron el entonces gobernador Díaz, altos funcionarios de la alcaldía de ese municipio, la Policía y la Armada. Allí, supuestamente, el mandatario regional le pidió a la Fuerza Pública que permitieran a los miembros de la asociación sacaran el oro y que no decomisaran las balsas y el combustible usados por los afiliados de Asomicuap. Sin embargo, Policía y Armada rechazaron de tajo la solicitud de Díaz y “le manifestaron la evidente ilegalidad de dicho pedido”.
“En dicha reunión no se acordó ni el precio, ni la misma compra de las máquinas. Señala que se hablaron otras cosas, particularmente que los mineros debían trabajar legalmente, propendiendo por la no utilización del mercurio. Luego, es claro que ninguna irregularidad se trató en dicha reunión que pueda ser considerada como constitutiva del delito de concierto para delinquir. Este mismo testigo (alias, Barbas) aclara que allí tampoco se acordaron ventas de oro, declaración que también había realizado en la Corte en marzo de 2019”, señaló la defensa de Díaz al alto tribunal.
La defensa del congresista también puso en tela de juicio el testimonio de Luis Bernardo Ruiz, comandante de la Policía de un corregimiento en Puerto Leguízamo. Este uniformado, que fue condenado por sus alianzas con el narcotráfico, fue quien dijo que el congresista intervino a favor de Asomicuap ante la Fuerza Pública. “No existe una sola prueba, distinta al testimonio de Ruiz, que acredite aquello de ‘la oposición radical’ de las autoridades en octubre de 2015. ¿Dónde está el dicho de los miembros de la Armada que den fe de esa oposición de las autoridades convocadas a la reunión ante una supuesta solicitud ilegal por parte de Díaz?”, expresó el litigante.
En cuanto a la suscripción del cuestionado contrato, la defensa de Díaz señala que ese convenio tenía como propósito apoyar a Asomicuap en la sustitución del mercurio en el proceso de extracción de oro con equipos de lavado del metal, “con el fin de ayudar al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social de los habitantes de Puerto Leguízamo, propendiendo por el respeto al medio ambiente. Jamás podrá entonces, predicarse que dicho contrato tenía un objeto ilícito, y menos aún, que incentivaba el ejercicio de la minería ilegal. Se propendía por contribuir al proceso de formalización minera por parte de Asomicuap”. (Fiscalía llamó a entrevista a alcalde de Mocoa y gobernadora del Putumayo)
Díaz, quien se encuentra desde septiembre de 2019 preso en La Picota (en un pabellón aledaño al del uniformado Ruiz), mantiene su investidura de congresista. La Cámara de Representantes señaló que su curul está “temporalmente vacante, condicionada a lo que decida la justicia penal”. En las próximas semanas se resolverá el recurso de reposición que presentó la defensa del representante Díaz al escrito de acusación, luego, en caso de que sea negado, se daría inicio al juicio. Sin embargo, ante la actual situación de confinamiento que vive el país a raíz de la contingencia por el nuevo coronavirus, no se ha determinado cómo se adelantarán las audiencias del caso, si de manera virtual o presencial.
Por David Escobar Moreno
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