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52.000 hectáreas de bosque — una extensión equivalente a unas 72.800 canchas de fútbol— fue el área que habría sido deforestada, según la Fiscalía General, por una organización criminal conformada por almenos 21 personas en el municipio de Mapiripán, Meta, entre 2008 y 2026. Por estos hechos, en julio pasado, les fueron imputados cargos a 15 personas los delitos de ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Entre los procesados ante un juzgado penal de Villavicencia está quién, según el ente investigador, es la cabeza de la presunta organización ilegal: el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, dueño de la empresa italo-española Poligrow.
La multinacional, que hace presencia desde 2008 en esta zona de Colombia, es el centro de la investigación de la Fiscalía General, la cual señala que también habría acumulado terrenos baldíos de la Nación, los cuales solo pueden ser adjudicados a campesinos sin tierra. De acuerdo con el expediente judicial, hay otras personas que habrían deforestado bosques nativos de este municipio que historicamente ha sido golpeado por la violencia paramilitar y guerrillera. Los documentos conocidos por la Unidad Investigativa de El Espectador, y que hacen parte del proceso penal, apuntan contra una persona que hasta hace menos de dos meses caminaba por los pasillos del Congreso de la República. Se trata del exrepresentante a la Cámara William Aljure Martínez, quien ocupó una de las curules de paz entre 2022 y 2026.
Según el portal web de Congreso Visible, Aljure es un “líder reclamante de tierras, defensor de los derechos humanos y ambientalista. Nieto del caudillo liberal de los llanos Dumar Aljure”. Esa filiación con el guerrillero de los años cincuenta es clave en este expediente judicial pues, un extenso predio que fue de su abuelo, sería uno de los lugares donde se perpetró parte de la deforestación. El mega predio en cuestión es un baldío de 120.000 hectáreas llamado Santa Ana, el cual equivale, aproximadamente, 168.067 canchas de fútbol.
En 1953, cuando el comandante guerrillero Aljure Moncaleano fue amnistiado por la dictadura militar, el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla le entregó el extenso terreno ubicado en Mapiripán y que hoy es el centro de la investigación. Quienes conocen al excongresista Aljure desde hace décadas les resulta paradójico de que ahora esté vinculado al imputado empresario italiano Vigna Taglianti, quien fue entre 2015 y 2016 miembro de la junta directiva de Fedepalma, el gremio que representa a los productores de palma de aceite en Colombia.
En 2017, cuando este diario fue al municipio, en medio de la conmemoración de los 20 años de la masacre paramilitar de julio de 1997, Aljure era uno de los líderes que denunciaba públicamente las presuntas irregularidades de Poligrow en el municipio. Tras el asesinato de Aljure, en 1968, y la posterior muerte de sus hijos, el mega predio quedó en mano de los nietos, entre ellos, William Aljure y sus cinco hermanos, quienes, en julio pasado, ya les fueron imputados cargos por la presunta deforestación en el predio Santa Ana.
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El supuesto rol del excongresista
La Fiscalía atribuye a los Aljure un papel en la transformación del predio Santa Ana, que habría pasado de bosque natural y sabanas a terrenos destinados a actividades agroindustriales de la multinacional italo-española. Según el informe que accedimos, la familia Aljure “actuó como poseedora y ‘vendedora’ de las mejoras del terreno” y habría facilitado “la transición del suelo mediante la deforestación previa o progresiva para entregar ‘mejoras’ aptas para la industria”.
La investigación atribuye a la familia Aljure la afectación de 1.910 hectáreas de bosque natural, identificadas en 624 polígonos de deforestación, entre 2008 y 2025. “Aljure Martínez participó activamente en la génesis del plan de transformación ambiental del predio (…) Su conducta debe ser analizada bajo la óptica de la omisión y acción en la destrucción sistémica de la biodiversidad”, dice el informe de 150 páginas en manos de El Espectador. Fuentes del caso advierten que, al perder su puesto en el Congreso, no sería la Corte Suprema a donde llegaría el expediente (y como solicita el informe al que tuvimos acceso), sino a la Fiscalía General.
Los investigadores del CTI de la Fiscalía sostienen que “la eliminación de la cobertura boscosa no corresponde a un evento aislado de tala, sino a una fragmentación ecosistémica planificada”. Además, peritajes del CTI y reportes del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para señalar que el bosque natural y las sabanas existentes en el área fueron sustituidos por 29 hectáreas de palma de aceite, infraestructura agroindustrial y actividades de ganadería extensiva. A partir de esas evidencias, el informe afirma que “los Aljure (…) y Poligrow, representada por el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”.
El extenso terreno, que colinda con los parques naturales Tinigua, La Macarena, Chiribiquete, Nukak y Picachos, es clave en materia ambiental. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, se encuentra en una zona priorizada para la conservación forestal, alberga humedales de alto valor ecológico y cumple funciones relacionadas con la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la conectividad de los ecosistemas. A raíz de la deforestación, “ Se evidencia la pérdida de la unidad ecosistémica original, transformando un entorno silvestre en un entorno de explotación industria (…) la pérdida de conectividad ecosistémica en una zona delimitada oficialmente para la protección ambiental pone en peligro la regeneración natural y los servicios ecosistémicos de la región”, resalta el expediente del ente investigados.
El paso de Aljure por el Congreso
Aljure llegó a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026 por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz para el Meta-Guaviare, con 3.009 votos. En las elecciones pasadas quizo dar el salto al Senado pero solo obtuvo algo más de 1.000 votos. En su paso por el Congresó integró principalmente la Comisión Segunda, relacionada con asuntos internacionales, seguridad y defensa, y también tuvo participación en las comisiones de Paz y Posconflicto. El pasado 11 de septiembre, este diario se contactó con el excongresista a través de Whatsapp para conocer su versión de los hechos. Aunque en un inicio contestó, dejó de hacerlo cuando le preguntamos sobre la investigación de la Fiscalía.
La defensa del italiano
Sobre estos hechos, Carlo Vigna Taglianti le envió un comunicado a este diario con su postura del caso. “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.
El Espectador conoció que el empresario italiano afrontará el juicio penal en libertad. El 18 de agosto de 2026, la Fiscalía General solicitó prisión preventiva en centro carcelario contra Vigna mientras su proceso penal avanza en los estrados judiciales. Sin embargo, el juez del caso negó la petición del ente investigador. Este diario también conoció que la Fiscalía todavía no ha dado el siguiente paso en el proceso penal: radicar el escrito de acusación contra Vigna y los otros procesados. Así las cosas, solo será la justicia la que determine si los Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti tuvieron responsabilidad en la deforestación del predio Santa Ana y en la transformación de sus ecosistemas.
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Por David Escobar Moreno
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 6 horas"Curul de paz": epitomiza la hipocresía mamerta.
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jorge(gvdru)•Hace 7 horasColombia espera d quienes imparten justicia, esta sea implacable contra estos genocidas del ecosistema, carcel d max seguridad contra el corrupto exrepresentante, con reparacion economica ambiental con proposito d restaurar el daño causado por todo el grupo maligno