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¿Están preparados los colegios y jardines infantiles de Bogotá para responder ante un terremoto? Esa fue la pregunta que llevó la concejal María Clara Name al Concejo de Bogotá, donde adelantó un debate de control político sobre el estado de la infraestructura educativa y social del Distrito.
Bogotá está clasificada por la norma sismo resistente como una zona de amenaza sísmica intermedia. Sin embargo, la principal referencia que tiene actualmente la Secretaría de Educación para evaluar la vulnerabilidad de sus 746 sedes educativas es un estudio preliminar elaborado en el año 2000.
Ese documento no constituye un diagnóstico definitivo, sino un tamizaje inicial que clasificó las edificaciones frente a la primera norma sismo resistente del país.
857 edificaciones quedaron bajo alerta en el estudio
La evaluación revisó 2.519 edificaciones. De ese total, 857 recibieron calificaciones asociadas a estructuras que no fueron diseñadas para resistir adecuadamente efectos sísmicos y que además estaban en mal estado.
Las mayores concentraciones aparecieron en San Cristóbal, con 177; Engativá, con 126, y Kennedy, con 107.
En Ciudad Bolívar, el estudio calificó 229 edificaciones. De ellas, 25 fueron descritas como estructuras construidas antes de la Norma Sismo Resistente de 1984 y con “deficiencias notables”. Entre estas aparecen bloques de aulas de tres y cuatro pisos.
Name pidió revisar particularmente las condiciones actuales de los colegios Rodrigo Lara Bonilla y República de México, incluidos en la documentación presentada durante el debate.
“Necesitamos saber cuáles edificaciones fueron reforzadas y cuáles no. No podemos hablar de prevención si Bogotá no cuenta con información actualizada que permita determinar qué colegios resistirían adecuadamente un terremoto”, señaló la concejal.
La preocupación tomó fuerza después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto. Según las cifras presentadas durante el debate, el evento dejó 452.782 personas afectadas, 331 fallecidos, 4.497 heridos y 152 desaparecidos, además de 4.261 centros educativos afectados, de los cuales 811 colapsaron.
Solo 124 colegios tienen accesibilidad total
El debate también puso la lupa sobre las condiciones para evacuar las sedes durante una emergencia.
De los 746 colegios distritales, apenas 124 cuentan con accesibilidad total. Otros 371 tienen accesibilidad baja y 13 no tienen accesibilidad, lo que significa que 384 sedes presentan niveles bajos o nulos.
Name cuestionó qué ocurriría durante un terremoto si estudiantes, profesores o trabajadores con discapacidad o movilidad reducida tuvieran que abandonar rápidamente una edificación.
“Una barrera arquitectónica que hoy dificulta el ingreso diario puede, en una emergencia, convertirse en una trampa mortal”, señala la presentación del debate.
La concejal extendió la solicitud a la Secretaría Distrital de Integración Social, encargada de jardines infantiles y otras infraestructuras sociales.
El debate planteó dudas sobre la situación estructural de 131 jardines administrados directamente y preguntó si el Distrito contratará diagnósticos de vulnerabilidad para las edificaciones más antiguas.
Name reconoció que Integración Social ya cuenta con medidas como un profesional estructural y análisis de vulnerabilidad en algunos procesos, pero pidió establecer qué edificaciones necesitan una revisión más profunda.
Piden diagnóstico nuevo y cronograma de reforzamiento
El documento también advierte que el presupuesto comprometido para mejoramientos educativos pasó de $140.611 millones en 2023 a $22.478 millones en 2024, una reducción superior al 80 %. Además, señala que ninguna de las siete instituciones entregadas entre 2023 y 2026 corresponde a los 14 centros educativos que el estudio identificó con edificaciones deficientes en Ciudad Bolívar.
La concejal pidió ahora contratar un nuevo estudio de vulnerabilidad sísmica bajo la NSR-10 y la microzonificación de Bogotá, revisar edificio por edificio qué ocurrió con las estructuras señaladas hace 26 años y diseñar un plan plurianual de reforzamiento para las que resulten vulnerables.
El debate no concluye que los colegios estén próximos a colapsar. La alerta apunta a otro problema: Bogotá no tendría información suficientemente actualizada para determinar cuáles edificaciones necesitan intervención prioritaria ante un terremoto.
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