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“Los derechos no los regalan. Los derechos hay que lucharlos. Así les ha tocado a todos los sectores, por ejemplo a las mujeres”, dice Eliécer Morales, campesino de la Asociación Campesina de Inzá, Tierradentro (ACIT), cuando se le pregunta por la ponencia de un proyecto que fue radicada ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa de acto legislativo busca “reconocer al campesinado como sujeto de especial protección constitucional”, que a ojos de Morales es un paso que corrige la invisibilización de los campesinos en la Constitución Política: “Lamentablemente, cuando se hizo la Constitución en 1991, hubo diferentes circunstancias que hicieron que el campesinado no pudiera incidir en ese acuerdo. Por eso fuimos uno de los sectores invisibilizados. Estamos pidiendo corregir esa falla en el reconocimiento”.
Hoy el artículo 64 de la Constitución Política se lee así: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos”. El proyecto de acto legislativo radicado esta semana para séptimo debate, iniciativa del Gobierno Nacional, busca ampliar este artículo y especificar, entre otros asuntos, que “el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección”. Es decir, que además de los derechos que se les reconocen a todos los colombianos, a la población campesina se le deben garantizar algunos derechos especiales en relación con, por ejemplo, temas de tierras y seguridad alimentaria. “Es un reconocimiento a que el pueblo campesino tiene características distintas que lo diferencian de otros grupos poblacionales”, aseguró Diógenes Quintero, coordinador ponente del proyecto de acto legislativo. ”Un campesino no solamente es el que tiene un arraigo y una relación estrecha con la tierra de vista productivo, sino que un campesino es el que se organiza en diferentes instancias. Es reconocer esa vida y esa organización”.
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“Hay muchas circunstancias que han hecho que el campesinado, por más que se diga que es igual al resto de los ciudadanos, ha quedado marginado de la redistribución de los recursos del Estado y excluido en las políticas públicas”, explica Morales. “Entonces, como sujeto de especial protección, nosotros estamos diciendo que la Constitución debe tener acciones afirmativas para que logremos una igualdad material, no solamente formalPor eso es necesaria esa especial protección, y más cuando estamos hablando de una población cuyo papel dentro de la vida de los colombianos es muy importante”, continúa, haciendo referencia al rol del campesinado en la producción del 85 % de los alimentos en el país.
Para Rocío del Pilar Peña Huertas, profesora emérita de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y coordinadora académica del Observatorio de Tierras, esta “protección constitucional es más que necesaria”. “Los campesinos sin distinción de etnia o sexo son los colombianos que han sufrido más el conflicto armado. Así lo constatan los más de 10 millones de desplazados del campo por el conflicto”, dice haciendo referencia a un tema en el que ahondó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el informe “Guerra contra el campesinado”.
“La protección constitucional refuerza lo que las cortes, en especial la Constitucional, han desarrollado por vía de jurisprudencia. Es decir, los campesinos son sujetos de especial protección, pero que el acto legislativo es una forma de darle fuerza a esta idea”, anota Peña Huertas. En concreto, el acto legislativo permitiría: “Por el carácter normativo de la Constitución exigir los derechos vía judicial y exigir del Estado políticas públicas que les permitan vivir dignamente a los campesinos. Además, permite fortalecer la participación de los representantes de esta población en instancias de decisión sobre el sector rural, ya sea en instancias conjuntas con otros sectores, como comités y juntas de establecimientos públicos y estatales, o a través de mecanismos de interlocución con el Estado como la comisión campesina. El reconocimiento como sujeto de derechos también se ve relacionado con el reconocimiento político colectivo y el incremento en la participación”.
Para Quintero, igual que para Peña Huertas, el reconocimiento explícito en la Constitución tiene un valor fundamental. “Desde el punto de vista simbólico, legal y constitucional, sin duda esta es una gran conquista para el pueblo campesino”, apunta el representante a la Cámara. Según el DANE, en Colombia, a marzo de 2023, hay 15′226.000 personas que se identifican como campesinas.
