Estas son las medidas temporales para los arriendos en las zonas afectadas por el terremoto

El tamaño de la tragedia en el Occidente del país no tiene comparación reciente alguna. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra 303.934 familias y 486.917 personas en el Registro Único de Damnificados. El conteo es de 206.931 viviendas averiadas y unas 36.478 destruidas, con corte al 15 de septiembre de 2026. Todavía estos números pueden aumentar.

Ha pasado más de un mes y ya han cesado las labores urgentes relacionadas con los rescates de sobrevivientes y remoción de escombros, por dar algunos ejemplos. Ahora, el Gobierno está concentrado en crear medidas que protejan a los damnificados y buscar estrategias para acelerar la reconstrucción.

Es entonces cuando llega una nueva ola de decretos, entre ellos el 1423 de 2026, que contiene disposiciones buscan brindar un margen de protección a los hogares afectados y promover los acuerdos de pago.

Se trata de un asunto clave que debe conocer. Aunque no sea damnificado por el terremoto, las personas que viven en las zonas afectadas se pueden ver impactadas positiva o negativamente por el cambio en las dinámicas de asuntos como la asignación las excepciones en los precios de los arriendos, acuerdos de pago y excepciones en la propiedad horizontal.

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Estas son las claves de las medidas:

Protección temporal para arriendos

Los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de inmuebles comerciales que tengan vencimiento entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 se prorrogarán por seis meses cuando el arrendatario acredite que resultó afectado directamente por el terremoto.

Durante este periodo, el arrendatario deberá continuar pagando el canon correspondiente. La medida no implica la condonación de las obligaciones derivadas del contrato.

El decreto también suspende, por seis meses, la ejecución material de las órdenes o diligencias de entrega o restitución de inmuebles habitacionales y comerciales ocupados por arrendatarios afectados.

Ojo: esta disposición contempla excepciones, entre ellas, los casos de riesgo inminente de la vivienda, inhabitabilidad del inmueble o necesidad acreditada del propietario de hacer uso del mismo.

Aplazamiento de reajustes y acuerdos de pago

Durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de las medidas, se aplaza el reajuste anual de los cánones de arrendamiento. Esta medida genera un alivio económico para aquellas familias que vieron afectados sus ingresos como consecuencia del sismo.

Los arrendadores y arrendatarios podrán establecer acuerdos directos de pago. Cuando no exista un acuerdo y se acredite la situación de vulnerabilidad del arrendatario, los cánones aplazados podrán diferirse durante los seis meses siguientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el decreto.

Medidas para evitar incrementos extraordinarios en los arriendos

Para prevenir incrementos desproporcionados en los cánones de arrendamiento, el decreto establece que por 6 meses los inmuebles previamente arrendados no podrán tener un aumento que supere el IPC. Para inmuebles comerciales, el límite será el IPC, salvo que exista un avalúo técnico o comercial que sustente un valor diferente.

Medidas excepcionales para la propiedad horizontal

Durante los dos años siguientes a la entrada en vigencia del decreto, las propiedades horizontales podrán destinar los recursos de sus Fondos de Imprevistos a gastos relacionados con la operación, reparación, rehabilitación, reforzamiento y reconstrucción de las edificaciones afectadas.

Estos recursos también podrán utilizarse para estudios, diseños, retiro de escombros y seguros, de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma.

Con estas medidas, el Gobierno Nacional establece herramientas temporales para proteger a las familias afectadas, incentivar los acuerdos de pago, facilitar el cumplimiento de las obligaciones de arrendamiento y apoyar la recuperación de conjuntos residenciales afectados por el terremoto.

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