Comisiones económicas aprueban proyecto de Presupuesto: discusión seguirá en plenarias

Tras semanas después de la radicación de la ponencia para primer debate, se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda. En total, fueron más de 615 proposiciones.

Entre los principales cambios aparece un traslado de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. También se contemplan COP 100.000 millones adicionales para la Rama Judicial, destinados a cubrir faltantes asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector Deporte y Recreación.

El proyecto también contiene reducciones. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tendría un recorte de COP 170.000 millones, distribuido entre funcionamiento e inversión. En Transporte se planteó una reducción de COP 15.600 millones en los aportes previstos por la Aeronáutica Civil para el Aeropuerto del Café, mientras que el sector Planeación tendría COP 13.500 millones menos en recursos de inversión.

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Estos movimientos no modifican el techo de COP 634,9 billones aprobado para el PGN. Lo que cambia es la distribución interna de los recursos. Esa diferencia será una de las claves del debate de este miércoles.

El debate también tendrá un componente relacionado con la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La ponencia mayoritaria incorpora mecanismos para reorientar saldos presupuestales no comprometidos hacia el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Milagro, además de permitir un desahorro extraordinario de excedentes del Fonpet para que entidades territoriales afectadas puedan financiar obras de reconstrucción.

Las comisiones económicas aprobaron el título y el artículo sobre vigencia y derogatorias del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, con lo que terminó el primer debate. El proyecto, cuyo monto asciende a COP 634,9 billones, pasa ahora a las plenarias del Senado y la Cámara, que tendrán hasta el 20 de octubre para completar su trámite. De acuerdo con el procedimiento previsto para el proyecto, si el Congreso no lo aprueba dentro de ese plazo, el Gobierno podrá expedirlo mediante decreto.

Al cierre de la sesión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció a los congresistas y a los equipos de las comisiones. También destacó los aportes de la oposición, que calificó como insumos para una discusión sobre la estructura del Estado y una eventual reforma que, según dijo, es necesaria y urgente para el país. “Este es un presupuesto muy difícil. Tiene costos políticos que ustedes están asumiendo”, afirmó.

Quedan pendientes el artículo 87, sobre vigencia y derogatorias, y el título del proyecto para completar la aprobación del Presupuesto 2027.

El senador Carlos Manuel Meisel, del Centro Democrático, afirmó que no se está aprobando “el presupuesto perfecto, ni el que soñamos”, pero "es el que permite avanzar".

La votación fue de 17-6 en la Comisión Cuarta de la Cámara, 23-3 en la Tercera de la Cámara, 9-2 en la Tercera del Senado y 10-2 en la Cuarta del Senado. El bloque fue aprobado en las cuatro comisiones.

Raúl Sánchez, magistrado de la JEP, advirtió ante las comisiones económicas que el recorte de COP 170.000 millones contemplado en el Presupuesto 2027 podría comprometer el funcionamiento de la jurisdicción. Según Sánchez, se suspenderían audiencias en los territorios, se reducirían las medidas de seguridad para las víctimas y se afectaría la atención a los comparecientes. También afirmó que la entidad tendría dificultades incluso para mantener la sede que ocupa actualmente y que podría verse obligada a operar de manera virtual.

Sánchez sostuvo que el recorte llega cuando la JEP está produciendo resultados y señaló que la jurisdicción ha emitido más de 3.600 sentencias en seis procedimientos. También rechazó las críticas según las cuales la entidad favorecería a un grupo específico y mencionó procesos contra integrantes de la Fuerza Pública y antiguos miembros de las FARC. Según sus cifras, más de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública han recuperado su libertad a través de decisiones de la JEP.

El magistrado pidió a los congresistas tener en cuenta a las víctimas y el trabajo de la jurisdicción en los territorios. Afirmó que la JEP tiene 635.000 víctimas acreditadas, entre ellas víctimas individuales, sujetos colectivos, pueblos étnicos y comunidades afro y campesinas, y sostuvo que, de mantenerse el recorte, “prácticamente las funciones de la JEP se acabarían”.

Las comisiones entraron a discutir el bloque relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La intervención será breve antes de continuar con la votación de las proposiciones pendientes.

Las cuatro comisiones económicas aprobaron el tercer bloque de artículos del proyecto de Presupuesto 2027. La votación fue de 9-1 en la Comisión Tercera del Senado, 26-0 en la Tercera de la Cámara, 19-0 en la Cuarta de la Cámara y 8-0 en la Cuarta del Senado.

El representante Jorge Hernán Bastidas recordó que la modificación al artículo 2 quedó como constancia para el segundo debate. Tras esta votación, queda pendiente un bloque de artículos nuevos. El senador David Barguil reiteró que las proposiciones pendientes deberán discutirse en el segundo debate.

Las cuatro comisiones aprobaron el bloque de artículos con proposiciones no avaladas para que estas queden como constancia durante el segundo debate. La votación fue:

• Comisión Cuarta del Senado: 9 votos por el sí y 3 por el no. Aprobado, con el artículo retirado de este bloque.
• Comisión Cuarta de la Cámara: 18 por el sí y 7 por el no. Aprobado.
• Comisión Tercera del Senado: 10 por el sí y 2 por el no. Aprobado.
• Comisión Tercera de la Cámara: 23 por el sí y 3 por el no. Aprobado.

