La JEP: omisión habilita lavado de activos y jubilaciones

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Después de nueve años y más de cuatro billones de pesos, la JEP ha fracasado estableciendo la verdad, haciendo justicia y reparando a las víctimas; su deuda con ellas raya en la burla, además de su escandaloso sesgo contra de militares. Las FARC estaban derrotadas, pero para Santos, en su búsqueda del Nobel, era necesario que las responsabilidades individuales quedaran diluidas y adjudicadas a la organización. En palabras del general Mora, "la verdad terminó desconocida, manipulada y victimizada". La narrativa que quedó es que la sociedad y el Estado fuimos los causantes del conflicto.

La JEP falla, no solo por mala ejecución, sino por diseño: es una justicia simbólica concebida por los victimarios para blindarlos de responder adecuadamente por sus actos, con sentencias que no corresponden a los crímenes de lesa humanidad que cometieron, como el reclutamiento de menores y el secuestro, dejando además intacta su fortuna; el antiguo secretariado ocultó bienes, jamás declaró su patrimonio y fueron las víctimas las que rastrearon los activos escondidos en testaferros, ocasionando que fuéramos los contribuyentes quienes terminemos pagando la reparación a las víctimas que vale más de $300 billones, porque los victimarios se negaron a devolver sus activos, conducta que avala la JEP y que de facto habilita un lavado de fortunas de origen criminal.

En justicia a las víctimas de las FARC se las revictimiza, exigiéndoles una reacreditación sin reparación individual y a los victimarios los "castiga" con peregrinos "trabajos restaurativos" sin pagar un día de cárcel y paseando por Europa. La JEP, con más de medio centenar de magistrados, con salarios incluyendo prestaciones de algo más de $80 millones mensuales, con una nómina que multiplica por ocho la del MinJusticia, y que avanza muy poco para imponer condenas simbólicas, tiene todo el incentivo para eternizarse pues la lentitud favorece las mega jubilaciones de sus integrantes, y que arma escándalos cuando se lo confronta, como lo ha hecho el gobierno de ADLE con lógica y derecho.

La JEP presenta además una clara asimetría en contra de militares: mientras que para acceder a penas alternativas a los guerrilleros les basta con aceptar crímenes y violaciones de DD. HH. sin pérdida de derechos y sin exigirles esclarecer responsabilidades individuales de tiempo modo y lugar, a los militares, descendiendo hasta el último soldado, se les exige la delación de mandos superiores y esclarecer circunstancias de modo y lugar. A los ex-FARC se les da fácilmente la libertad, mientras los miembros de la fuerza pública permanecen en prisiones. La JEP, por las intenciones y procedimientos que orientaron su formación, no ha sido un mecanismo efectivo y respetable de justicia transicional. Acumula un largo historial de falencias procesales y de injusticias que generan una indefensión estructural a la que se enfrentan los procesados de la fuerza pública. Por todo lo anterior es imperativo adelantar una drástica reforma hacia un marco que respete principios constitucionales, uniformidad procesal e igualdad material de comparecientes, o debemos terminarla como consecuencia lógica de sus sesgos y fracasos.