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El 5 de diciembre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma a la salud con 86 votos de los 123 presentes, pero poco menos de cuatro meses después, la misma iniciativa se hundió en la Comisión Séptima del Senado, a pesar de los esfuerzos constantes de los congresistas del oficialismo para impedirlo. El “gran acuerdo nacional” que fue planteado para poder avanzar en la concertación entre las partes no prosperó y, de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, terminó siendo “carreta”.
La idea inicial de un “gran acuerdo nacional” nació antes de que el mandatario se posesionara. El objetivo sería concertar entre partidos con orillas ideológicas diferentes a las de Petro y así disminuir la polarización en Colombia. En ese momento, propició el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe y los que eran jefes del Partido Liberal (César Gaviria), Partido de la U (Dilian Francisca Toro) y Partido Conservador (Carlos Andrés Trujillo), antes del 7 de agosto de 2022 caundo tomó las riendas de la Casa de Nariño. Con esa bandera de la concertación, el Centro Democrático fue el único en declararse como oposición, pero no pararon los encuentros entre Uribe, el líder natural del partido, y el Ejecutivo.
Petro enfatizó en esta propuesta varias veces. El pasado 20 de julio afirmó en el Congreso que era “el momento de un acuerdo nacional” e hizo un llamado para unir fuerzas sociales y así lograr la aprobación de sus reformas. Para él, el Legislativo era “la expresión condensada de ese acuerdo, que se tramita aquí [en el Capitolio] a través de las reformas”.
Meses más tarde, volvió a la misma frase para hablar de paz en la instalación del Comité de Participación en los diálogos con el ELN y luego en una reunión con algunos de los empresarios más importantes del país, como Luis Carlos Sarmiento Angulo. En ese tiempo, los encuentros con el expresidente Uribe continuaron, pero los resultados no fueron fructíferos: en noviembre se juntaron para tratar la reforma a la salud y, según el exmandatario, “no hubo un diálogo, hubo un debate”.
A casi dos años de su mandato, el “gran acuerdo nacional” se ha convertido en una promesa del pasado. En la instalación de la Asamblea Nacional de Cafeteros, y menos de una hora después de que la Comisión Séptima votara para archivar la reforma a la salud, el presidente criticó duramente a los senadores que hundieron el proyecto y aseguró que esa decisión había condenado a las EPS a la quiebra, a pesar de los intentos de su propio Gobierno por generar consensos.
“Dijimos, ‘concertemos’. Un gran acuerdo nacional. Mira en qué va el acuerdo nacional. Se volvió carreta”, aseveró.
Los intentos no solo fueron unilaterales. Desde otros sectores también plantearon iniciativas para construir un acuerdo. Julia Londoño, representante del Nuevo Liberalismo, fue una de las voces que intentó construir un acuerdo en el Legislativo. En agosto de 2023, propuso “la creación de una subcomisión integrada” por los todos los partidos en la Cámara para concertar un texto que resultara de mesas de diálogo entre la sociedad civil, organizaciones del sector y figuras políticas, “donde se garantizaren los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como lo es la reforma a la salud”.
Ahora, la representante afirmó que ese acuerdo “no fue verdad” y que “faltó apertura para el diálogo”. Según ella, la exministra de Salud Carolina Corcho “fue muy cerrada” y su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo, “fue muy agresivo con los diferentes actores que quisieron participar en la reforma y con los actores del sistema”. Así, “esa agresividad y esa descalificación del ministro a todo lo que se había hecho en los últimos 30 años en el sistema de salud fue muy impresionante, muy impactante y cohibió y no permitió el consenso que se requiere para esta reforma”.
“Era una gran oportunidad para traer a la mesa las diferentes visiones de los diferentes partidos y fue lo que tratamos de hacer al comienzo. Fue rechazada, fue limitada en el tiempo, en los temas y no hubo apertura para recibir esos aportes que nosotros considerábamos fundamentales”, aseguró Miranda, quien añadió que la oposición que había recibido a su iniciativa “fue del Gobierno, de parte de los ponentes y de parte de la Cámara de Representantes”, que limitaron el tiempo para “los debates de temas profundos”.
El senador David Luna (Cambio Radical) aseguró que desde que se convocó al acuerdo nacional, hace ya casi dos años, él y otras personas de su misma corriente aceptaron la invitación, pero “nunca [fueron] convocados”. Para él, “vemos un presidente que solo quería un contrato de adhesión: o se está de acuerdo con él o se está contra él. Así es imposible construir”.
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La culpa de la desestabilización de la concertación entre todas las partes, según Eduardo Noriega, delegado de la Colombia Humana ante el Pacto Histórico, es de los congresistas que no apoyaban las reformas. Así, dijo, “no se puede hablar de un gran acuerdo” cuando estos “echan al cesto de la basura” el trabajo de diálogo por parte del Gobierno.