Ahora las comisiones pasan a considerar dos proposiciones que modifican el artículo 2, el artículo 20 en su versión original y tres proposiciones sobre nuevas disposiciones.

Las comisiones continúan con los artículos que tienen proposiciones no avaladas por el Gobierno. Son 19 artículos: 2, 4, 6, 19, 21, 23, 29, 51, 52, 54, 66, 71, 76, 80, 81, 82, 83, 85 y 86, que reúnen 521 proposiciones. Ninguna cuenta con aval del Ejecutivo.

Las cuatro comisiones económicas aprobaron en bloque los 65 artículos del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que no tenían proposiciones. La votación quedó así:

• Comisión Tercera del Senado: 10 votos por el sí y 4 por el no. Aprobado.
• Comisión Tercera de la Cámara: 24 votos por el sí y 4 por el no. Aprobado.
• Comisión Cuarta de la Cámara: 19 votos por el sí y 6 por el no. Aprobado.
• Comisión Cuarta del Senado: 9 votos por el sí y 3 por el no. Aprobado.

Con esta votación, las comisiones avanzan ahora hacia los artículos que tienen proposiciones, donde se concentrará la discusión de las modificaciones al proyecto.

Las comisiones iniciaron la votación en bloque de los artículos del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 que no tienen proposiciones. En total son 65 artículos, entre ellos los artículos 1, 3, 5, 7 al 18, 22, 24 al 28, 30 al 50 y 53, entre otros.

La votación se realizará por bloques en cada una de las cuatro comisiones económicas, antes de abordar los artículos que sí tienen proposiciones.

A las 6:25 p. m. comenzó la votación de la ponencia en las cuatro comisiones económicas. Los resultados fueron:

• Comisión Cuarta de la Cámara: 17 votos por el sí y 8 por el no.
• Comisión Tercera de la Cámara: 19 votos por el sí y 4 por el no.
• Comisión Cuarta del Senado: 10 votos por el sí y 3 por el no.
• Comisión Tercera del Senado: 10 votos por el sí y 4 por el no.

Con estos resultados, las cuatro comisiones aprobaron la ponencia sometida a votación en primer debate.

El senador Jorge Ocampo cuestionó el recorte de COP 170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), particularmente a la JEP. Sostuvo que reducir sus recursos puede afectar su capacidad de funcionamiento y cuestionó además que parte de los recursos anunciados por el Gobierno para la reconstrucción provengan del Fonpet y las regalías, que corresponden a entidades territoriales.

El representante Jorge Hernán Bastidas cuestionó las cifras de endeudamiento expuestas por el Gobierno. Señaló que la deuda pública debe analizarse como proporción del PIB y afirmó que pasó de 57,5 % al cierre del Gobierno anterior a 57,9 % en 2026. También sostuvo que las dificultades fiscales ya estaban presentes antes de la pandemia y mencionó un crédito de US$5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.

La ponencia a favor del gobierno fue sustentada por el representante Christian Munir Garcés Aljure. El congresista defendió las proyecciones fiscales de la administración y sostuvo que el Gobierno ajustó a la baja la expectativa de crecimiento económico, de 2,2 % a 1,8 %, y que el proyecto se elaboró sin una nueva reforma tributaria. También comparó la evolución de la deuda: señaló que el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectaba una deuda neta de 58,9 % del PIB, mientras que el PGN de 2027 contempla 66,2 %.

Garcés aseguró que de las 614 proposiciones presentadas durante el trámite, varias buscaban aumentar recursos para salud, vivienda y transporte, reducir en COP 20 billones el servicio de la deuda, disminuir el gasto de funcionamiento en cerca de 2 puntos del PIB y destinar recursos del 4×1.000 a Invías.

Según el representante, la única proposición avalada por el Gobierno fue la reducción de COP 170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El senador Jorge Alejandro Ocampo cuestionó al ministro Gómez por diapositivas que calificaban como “información preliminar” algunos de los recursos anunciados para atender la emergencia y que advertían sobre una “restricción de constitucionalidad” para trasladar recursos al Fondo Milagro. También citó una referencia de la presentación de Hacienda, que indicaba la necesidad de definir un mecanismo legislativo para incorporar esos recursos. El senador pidió al ministro precisar cuál sería el mecanismo jurídico que permitiría hacer esos movimientos presupuestales y advirtió que, si la restricción constitucional requería una modificación normativa, tendría que definirse cómo se tramitaría.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, defendió el proyecto de Presupuesto de 2027 y sostuvo que el Gobierno recibió unas finanzas públicas deterioradas que se agravaron con el terremoto del 10 de agosto. Según Gómez, el déficit fiscal que encontraron no era de 5,7 %, como se había planteado inicialmente, sino de 8,2 %, mientras el proyecto presupuestal tenía un faltante de COP 30 billones y el cupo de crédito estaba utilizado en 94 %.

