La JEP: omisión habilita lavado de activos y jubilaciones

La JEP falla, no solo por mala ejecución, sino por diseño: es una justicia simbólica concebida por los victimarios para blindarlos de responder adecuadamente por sus actos, con sentencias que no corresponden a los crímenes de lesa humanidad que cometieron, como el reclutamiento de menores y el secuestro, dejando además intacta su fortuna; el antiguo secretariado ocultó bienes, jamás declaró su patrimonio y fueron las víctimas las que rastrearon los activos escondidos en testaferros, ocasionando que fuéramos los contribuyentes quienes terminemos pagando la reparación a las víctimas que vale más de $300 billones, porque los victimarios se negaron a devolver sus activos, conducta que avala la JEP y que de facto habilita un lavado de fortunas de origen criminal.

En justicia a las víctimas de las FARC se las revictimiza, exigiéndoles una reacreditación sin reparación individual y a los victimarios los "castiga" con peregrinos "trabajos restaurativos" sin pagar un día de cárcel y paseando por Europa. La JEP, con más de medio centenar de magistrados, con salarios incluyendo prestaciones de algo más de $80 millones mensuales, con una nómina que multiplica por ocho la del MinJusticia, y que avanza muy poco para imponer condenas simbólicas, tiene todo el incentivo para eternizarse pues la lentitud favorece las mega jubilaciones de sus integrantes, y que arma escándalos cuando se lo confronta, como lo ha hecho el gobierno de ADLE con lógica y derecho.

La JEP presenta además una clara asimetría en contra de militares: mientras que para acceder a penas alternativas a los guerrilleros les basta con aceptar crímenes y violaciones de DD. HH. sin pérdida de derechos y sin exigirles esclarecer responsabilidades individuales de tiempo modo y lugar, a los militares, descendiendo hasta el último soldado, se les exige la delación de mandos superiores y esclarecer circunstancias de modo y lugar. A los ex-FARC se les da fácilmente la libertad, mientras los miembros de la fuerza pública permanecen en prisiones. La JEP, por las intenciones y procedimientos que orientaron su formación, no ha sido un mecanismo efectivo y respetable de justicia transicional. Acumula un largo historial de falencias procesales y de injusticias que generan una indefensión estructural a la que se enfrentan los procesados de la fuerza pública. Por todo lo anterior es imperativo adelantar una drástica reforma hacia un marco que respete principios constitucionales, uniformidad procesal e igualdad material de comparecientes, o debemos terminarla como consecuencia lógica de sus sesgos y fracasos.