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En el Concejo Municipal de Florencia, en Caquetá, la concejala animalista Heidy Cerquera (Partido Liberal) ha sido víctima de violencia política por razones de género en múltiples ocasiones. En enero de 2023, uno de sus colegas, Jovanny Vásquez (Alianza Verde), le dijo que ella estaba enamorada de él para desautorizarla: “Hay un problema de atracción muy fuerte y eso me está preocupando. Yo le pido excusas al esposo de la concejala, ella se encaprichó”, le dijo en medio de una de las sesiones. Adicionalmente, Cerquera ha manifestado que ha recibido agresiones verbales: “me limitan el uso de la palabra y usan expresiones descalificando mi trabajo por los derechos de los animales (…) de manera sarcástica me han llamado perra”, ha denunciado sobre las violencias ejercidas por algunos de sus compañeros.
Si bien pareciera que en la política regional las expresiones de odio por razones de género están más normalizadas, en la política nacional han ocurrido situaciones similares: en septiembre de 2022, en medio de un debate de control político sobre el escándalo en los recursos OCAD Paz, el representante Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador) le dijo a Catherine Juvinao (Alianza Verde) que ella tenía una “psiquiátrica obsesión conmigo desde hace varios años (…) Cuando ella se acuerda de mí pone la canción vallenata ‘Tarde lo conocí’, de Patricia Teherán”; esa frase la usó para simplificar los señalamientos de Juvinao, quien aseguró que el representante hacía parte de una presunta red de contratación con esos dineros para la paz.
Esas conductas normalizadas, ahora serán reconocidas como violencia contra las mujeres en política y habrá medidas de sanción y protección. El proyecto de ley estatutaria, por medio de la cual se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia política contra las mujeres, fue aprobado en su último debate por la plenaria de la Cámara de Representantes este 24 de mayo de 2023. Se trata de una iniciativa que fue presentada en el pasado en dos ocasiones por la senadora Nadia Blel (Partido Conservador), pero que nunca se aprobó por vencimiento de los términos legislativos. Finalmente, en esta legislatura se acumuló con otro proyecto con el mismo objetivo, de la senadora María José Pizarro y otro de Piedad Córdoba (Pacto Histórico), logrando mayor consenso y el apoyo de todos los partidos.
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¿Qué es la violencia política contra la mujer? De acuerdo con el proyecto que prontamente será ley, es toda acción que, basada en elementos de género, tenga como resultado impedir o dificultar el ejercicio de los derechos políticos de una mujer, en el marco de los procesos electorales, de participación ciudadana y representación democrática y el ejercicio de la función pública. Estas acciones pueden causar daño o sufrimiento a una, varias mujeres o a sus familias. La ley estatutaria habla de violencia psicológica, simbólica, económica, física, sexual y digital.
El proyecto fue aprobado por unanimidad y por ser una ley estatuaría, pasará a revisión de la Corte Constitucional y luego de eso será sancionada. La senadora María José Pizarro, autora del proyecto y una de sus principales promotoras, celebra este logro y asegura que la violencia política “la han padecido mujeres de distintos partidos políticos, de distintas maneras. Eso logró que confluyeran todas las mujeres en el Congreso y que cada una de ellas fuera expresado y acompañando el proyecto a razón de lo que ellas mismas han sufrido. En las regiones la situación es más compleja”, contó a El Espectador la senadora de la coalición de gobierno.
Esto es clave porque cuando esté proyecto sea ley, necesitará del compromiso de cada uno de los partidos y organizaciones políticas para que sea efectivo. Toda una sección del texto aprobado establece obligaciones a los partidos para generar acciones de prevención, adoptar protocolos y medidas necesarias en sus estatutos o códigos de ética. Esas medidas deberán llevarse desarrollarse en el término de seis meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Igualmente, los protocolos serán una exigencia en el momento de la inscripción de las candidaturas a los distintos procesos de elección popular. “Actualmente, casi que ningún partido tiene códigos o protocolos para evitar la violencia contra las mujeres. De hecho, cuando hice el primer barrido para desarrollar este proyecto, solo el partido Comunista tenía algo similar, cosa que sí ha sucedido en otros países (…) Ahora las mujeres tendrán un recurso para presentar al interior de sus partidos o ante los demás actores que quedaron incluidos en esta ley”, explica la senadora Pizarro.
Los actores y entes responsables
De cara a las medidas de prevención y atención, la ley involucra al Ministerio del Interior; la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; autoridades electorales, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional; ministerio público, es decir, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y Personerías; a los partidos políticos y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Cada uno de esos actores tendrá la responsabilidad de adoptar medidas para la prevención, protección, investigación y, en algunos casos, sanción.
Es quizá el CNE el que más facultades adquiere con la aprobación del proyecto, pues deberá atender los casos y denuncias de hechos de violencia contra mujeres en política, igual que dar traslado de los casos que deban ser investigados y sancionados a las autoridades competentes. Del mismo modo, deberá promover medidas de prevención durante la actividad electoral, campañas electorales y, vigilar y garantizar el cumplimiento de las medidas que desarrollen los partidos y organizaciones políticas en sus, estatutos, protocolos o códigos de ética mencionados anteriormente; si es el caso, aplicar sanciones a los partidos.
¿Habrá sanciones para los agresores?
El proyecto establece que la Procuraduría General de la Nación tendrá que adelantar con “especial diligencia” las investigaciones contra los servidores públicos que incurran en faltas disciplinarias relacionadas con hechos de violencia contra las mujeres en política. Igualmente, el CNE podrá imponer sanciones sobre los partidos. No obstante, de acuerdo con Pizarro, “la lógica punitivista no siempre es la que más funciona, todo lo contrario, lo que realmente funciona es la prevención y erradicación de la violencia política. Por eso, este texto está centrado en la atención y el rechazo; claro que hay unos mecanismos de sanción, pero ese no es el centro del proyecto”.
De todas formas, la iniciativa aprobada establecería sanciones electorales o disciplinarias. Además, hay formas de la violencia política que ya se encuentran en el Código Penal colombiano, como la violencia sexual, agresiones físicas, feminicidio, discriminación. “Hay conductas que constituyen violencia contra las mujeres en política, que dan responsabilidades éticas, a través de los partidos, o penales, cuando estamos hablando de violaciones a derechos o acciones que ya están constituidas como delitos, incorporados en el código penal”, explica la senadora.
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Finalmente, Pizarro reflexiona que la violencia política no tiene nada que ver con la veeduría ciudadana al trabajo de las mujeres en el ejercicio del poder público o a sus “acciones como políticas, pero no se puede ejercer violencia por el hecho de ser mujeres”. La representante Catherine Juvinao, quien fue ponente del proyecto en la Cámara, la complementa: “cuando hablamos de violencia política, de ninguna manera estamos exentas de la crítica política o de los cuestionamientos. Las mujeres servidoras públicas somos tan escrutables como los hombres y debemos soportar la crítica que puede ser chocante, pero la violencia política contra la mujer es bastante específica, pues perpetúa patrones de subordinación”.
Pizarro espera que la ley pueda ser sancionada lo antes posible para que sea efectiva para las elecciones de autoridades regionales y miembros de corporaciones públicas de octubre. “En este periodo electoral se exacerban las violencias contra las mujeres, sobre todo en lo local. Hay que esperar que pase la revisión constitucional, luego va a sanción presidencial y esperamos que las mujeres tengan una herramienta para enfrentar las violencias a las que están expuestas para la próximas elecciones”, concluye.
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Por Laura Duarte Sandoval
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