Gómez aseguró que, ante ese escenario, el Gobierno optó por “sincerizar” las cuentas, congelar parte de la ejecución presupuestal y recortar gasto. La decisión, dijo, responde a una estrategia de austeridad que considera necesaria para recuperar margen de maniobra fiscal. “La austeridad no es una opción, es la única que tenemos”, afirmó.

El ministro cuestionó además el crecimiento del gasto durante los últimos años. Según sus cifras, entre 2022 y 2027 el funcionamiento del Estado habría aumentado 86 %, el servicio de la deuda 122 % y la inversión apenas 25 %, mientras la inflación acumulada en ese periodo sería de 35 %. También afirmó que los recursos de capital representan actualmente 46 % del Presupuesto General de la Nación y que el crédito interno y externo habría aumentado 319 % en ese mismo periodo.

Gómez rechazó que el aumento de la deuda pueda atribuirse exclusivamente al actual Gobierno, que lleva alrededor de 45 días en funciones. Señaló que las necesidades de financiamiento acumuladas durante los últimos años limitan ahora la capacidad del Estado para asumir nuevos gastos. Como ejemplo de las condiciones de financiamiento, mencionó que los TES a un año han llegado a pagar tasas superiores al 13 %.

Una parte central de su intervención estuvo dedicada a la reconstrucción tras el terremoto. El ministro aseguró que los ahorros derivados de la austeridad se destinarán a atender la emergencia y no a aumentar la nómina. Para los próximos meses, mencionó recursos por COP 625.000 millones del Banco Mundial, COP 1,7 billones asociados al frente frío y COP 2,7 billones en alivios tributarios de la DIAN. A corto plazo, el Gobierno calcula disponer de COP 5,5 billones para las necesidades urgentes y otros recursos que pasarían a 2027.

Fuera del PGN, Gómez mencionó además recursos del Fonpet por COP 700.000 millones, entre COP 219.000 millones y COP 419.000 millones mediante obras por impuestos, entre COP 800.000 millones y COP 1 billón provenientes de regalías y COP 55.000 millones de la sobretasa al ACPM, además de donaciones que el Gobierno todavía no cuantifica. Según el ministro, estas fuentes hacen parte del esfuerzo para financiar la reconstrucción sin ampliar el gasto público ordinario.

Gómez cerró defendiendo el monto y la estructura del proyecto frente a las críticas del Pacto Histórico. Dijo que el Gobierno habría preferido presentar un presupuesto con más inversión y menos deuda, más recursos para salud y menos burocracia, pero sostuvo que las restricciones fiscales actuales no permiten hacerlo. “Se escoge entre dos opciones: crisis o futuro”, afirmó.

Congresistas del Pacto Histórico presentaron una ponencia alternativa que reduce de COP 634,9 billones a COP 596,7 billones el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027. La propuesta plantea destinar COP 109,8 billones a inversión y COP 118 billones al servicio de la deuda, frente a COP 89,9 billones y COP 155,4 billones, respectivamente, contemplados en la propuesta del Gobierno, según las cifras expuestas por el representante Marco Emilio Hincapié.

La alternativa incluye mayores recursos para sectores como vivienda, educación, salud, vías y universidades públicas. Entre las adiciones mencionadas están COP 8,7 billones para Fonvivienda, COP 3,5 billones para Educación, COP 2,5 billones para Salud y COP 1,5 billones para Invías.

El senador Wilson Arias cuestionó que el proyecto dependa en mayor medida de recursos de capital. Señaló que los ingresos corrientes bajarían de COP 337 billones a COP 315 billones, mientras los recursos de capital subirían de COP 184 billones a COP 287 billones. También criticó el aumento del servicio de la deuda, que pasaría de unos COP 100 billones a COP 155 billones.

Por su parte, el representante Santiago Osorio cuestionó la proyección de deuda y déficit para 2027. Señaló que la deuda neta del Gobierno Nacional Central llegaría a 66,2 % del PIB y que el déficit total podría ubicarse en 9,4 %, al sumar el déficit primario y los intereses de la deuda.

El senador David Racero criticó el enfoque de austeridad del proyecto y sostuvo que las reducciones afectan la inversión pública y algunos subsidios. Entre los ejemplos mencionó una reducción de COP 160.000 millones para el Instituto Nacional de Vías y menores recursos para subsidios de energía, vivienda y educación.

Racero también afirmó que la inversión nacional caería 1,6 % y la inversión regional 4,8 %. Las cifras fueron presentadas durante su intervención y hacen parte de los argumentos del Pacto Histórico para defender su propuesta alternativa.

Después de poder conformar el quórum, arranca la sesión con la sustentación de la ponencia de la oposición, que establece una distribución distinta de los recursos y que, en un debate anterior, establecía un monto por COP 596 billones.

El senador Wilson Arias aseguró que la propuesta del Gobierno, apoyada por la ponencia mayoritaria, está inflada. “El tal sinceramiento parece selectivo, no existe. La nómina no ha sido decretada conforme a ley ni tiene certificado de disponibilidad presupuestal. El FEPC también está inflado. Y lo que tenemos es un crecimiento extraordinario de la deuda”.

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