Gobierno De la Espriella aclara decisión sobre derogatoria de decreto para porte de armas

La medida, según argumentó De la Espriella al momento de su firma, se sustenta en que «los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar». Fue por ello que derogó ese decreto que incluso mantuvo Iván Duque durante sus cuatro años de mandato entre 2018 y 2022. El mandatario señaló que «esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla».

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Sin embargo, la medida generó revuelo en varios sectores políticos que señalaron, esto abría la puerta a incrementar los índices de violencia en el país. Fue por ello que horas después de firmada la medida el vocero de la Casa de Nariño, Miller Soto, entregó mayores detalles sobre los argumentos para derogar ese decreto. En primera instancia, Soto advirtió que «levantar la suspensión general no es autorizar el porte libre de armas».

«El decreto restablece la eficacia de los permisos individuales que estén vigentes y que cumplan todas las condiciones que ya exigen la ley y la constitución. El artículo 223 de la constitución le da al estado el monopolio sobre las armas, las municiones de guerra y los explosivos y establece que nadie puede poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Ese principio no se toca», dijo Soto en un mensaje oficial difundido en las redes de la Presidencia.

Bajo esa argumentación Soto explicó que con la derogatoria de ese decreto el gobierno permite «levantar esa suspensión y volver al régimen ordinario en el que quien tiene un permiso vigente expedido por autoridad militar competente puede ejercerlo sin tramitar una autorización especial adicional. Eso es lo que cambia». Además, remarcó las palabras del presidente De la Espriella a la hora de la firma e indicó que los controles permanecerán intactos para acceder a armas de fuego en Colombia.

«Las condiciones legales de fondo siguen siendo exactamente las mismas. Este decreto no crea un derecho nuevo, no legaliza el porte sin permiso, no elimina ningún control y no habilita a cualquiera para salir a la calle con un arma. El permiso tiene que estar vigente y el arma tiene que estar específicamente amparada por ese permiso.», dijo Soto.

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Finalmente agregó que «una cosa es el ciudadano que cumple los requisitos establecidos por la ley y tiene un permiso vigente expedido por autoridad competente, y otra muy diferente es el arma que circula ilegalmente en las calles y termina en manos criminales. Ahí es donde el Estado tiene que concentrar buena parte de su fuerza y lo está haciendo».

La medida entró en vigor a partir del 8 de agosto, razón por la que ya no se necesitará en requisito extra para el porte de armas. Con ello el gobierno De la Espriella busca «regular» el mercado de armas pues, según han señalado, «la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De esas 15.700, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos». En todo caso, los permisos seguirán siendo expedidos bajo lineamientos de edad y exámenes psicotécnicos que son vigilados por el Ministerio de Defensa.

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