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Cinco meses tardó la justicia en resolver el caso de Juliana Guerrero Jiménez. El pasado 9 de septiembre, la Fiscalía logró un preacuerdo con quien buscaba llegar con títulos falsos al Viceministerio de las Juventudes de la cartera de Igualdad del gobierno Petro. Luego de imputarle cargos el 26 de marzo de 2026, por el delito de fraude procesal, la joven aceptó que sí presentó documentos falsos ante la Presidencia para llegar al cargo y, por eso, fue condenada a tres años de cárcel. Esa agilidad, sin embargo, es lo que le ha faltado a un caso muy similar que lleva años en los anaqueles de la Rama Judicial sin mayores avances.
Se trata del proceso en contra del exsenador Julián Bedoya, del Partido Liberal, que arrancó en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por el delito de fraude procesal, justamente el mismo por el que esta semana fue condenada Guerrero. Según el expediente, el excongresista habría presentado y aprobado 16 exámenes en tan solo cuatro jornadas para recibir el título de abogado. En ese momento se supo que Bedoya había regresado a esos supuestos estudios luego de 10 años de haber dejado la carrera suspendida. Los detalles del caso se supieron en 2019 y, desde ese momento, las directivas de la universidad solicitaron revocar el título.
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Y así fue, la Facultad de Derecho de esa institución educativa consideró inválido el título y el 11 de abril de 2021 lo suspendió al considerar que su plan de estudios no era aplicable para conseguir el grado de abogado. Durante 20 meses, la Sala de Instrucción de la Corte recopiló una montaña de pruebas contra el exsenador y llegó a una conclusión clara: el político debía ser investigado como posible determinador de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público y privado. Sin embargo, en agosto de 2022, Bedoya perdió su fuero como congresista y al alto tribunal no le quedó más que enviar el expediente a la Fiscalía.
Allí, el proceso entró en otro laberinto. El primer fiscal al que le correspondió revisar la investigación resolvió que no había mérito para investigarlo. Una determinación completamente contraria a la que había llegado la Corte Suprema. Sin embargo, un juez no estuvo de acuerdo y le ordenó al ente investigador que siguiera con las pesquisas contra el exsenador. Fue así como en junio de 2024, la Fiscalía llamó a juicio a Bedoya. Desde entonces, el proceso no ha avanzado y varias instancias han denunciado dilaciones por parte del excongresista que habrían servido para empujar el expediente a la prescripción.
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Quien más ha insistido en esas presuntas maniobras dilatorias es la defensa de la Universidad de Medellín, Juan Camilo Bolaños, que está acreditada en el proceso como víctima. Desde hace meses, le ha pedido al Tribunal Superior de Bogotá acelerar las audiencias porque uno de los delitos estaría próximo a prescribir. Es más, en mayo de este año, la fiscal Luz Adriana Camargo ordenó cambiar al fiscal por la falta de celeridad. Además de las advertencias de Bolaños, el propio tribunal ha hecho lo mismo frente a lo que describió como una presunta estrategia desplegada por la defensa de Bedoya para dilatar el proceso penal.
En varias ocasiones, explicó esa instancia judicial, el exsenador ha pedido la nulidad del proceso alegando supuestos vicios en las pesquisas. Para el tribunal, ese tipo de solicitudes podrían constituir “un uso dilatorio del derecho de defensa, orientado a prolongar de manera artificiosa el trámite y a generar el riesgo de que opere el fenómeno extintivo de la acción penal”. Pese a esas alertas, la investigación a Bedoya sigue sin avanzar y la justicia ni siquiera ha logrado iniciar el juicio en su contra. El exsenador nunca ha reconocido su responsabilidad por los delitos que se le investigan.
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En contraste, el pasado 9 de septiembre, Juliana Guerrero tuvo que reconocer ante un juez penal de conocimiento de Bogotá: “Realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el SIGEP II y presentar los documentos al Ministerio de la Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes”. Asimismo, pidió disculpas: “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme o para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, aseguró.
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Alberto(3788)•11 de septiembre de 2026 – 13:42¡Aberrante! Pasan los años y no se hace justicia, mientras tanto este sujeto sigue con su poder incólume, haciendo y deshaciendo.
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Alberto(3788)•11 de septiembre de 2026 – 13:38¡Aberrante! Pasan los años y no se hace justicia, mientras tanto este sujeto sigue con su poder incólume, haciendo y deshaciendo.
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Mario(16018)•11 de septiembre de 2026 – 10:58Hay qué decir también que en cuanto al Pacto Histórico también lo cubre la lentitud, pues el juicio a Nicolas Petro lleva ya 4 años estancado.
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Mario(16018)•11 de septiembre de 2026 – 10:54Lo de este politiquero es muy disiente y propio de los clubes que cubren a los de cuello blanco. Punto.
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Mario(16018)•11 de septiembre de 2026 – 10:53Lo de este politiquero es muy disiente y propio de los clubes que cubren a los de cuello blanco. Punto.
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Aurora Elena(i92pq)•11 de septiembre de 2026 – 04:40Ya sabemos cómo funciona la justicia en este país. Pero como el caso de Juliana está relacionado con el pacto histórico la fiscalía y jueces se movieron rápido.