Clara López, senadora del Pacto Histórico, apuntó que la oposición planteó un “‘no’ sistemático” a la reforma y no estuvo abierto a continuar “la discusión en la plenaria, sino archivarlo de tajo”. Para ella, teniendo en cuenta que había una mayoría de quienes no estuvieron de acuerdo con el proyecto, estos tenían vía libre “para hacer propuestas, para introducir los cambios que ellos considerasen importantes que se pudieran incorporar al proyecto”.
“Hay un proceso de polarización tóxica en nuestro país”, dijo. “La polarización tiene el gran inconveniente de que todo se ve por un gran prisma que no es por el interés de la población, sino el interés de los políticos y hay una desconexión total con la población”.
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Con el resultado de la Comisión Séptima, las ruedas siguieron andando para el oficialismo, que no se rendirá para aprobar la reforma. Esa misma noche, un grupo de congresistas del Pacto Histórico presentó un recurso de apelación para revivir la iniciativa con base en el artículo 166 de la Ley 5 de 1992, que determina que “negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la Plenaria de la respectiva Cámara”.
Para la oposición, se prendieron las alarmas, pues creen que el mandatario encontrará una forma de imponer a la fuerza lo que se negó en el Congreso, sustentados por las posiciones que han tomado figuras cercanas a él. Entre ellos, Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, quien ha reforzado la idea de que “el Congreso está obligando al [presidente] Petro a gobernar por Decreto [sic]”.
A eso se suman otras situaciones similares. El 2 de julio del año pasado, el presidente decretó una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira para combatir “la situación de cosas inconstitucionales que vive este departamento” y se enfrentó a una discusión jurídica sobre la viabilidad de una decisión como esta, pues se atribuía funciones que son propias del Congreso cuando no se habían agotado otros recursos. En noviembre, la Corte Constitucional tumbó el decreto, alegando que no había validez en la declaratoria de emergencia que respaldaba la decisión de Petro.
Con la pelea en el Congreso con la reforma a la salud, el Ejecutivo aseguró que haría lo posible para impulsar sus propuestas por medios diferentes al Legislativo y el Ministerio del Interior ya se puso las pilas para hacer lo propio: “el Gobierno, con la Constitución y las leyes vigentes, avanzará hasta donde legalmente podamos en la implementación de un modelo que privilegie la prevención y que busca atender a todos los ciudadanos. Evidentemente, se necesita una reforma a la salud. ¿Cómo la construiremos? Este Gobierno persistirá”.
Frente a esto, el senador Luna afirmó que a Petro “se le olvida que en Colombia hay un Estado de derecho y una división de poderes”, y lo que quiere es “modificar la Constitución para reelegirse, incumplir todas las promesas que hizo en campaña porque el ego lo está abrumando, y de esa manera no se puede gobernar”. Por su parte, la representante Miranda apoyó que el Gobierno pueda hacer los cambios necesarios para fortalecer el sistema de salud, pero remarcó que estos no deben ser hechos “con agresividad, con revanchismo”.
Noriega dio una respuesta contundente frente a las discusiones de que el presidente está violando la ley y la Constitución y afirmó que este tiene “la facultad legal y constitucional” para implementar sus propuestas y por eso “no es admisible la posición de estos congresistas”. López concordó, pues, de acuerdo con ella, se gobierna con “órdenes ejecutivas y decretos presidenciales”, por lo que no tiene “nada de raro ni extraño” que esta sea la manera que asumirá el presidente para avanzar en su reforma.
“El Gobierno está actuando con toda la seguridad y todo el rigor para garantizar el servicio a la salud”, finalizó el delegado de partido del presidente.
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Los roces, sin embargo, continúan entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el mandatario aseguró que la reforma se cayó por “una violación flagrante de la constitución y la ley”, el presidente del Senado, Iván Name, respondió que una afirmación “inadmisible” como esa “atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta cédula legislativa”.
El “gran acuerdo nacional”, como lo dijo el mismo presidente, no cumplió con las expectativas, ni de él mismo ni de la oposición. Aunque el Gobierno hace lo posible para que su reforma a la salud no se hunda, quedan dos otras pendientes, la pensional y la laboral, cuyo destino todavía es incierto y de ellas dependerá si el presidente obtiene otra derrota en el Congreso.
La pensional, en especial, aunque sobrevivió en el Senado, tampoco parece ser objeto de un nuevo intento de concertación. Petro ha señalado que en el Legislativo ya apareción el lobby para buscar “cómo bajar el pilar del sistema pensional propuesto por [su] gobierno”.
“No señores y señoras, como en salud, tenemos uno de los peores sistemas pensionales del mundo”, declaró.
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Por María José Barrios Figueroa
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