Uno de los asuntos claves que traía el proyecto de acto legislativo, cuando fue radicado en el Senado, era la integración al bloque de constitucionalidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. En diciembre de 2018, Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, se abstuvo de votar en la Asamblea General de la ONU la declaración. De acuerdo con la Cancillería de ese momento, la decisión respondió, entre otras razones, a que “los derechos colectivos que reconoce la Declaración exceden y trascienden la legislación colombiana” y a que “el concepto de campesino y trabajador rural es sumamente amplio, y difícilmente se define de la misma manera en las legislaciones internas de los diferentes Estados”. Cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, en 2022, anunció a la ONU, mediante una nota diplomática, que acogía la declaración.
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El proyecto de acto legislativo que hoy cursa su trámite en el Congreso cuenta con detractores, como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), parcialmente, debido a la intención de incluir esta Declaración en el bloque de constitucionalidad. En marzo de 2023, el gremio de empresarios hizo una serie de comentarios a la iniciativa de reforma teniendo en cuenta cuatro puntos claves: el que la protección constitucional al campesinado colombiano ya existe en la legislación y la jurisprudencia; el carácter no vinculante de las declaraciones de organismos internacionales para los estados; el que integrar vía acto legislativo una declaración de un organismo internacional a la Constitución constituye una práctica anómala, y el que el Estado colombiano se haya abstenido de votar la Declaración sobre los campesinos.
“Consideramos que Colombia ya cuenta en su Constitución Política, en la legislación y en la jurisprudencia, con normas y directrices protectoras del trabajador y habitante rural. El Congreso puede destinar sus esfuerzos a pedirle al Gobierno que implemente programas concretos de política pública orientados a brindarles a los campesinos y trabajadores rurales las condiciones y protecciones para su mayor bienestar”, se lee en el comunicado de la Andi. “Solicitamos retirar del proyecto de acto legislativo, la idea de integrar al bloque de constitucionalidad el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales y dejar esta como fuente auxiliar de interpretación de las leyes existentes”.
En efecto, durante su debate en el Senado, se eliminó el punto de incluir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos en el bloque de constitucionalidad. Al respecto, el ponente Diógenes Quintero aclara: “En esta nueva versión que presentamos en Cámara nos parece que es un punto medio el hecho de decir que la declaración no es de por sí parte de la constitucionalidad, además porque no es un convenio, sino una declaración, pero que tiene un valor interpretativo para el marco normativo colombiano”.
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Al tratarse de una propuesta de reforma constitucional, necesita superar ocho debates en el Congreso: cuatro en el Senado y cuatro en la Cámara de Representantes. Después de hacer el tránsito en el Senado, el proyecto está a dos debates de ser aprobado: uno en la Comisión Primera de la Cámara y otro en la plenaria de la misma. Y aunque esta apuesta fue una de las primeras que el gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Legislativo, en agosto de 2022, hasta este jueves la posibilidad de que se hundiera era alta, teniendo en cuenta que el debate no se ha agendado y la legislatura terminará el próximo 20 de junio. “Los derechos campesinos están en cuidados intensivos, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes no tiene voluntad política para avanzar en el acto legislativo campesino”, fueron las palabras de la Agenda Nacional Campesina este miércoles.
Sin embargo, el congresista Quintero asegura que, aunque los tiempos están justos, hay optimismo. De acuerdo con él, cuando se radicó el proyecto este jueves, que fue firmado por 10 ponentes de ocho partidos políticos diferentes, el presidente de la Comisión, el conservador Juan Carlos Wills Ospina, se comprometió a que el próximo 30 de mayo se anunciará el proyecto, de manera que se pueda realizar el debate en Comisión el 31 de mayo y la semana siguiente en la plenaria de la Cámara de Representantes. Después los textos aprobados por Senado y Cámara irían a conciliación. “Si eso ocurre así, y solo si ocurre así, el acto legislativo sigue vivo. Este, aunque es una iniciativa del Gobierno, tiene una sensibilidad y una importancia para el país, y sobre todo para el pueblo campesino, que amerita unirnos y sacarlo adelante”, afirmó Quintero.
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Por Daniela Cristancho
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