¿Por qué la demora con Julián Bedoya, fiscal?

La Fiscalía General de la Nación está contra las cuerdas por su falta de resultados en casos de alto impacto. Mientras ha conseguido avanzar con velocidad en procesos como el de Juliana Guerrero, donde obtuvo una confesión y decisión judicial en tan solo cinco meses, un proceso análogo, en circunstancias muy similares, lleva años enredado y amenaza con quedar en la impunidad. El excongresista Julián Bedoya vio su título universitario revocado por irregularidades en su obtención, la Corte Suprema de Justicia encontró suficientes razones para procesarlo y, a pesar de todo eso, la Fiscalía ha mostrado una preocupante parsimonia. ¿Por qué el doble estándar? ¿Se trata, acaso, de sexismo, de sesgo en contra del Gobierno anterior o de una extraña protección al grupo político de Bedoya?
El excongresista volvió a los titulares esta semana debido a que dijo que se consideraba oficialista. El presidente, Abelardo de la Espriella, le respondió con contundencia que no lo recibiría en su coalición por todas las investigaciones que hay en su contra. Se trató de un bienvenido rechazo público. Todo esto ha hecho más evidente lo que contamos hace unos días en El Espectador: la Fiscalía ha brillado por su ausencia en el proceso contra Bedoya.
Hay casos que son probatoriamente débiles y requieren de un trabajo investigativo riguroso y extenso, por supuesto; pero en el caso de Bedoya, con lo que ha conocido la opinión pública, contamos con suficientes argumentos para exigir que un juez evalúe las pruebas y tome una decisión final. Por allá en 2021, hace ya cinco años, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por el delito de fraude procesal. Según las pruebas conocidas por los medios de comunicación, Bedoya presentó y aprobó 16 exámenes en tan solo cuatro jornadas para recibir el título de abogado, 10 años después de haber suspendido estudios en la carrera. La Corte, por cierto, llegaba tarde, pues las primeras denuncias contra Bedoya se han conocido en medios desde el 2019.
Después ocurrieron dos hechos de suma gravedad: por un lado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín invalidó el título de abogado de Bedoya y lo suspendió. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte llegó a la conclusión de que el excongresista debía ser investigado como posible determinador de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Sin embargo, llegó el 2022, Bedoya perdió el fuero, su caso fue asumido por la Fiscalía y, de la nada, un fiscal dijo que no había mérito para investigarlo. ¿A quién se le puede ocurrir eso después de tantas evidencias sobre la mesa?
En 2024, la Fiscalía cambió de parecer y lo llamó a juicio, pero desde entonces el proceso está sumergido en demoras y se acerca a la prescripción. Eso no puede ocurrir. Fiscal general, Luz Adriana Camargo: sería una vergüenza para la Fiscalía y para su periodo encabezando la entidad si este proceso no llega, por lo menos, a un fallo por parte de un juez. No tiene presentación que el caso de Guerrero, muy similar al de Bedoya, haya sido tramitado con celeridad, mientras que se permite que el excongresista pase de agache esperando saltarse a la justicia. Si en efecto se concluye que no hay evidencias para una condena, el país entero necesita comprender las razones. Empero, la justicia no puede ser para unos pocos. ¿Cuándo tendremos noticias de este proceso?

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